Se trata del decano de la facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, elegido este jueves por la Corte Suprema fiscal ad hoc para 5 casos de corrupción de Odebrecht.
Por Chachareros/EFE/WRadio
La Corte Suprema de Justicia eligió este jueves a Leonardo Espinosa, decano de la facultad de derecho de la Universidad Sergio Arboleda, como nuevo fiscal Ad hoc para que asuma tres investigaciones del escándalo de Odebrecht.
Magistrado costeño José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia, encargada de designar el fiscal ad hoc de terna enviada por el presidente de la República Iván Duque.
La sala plena del alto tribunal eligió a Espinosa con 17 votos a favor, por encima de los otros dos ternados Clara María González y Gilberto Orozco.
Su perfil es netamente académico ya que se trata del decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda en donde ha trabajado por cerca de 30 años. Es magister en derecho y doctor de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid España.
José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tribunal que eligió al fiscal ad hoc de una terna enviada por el presidente Iván Duque, aseguró en una rueda de prensa que Espinosa dirigirá las investigaciones en «los tres asuntos que fueron analizados por la Corte en su momento».
El magistrado agregó que en las próximas horas Espinosa radicará en la Secretaría de la CSJ los documentos requeridos para su posesión y tras ello el tribunal, «aprovechando que hay quórum», lo confirmará en el cargo.
Espinosa es abogado de la Universidad La Gran Colombia y cuenta además con dos maestrías en Derecho, una de la Universidad Sergio Arboleda y otra de la Alfonso X El Sabio, donde también obtuvo un doctorado en Cuestiones Actuales Del Derecho Español e Internacional.
En la terna presentada por Duque figuraban además de Espinosa el abogado Gilberto Orozco Orozco y Clara María González Zabala, secretaria jurídica de la Casa de Nariño.
«La Corte ya indicó que si de aquí en adelante en los demás asuntos que involucran el caso de Odebrecht y de allí surgen otros impedimentos, el fiscal ad hoc hoy nombrado asumirá ese caso y todos los demás que sobrevengan», concluyó Barceló.
El pasado 16 de noviembre la vice fiscal general de Colombia, María Paulina Riveros, pidió a la Corte estudiar «la viabilidad» de nombrar un fiscal ad hoc luego de que una red de veedurías presentó una recusación para que se apartara de la investigación sobre Odebrecht por su cercanía con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
El escándalo de Odebrecht se avivó el mes pasado luego de que Noticias Uno emitiera una entrevista grabada en agosto con el ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el caso, en la que aseguró que Martínez conocía desde 2015, antes de ser fiscal, las irregularidades de la empresa brasileña en Colombia.
Según la Fiscalía, las coimas que pagó Odebrecht en el país para hacerse con el contrato de la carretera Ruta del Sol II, en donde Pizano trabajó como auditor en representación del Grupo Aval, fueron de 84.000 millones de pesos (unos 28,35 millones de dólares).
Los casos que tendrá entre manos
El senador Jorge Enrique Robledo, quién alertó sobre las incompatibilidades de Néstor Humberto Martínez, dijo que “la figura no será una verdadera garantía para estas investigaciones tan delicadas”.
Y no estaba mintiendo en la complejidad del asunto, según informó el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la multinacional Odebrecht habría pagado US$11 millones en sobornos para adquirir el contrato de infraestructura de la Ruta del Sol II. De esta serie consecutiva de irregularidades en temas de contratación estatal, se desprendieron cinco líneas de investigación que serían de conocimiento del fiscal ad hoc que designe la Corte Suprema de Justicia y que tienen más de 20 personas en indagación.
El Fiscal General Néstor Humberto Martínez ha quedado con una imagen poco confiable por haber sido abogado de confianza de empresas y directivos de empresas envueltas en el escándalo por los sobornos de Odebrecht
El primer caso es la contratación del consorcio Ruta del Sol. Según las autoridades, el exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García, recibió un soborno por US$6,5 millones para garantizar que el consorcio conformado por Corficolombiana y Odebrecht obtuviera el contrato de la Ruta del Sol.
Esta es la línea de investigación que más frutos ha cosechado. Gabriel Ignacio García fue condenado el 12 de diciembre de 2017 a cinco años de prisión. El funcionario aceptó los cargos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos. En indagatoria se encuentran tres directivos de Odebrecht y el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, está en proceso de juzgamiento.
El tercer caso es la adición del tramo Ocaña-Gamarra. Por colaboración del senador Otto Bula, Odebrecht consiguió una adición a este contrato. En este caso se pagaron US$4 millones. Bula fue capturado el 14 de enero de 2017 y responderá ante la Corte Suprema de Justicia. Según la Fiscalía, los pagos del soborno se realizaron con contratos ficticios, cuya cuantía ascendió a $65.000 millones. Estos fueron reportados por Jorge Pizano, auditor del proyecto. Otro de los implicados es el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade.
El cuarto caso es la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas. El consorcio implicado fue bautizado como Consorcio Canoas, conformado por Odebrecht y Cass Constructores. En este caso, la coima fue de $243.000 millones. El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno fue involucrado en la investigación.
La última línea busca destrabar las irregularidades de un préstamo por $120.000 millones que realizó el Banco Agrario al Consorcio Navalena (compuesto por Odebrecht). Por estos hechos, fueron acusados seis funcionarios del Banco Agrario.