Muchos de los más corruptos congresistas tienen especializaciones, másters y hasta doctorados. En cambio hay algunos que apenas tienen un título de administrador de empresa otorgado por el Sena y andan en taxi.
Por Rafael Sarmiento Coley
Dos oportunos proyectos de ley han salido al ruedo en las primeras horas de las tareas legislativas del Congreso de la República: una reforma al sistema de salud, y unas barreras para impedir que al Capitolio lleguen senadores y representantes poco menos que estúpidos, sin la menor condición académica e intelectual para desarrollar las exigentes tareas que allí deben cumplirse, eso sí, con unas habilidades para enriquecerse con todo lo sucio y asqueroso que les cae en el escritorio.
El senador Nicolás Pérez Vásquez, antioqueño del Centro Democrático, anuncia una iniciativa sobre proyecto de Acto Legislativo que busca que a los aspirantes al Congreso se les exija haber culminado una carrera universitaria.
Eso está muy bien. Lo malo es que no es suficiente, porque se han dado casos de Congresistas que han llegado a sentarse en las curules de senado y cámara con títulos académicos falsificados o con tesis de grado adulteradas. Además, está más que demostrado que los senadores y representantes más corruptos son los que tienen más títulos, especializaciones, recorrido por el mundo diplomático, por asambleas, concejos.
En cambio, hay congresistas que escasamente tienen un título de otorgado por el Sena como administrador de empresa, que son ejemplo de honorabilidad. Que son incapaces de robarse un peso o de aceptar un soborno, y tienen una hoja de vida limpia y transparente.
Tantas trapisondas, y ahí está
Eduardo Pulgar Daza, después de miles de travesuras, sigue ahí, firme, con su cara dura, en su pupitre en el Senado de la República. Por eso no basta que se les exija títulos y posgrados a los futuros congresistas. sino catadura moral y antecedentes cristalinos.
Para la muestra un botón. Eduardo Pulgar Daza. Hijo de un honorable abogado y catedrático brillante, Eduardo Pulgar Lemus, fallecido hace varios años en Cartagena de una deficiencia respiratoria. Un hombre pulcro tanto en el vestir (siempre con saco y corbata, y bien peinado a lo Jorge Eliécer Gaitán), como en el hablar, sus clases eran una cátedra de derecho de todas las vertientes de las humanidades. De la ética. La moral. La honestidad. La honradez. Su tesis permanente era que si un hombre quería ser político tenía que renunciar a todas las vanidades y ambiciones humanas para servirle al pueblo, no para servirse de la política.
Fallecido su eminente padre, Pulgar Daza empieza su deshonrosa carrera política como concejal de Barranquilla en 1998, repite en 2001 y en el 2004. En todos esos años siempre estuvo metido como líder de los peores escándalos. No en vano había sido testigo del mayor escándalo de la época 1995-1996, administración del neurocirujano Edgar George González, elegido por el Cura Hoyos, y quien tan pronto salió elegido, se le ‘sabaleó’ a su mentor político, asesorado por sus hermanos Kemel y Elias, a quien Bernardo Hoyos, con su humor bilioso bautizó como ‘Los hermanos Karamazov’.
La entonces coalición mayoritaria, liderada entre otros, por Remberto Vilaró, Carlos Hernández, Carlos Julio Manzano Orlando ‘El Cachaco’ Rodríguez, Iván ‘El Pibe’ Romero Mendoza, Luis Zapata Donado Alejandro Munárriz Salzedo, Diógenes Vásquez, Miguel Amín, Héctor ‘Napo’ Marino, David H. Huliao, entre otros, convencieron al alcalde para crear una empresa que prestara un servicio eficiente dde salud a los barranquilleros. La entidad nació con el pomposo nombre de Barranquilla Sana, con una inversión multimillonaria, cuya cuantía exacta jamás se conoció, porque fueron armándola a pedazos, comprando equipos quirúrgicos traídos de Suiza (dicen que los compraban de segunda en un depósito de remate de Panamá), docenas de computadores, software, salas de maternidad alfombradas, laboratorios como los de la Nasa. Todo comprado de segunda mano y a doble costo. Nombraron el doble de personal requerido para un centro académico local. Y, como era de esperarse, ‘Barranquilla Sana’ murió antes de atender el primer parto en sus lujosas salas de maternidad. Poco a poco empezaron a perderse los computadores, aires acondicionados, alfombras, sistema telefónico, muebles, hasta quedar solo el esqueleto.
Luego vino la administración de Humberto Caiaffa, neurólogo samario, bien intencionado, pero políticamente ingenuo. En medio de esa ingenuidad, se dejó enredar con la aplicación de la Ley 550, con base en la cual concejales como Eduardo Pulgar, Ernesto Gómez Guarín, Alejandro Munárriz y Miller Soto Solano, permitieron que dos de ellos organizaran una maquinaria macabra para hacerse a millonarias sumas de dinero mediante tutelas que presentaban trabajadores del Distrito para que, amparados en la Ley 550, les pagaran sus sueldos atrasados y prestaciones sociales, de lo tenían que darles el 50% a sus ‘padrinos’ políticos.
