El cuestionado mandatario ha dicho que el grupo preparaba “espeluznantes planes” terroristas que incluían la detonación de un carro bomba frente a una embajada ubicada en Caracas. Pero es más interesante es lo que calla sobre el polémico operativo que terminó con muertos y heridos.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Después de transcurridas casi 24 horas de haberse realizado un operativo militar para lograr la captura del policía sublevado Oscar Pérez; el gobierno de Nicolás Maduro no había aclarado si entre los caídos en la acción figuraba el ex policía, quien era uno de los hombres más buscados por el régimen que gobierna al país sudamericano.
Oscar Pérez logró notoriedad entre los venezolanos, al tomar un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas -Cicpc- a mediados de 2017, en medio de las protestas antigubernamentales que dejaron 125 muertos, y convocar a la población a la rebelión popular, al tiempo que según el gobierno lanzó granadas contra edificios pertenecientes al Estado.
Los uniformados se valieron de bloqueos de accesos y cortes de luz para aislar a los insurrectos.
El operativo se llevó a cabo en el suburbio caraqueño conocido como El Junquito, donde Pérez y al menos otros siete integrantes de su grupo de rebeldes se escondía. Uniformados rodearon desde las 4:00 de la madrugada del lunes 15 de enero y en una acción que se prolongó hasta el mediodía, se eliminó al grupo que Maduro no tardó en calificar como “terroristas”.
El primer parte fue dado por el propio presidente en el marco de la presentación del informe de gestión que realizó Maduro ante la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, de carácter oficialista.
Maduro afirmó, sin presentar pruebas ni ahondar en detalles, que el grupo encabezado por Oscar Pérez pretendía detonar un carro bomba frente a la sede de la embajada de “un país amigo”. “No se imaginan los espeluznantes planes que tenía este grupo terrorista”, intrigó ante una audiencia netamente vinculada a su partido, el Psuv.
Las dudas
Pero mientras Maduro y su equipo de gobierno trataban de convencer y convencerse de la legitimidad del procedimiento en el que habían muerto al menos siete personas, las redes sociales estaban saturadas con las imágenes del propio Pérez quien, en pleno operativo, difundió por su Instagram en distintos momentos de la operación militar.
Pérez se valió de las redes sociales para dejar en evidencia que querían rendirse.
Pérez narró que lo tenían rodeado. En un siguiente post, y con el ruido de las balas como fondo, pedía a los uniformados del gobierno que ellos estaban dispuestos a negociar. En otro corto se escucha una aparente negociación y en los siguientes, una balacera en medio de la cual el ex policía advierte que la orden era matarlos, sin oportunidad de rendición.
Al día siguiente, ya el gobierno de Maduro no podía aguantar los cuestionamientos ni la avalancha de críticas. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, quien ha sido sancionado por Estados Unidos donde enfrenta acusaciones por presuntamente colaborar con el narcotráfico, salió al paso con una ‘rueda de prensa’ en la que no hubo derecho a preguntas. Después de 24 horas, admitió que Oscar Pérez estaba muerto.
Las sombras
La tesis del ‘ajusticiamiento extrajudicial’ cobraba fuerza mientras se ampliaba la difusión de fotografías donde se aprecia el supuesto cadáver de Oscar Pérez con un tiro de gracia en la frente. En un plano más general del lugar de la supuesta masacre, se ve una casa destruida por la acción de armas de guerra, que supuestamente detonaron contra los insurrectos.
En un sonido atribuido a Abraham Israel Agostini, compañero de Oscar Pérez y quien también murió en la operación, se escucha al sublevado hablándole a su madre y despidiéndose de su pareja. “Estamos rodeados, vamos a tratar de salir de esto negociando”, dice la confesión.
La explicación pública del ministro de Interior y Justicia dejó más dudas que respuestas.
Tanto en el lugar del suceso como en la sede de la morgue hasta donde fueron llevados los cadáveres, la militarización impidió el acceso a la prensa. No hubo presencia de Fiscalía ni Defensoría del Pueblo, cuyos representantes máximos habían guardado un silencio sepulcral sobre el polémico hecho.
Otro detalle que obvió el gobierno en su relato es la presencia de miembros de los llamados colectivos, grupos armados auspiciados por el régimen izquierdista que actuó en coordinación con los organismos de seguridad en la acción.
Por otra parte, la minuta de la Policía Nacional Bolivariana, Óscar Pérez y su grupo “abrió fuego sin mediar palabras”, pero un video colgado en las redes se aprecia cuando estaban negociando su entrega con un Mayor, a quien se le escucha decir que la orden del Presidente (Maduro) era “resguardarles la vida”.
Los cuestionamientos
Según el ex comisario Víctor Amram, quien trabajó en el Cicpc hasta la década de los 90, en la acción hubo presencia no sólo de los colectivos, sino también del G2 cubano. “La orden eliminarlos a todos y no dejar a nadie vivo”, afirmó durante una entrevista para la estación El Venezolano TV, de Miami. Agregó que en el grupo de fallecidos había una mujer embarazada, a cuyo feto también le dispararon.
Otro elemento que surgió y que el gobierno omitió en su versión fue la muerte en el operativo de un sujeto llamado Heynker Vásquez, miembro del colectivo Tres Raíces, del barrio 23 de Enero de Caracas, subalterno directo del oficialista Freddy Bernal. La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social dijo en Twitter: “Muerte de Heynker Vásquez, del colectivo Tres Raíces deja en evidencia las operaciones conjuntas entre cuerpos de seguridad del Estado y civiles armados pro-gobierno. El mismo patrón para atacar a manifestantes”, en relación a las muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2017.
Mientras el hermetismo prevalecía entre voceros del Gobierno, cobraba fuerza la versión de que el gobierno cremaría el cuerpo del ex policía para borrar cualquier evidencia de ajusticiamiento. Sobre esto, el dirigente opositor exiliado, Antonio Ledezma, advirtió que es ilegal cremar el cuerpo de una persona asesinada y afirmó que el gobierno quería borrar toda evidencia de la “atrocidad que cometieron”.
Lo que sí ocurrió es que, en horas de la tarde del mismo lunes, se procedió a demoler la casa donde se escondía el grupo irregular y que fue escenario del hecho violento que terminó con la vida de los insurgentes. La decisión eliminaría cualquier posibilidad de análisis balístico en una eventual investigación criminalística.
La fiscal general de la Nación destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz, sentenció desde el exilio que lo ocurrido con Pérez y su grupo había sido una “ejecución extrajudicial” y que con ello, el Gobierno de Maduro mostraba a Venezuela y el mundo su “cultura de muerte”.
Por su parte la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, dijo a través de un comunicado que “los mismos mentirosos de siempre (…) salen ahora a pretender que la gente crea en otra de sus farsas”.
