Solo este año, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa -Sntp-, alertó sobre el cierre de 47 emisoras radiales y dos periódicos. Bloqueos a canales de televisión internacionales y portales digitales de noticias, forman parte del menú. La hegemonía comunicacional es el objetivo.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Nicolás Maduro cerró la última semana de agosto con el cierre de dos importantes emisoras radiales en la ciudad de Caracas. La gubernamental Comisión Nacional de Telecomunicaciones -Conatel-, argumentó que no tenían la documentación para seguir al aire y ordenó que apagaran su señal. Sospechosamente, a los pocos minutos por esos mismos diales, salió en lugar de las sancionadas una nueva emisora radial de corte oficialista.
Un Maduro sin piso político depende de los constituyentistas para mantenerse en el poder.
La incomodidad de los dos últimos gobiernos izquierdistas con los medios de comunicación críticos es de vieja data. Justamente en mayo de este año, se cumplieron 10 años del cierre del canal Radio Caracas Televisión, ordenado por Hugo Chávez. Le siguieron la venta un tanto truculenta de dos de los principales periódicos del país: El Universal y Últimas Noticias y la cadena de noticias Globovisión; que pasaron a manos de capitales que han surgido a la sombra del chavismo.
El Sntp de Venezuela informó que 47 emisoras de radio y 2 portales de noticias han sido cerrados este año.
Durante el gobierno de Nicolás Maduro la situación ha empeorado. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de ese país, ha cifrado en 47 los cierres de emisoras radiales en lo que va de 2017. Desde que comenzaron las protestas en abril, el mandatario venezolano sacó de las cableoperadoras locales las señales de El Tiempo Televisión, Todo Noticias, CNN en español, RCN y Caracol Televisión.
Ley contra el odio
Pero Maduro quiere ir más allá y ahora se propone, a través de la Asamblea Nacional Constituyente que organizó, promulgar lo que ha denominado Ley contra el odio, que tendrá la potestad de sancionar a los medios de comunicación que según esta instancia oficialista emitan mensajes que insten a la exclusión.
Según Delcy Rodríguez, presidenta de la cuestionada asamblea, explicó que los mensajes serán regulados no solo en los medios tradicionales, sino en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, con lo cual la regulación no solo abarcaría a empresas de comunicación, sino también a particulares.
Las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información para los opositores.
Rodríguez reiteró también que el país “en los últimos años ha sido víctima de laboratorios de guerra psicológica que a través de los mensajes en las redes sociales han buscado la confrontación fratricida entre venezolanos” y consideró que la legislación actual “no es suficiente para castigar este tipo de delitos”.
La iniciativa surge en tiempos en los que connotados dirigentes oficialistas y sus familias han sido objeto de expresiones de odio en diversos países del mundo, donde han sido ubicados por venezolanos, quienes los han culpado de los males que atraviesa hoy el país y de las muertes ocurridas tanto en las protestas como por la falta de medicinas y alimentos. Les han echado en cara que contrario a su discurso socialista, exhiben grandes fortunas y niveles de vida privilegiados en países del primer mundo.
Los oficialistas se proponen armar una arquitectura legal que les permita sancionar en ese país a las proveedoras de servicios de redes sociales. En pocas palabras: que nadie hable mal del gobierno de Maduro, afectado por más del 80% de rechazo popular.