Hubo investigaciones. Cinco concejales fueron sancionados con destitución y ‘muerte política’, pero un Procurador que se las tiraba de mamasantón’ y ahora goza del dorado auxilio en una de las embajadas más apetecidas se asegura que, por $500 millones, dos años después reversó la sanción.
Volvieron casi todos a sus curules. Sin embargo, ocurrió que en vísperas de las elecciones alguien denunció que en el cielo raso del comando de Eduardo Pulgar Daza había cerca de tres mil cédulas decomisadas en desarrollo de la compra de votos. Por ese caso lo fueron a buscar a su apartamento, pero un familiar que trabajaba en la Fiscalía le avisó, justo cuando llegaba el CTI por él, y, como ‘El Hombre Araña’, se voló rodando por la pared del apartamento desde un tercer piso.
Luego se produjo otro escándalo con el Marlon Pacheco, ficha de Eduardo Pulgar, con la adulteración de unos documentos para unas pensiones. Las pruebas fueron recaudas por el Cuerpo Técnico e la Fiscalía, que entonces tenía su sede en el edificio Nelmar de Barranquilla. Por extrañas circunstancias, un día, a la media noche, el depósito donde estaban esos papeles ardió en llamas. Todo se quemó. No quedó ninguna prueba ‘viviente’.
Y falta mucho más
Todo lo anterior sin mencionar los recientes casos de sus ferias de gallo en el municipio de Santo Tomás, con el alcalde de ese municipio a la cabeza y cerca de 500 personas en medio de los protocolos cuarentena por la pandemia; su ataque a patadas y trompadas al exsecretario de Salud de Soledad porque no le quiso firmar unos contratos para atender el Coronavirus; los videos divulgados por Daniel Coronell en donde ofrece $200 millones de sobornos a un exjuez para favorecer a miembros de la familia que se disputa el control de la Fundación, Universidad y Hospital Metropolitano, y sus antecedentes machistas por continuo maltrato físico y verbal a su primera esposa.
Una idea muy noble, pero sin dientes
Nicolás Pérez Vásquez, senador antioqueño del Centro Democrático, quien anuncia que presentará un proyecto que exija estudios superiores a los futuros congresistas. A lo que habría que agregar certificados de buena conducta de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía.
Hay que reconocer las buenas intenciones del senador antioqueño del Centro Democrático, Pérez Vásquez. Lo bueno sería que a ese proyecto le agregara que, además de tener siquiera un título universitario, no tenga antecedentes de malandrín, o no sea como ciertos senadores y senadoras que son unos ‘vagos’ que ni siquiera se saben el reglamento del Congreso. Y por eso a cada rato le gritan en público durante las sesiones acalaradas ‘vayan a estudias vag@s”.
Si para llegar al Congreso hubiese una revisión minuciosa de los antecedentes de los candidatos, se encontrarían con un senador que se ufana de ser un crisol de la moral, cuando en Barranquilla es vox populi que, en una ocasión, cuando el Carnaval era manejado por los políticos, ese senador de hoy se robó toda la taquilla del Festival de Orquesta y, con el dinero empacado en tres bultos de esos en donde se empaca el ‘café de Colombia’ se los llevó para su apartamento.
El senador Pérez Vásquez sostiene que “uno de los proyectos que lidero en esta legislatura busca que a los aspirantes al Congreso de la República se les exija, como mínimo, haber culminado una carrera universitaria. La función del Congreso requiere el desarrollo de fuertes debates de carácter técnico, por lo cual esta medida es indispensable para elevar la calidad del debate político”.
Con toda certeza recuerda que, “para no ir muy lejos, la aprobación de proyectos como el Presupuesto General de la Nación, reformas constitucionales o modificaciones al Estatuto Tributario, requieren que los parlamentarios conozcan en detalle la estructura del Estado, el funcionamiento de la economía y las implicaciones fiscales de sus decisiones. Así mismo, para llevar a cabo de manera óptima la función de control político al Gobierno Nacional es necesario examinar en detalle los procesos contractuales, la ejecución de los recursos asignados y el marco legal en que opera la administración.
“Actualmente la Constitución solo exige tener más de 25 años para ser Representante a la Cámara y 30 para fungir como Senador. Esto lo único que genera, es que exista un desequilibrio entre el legislativo y el ejecutivo, pues por lo general los miembros del gabinete ministerial son personas con amplio bagaje académico y profesional tanto en el sector público como en el privado.
“Esto no significa que personas con amplio recorrido y conocimiento del sector público y recién graduados, que cuentan con título de bachiller, de técnico o de tecnólogo no puedan ocupar distintos cargos. Una curul en el Congreso requiere gran preparación, dado que estamos abordando temas técnicos y trascendentales para la nación.
“Por eso, la exigencia de un título universitario para aspirar al Congreso no debería ser siquiera objeto de discusión, dado que permitiría que progresivamente el Congreso abandone su histórico rol de notario del Gobierno y se convierta en una institución con independencia y solidez técnica”.