Es lo que podría llamarse ‘el escándalo del año’. Descabezó un viceministro, un general y una periodista, pero persisten los puntos oscuros.
Por: Lexander Loaiza Figueroa – @Lexloaiza
El escándalo de la denominada ‘Comunidad del Anillo’, una suerte de mercado por catálogo donde lo que se comercializaba eran jóvenes cadetes de las promociones de la Policía Nacional entre los años 2004 y 2008, ha resultado ser en el temprano febrero de 2016, un fuerte candidato al título de ‘escándalo del año’.
Sus repercusiones, que están lejos de terminar, se ha llevado hasta ahora al viceministro de Interior, Carlos Ferro; al director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino y a la directora de la emisora La Fm, Vicky Dávila.
Para todas estas salidas hubo disculpas y pretextos. En el caso de Ferro, el Gobierno dijo que su cambio ya estaba decidido dos semanas antes del escándalo. Al final el ministro Juan Fernando Cristo tuvo que admitir que “esto (las averiguaciones de la Procuraduría) aceleró la decisión”.
En el caso de Palomino, un sobreviviente de al menos 10 escándalos en los últimos meses dentro de la institución; durante las primeras horas había jurado que no abandonaría su cargo. Sin embargo ya el 19 de febrero era historia en la Policía Nacional. Nada se dijo sobre que el mismo ministro Cristo le había «recomendado» que se apartara.
Dávila no tuvo mejor suerte. Una de las periodistas más cotizadas de Colombia e impulsadora de una de las mejores investigaciones periodísticas, más allá del manejo posterior de la información, también «renunciaba» a su cargo. 24 horas después, la emisora dijo que había “aceptado” la renuncia de la comunicadora, pero no dijo nada sobre la solicitud que en este sentido le habían hecho.
Sobre la muerte de la cadete Lina Maritza Zapata, ocurrida a sus tempranos 19 años en el 2006, en un dormitorio de la institución momentos antes de graduarse, también han surgido dudas. Ya muy pocos creen en la versión del suicidio.
Este 23 de febrero, la Procuraduría General citó al senador Hernán Andrade, ex presidente del Congreso, por omitir una denuncia de acoso sexual por parte de otro senador contra un escolta que también era policía. Por este caso también fue requerido el ex director de la Policía Nacional Óscar Naranjo. Otros cinco capitanes también fueron llamados a declarar.
Aunque para muchos el caso se ha centrado en un mal chiste sobre la orientación sexual de Ferro, lo cierto es que nadie ha explicado cómo una situación que involucraba tanta gente, permaneciera y creciera durante largo tiempo en el seno de dos de las principales instituciones del país. La Policía Nacional y el Congreso, dos órganos investigadores por excelencia, con capacidad y presupuesto para trabajos y asesorías de inteligencia en seguridad.
Lo que tampoco se ha dicho, es cómo en las llamadas altas esferas del poder, con tanto asesor bien pagado, esta situación haya caído de sorpresa. Al no haber explicación disponible, el presidente Juan Manuel Santos prefirió enfilar sus críticas a la publicación del polémico video de Ferro, y no sobre el problema de fondo que este material audiovisual trataba, infructuosamente, de poner en evidencia: una red de prostitución masculina en las propias narices del más alto poder político y de seguridad.