El senador Eduardo Pulgar aguarda detenido en el búnker de la Fiscalía por la decisión de la Corte Suprema que lo podría llamar a juicio por el presunto intento de soborno de un juez de la localidad de Usiacurí para que “ayudara a unos manes” en un caso relacionado con la sucesión de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y la Clínica Metropolitana de Barranquilla.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Esta semana el senador del Partido de la ‘U’, Eduardo Pulgar Daza, fue capturado en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá por órdenes de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ente que lo indaga por la presunta comisión de delitos vinculados a tráfico de influencias. Pulgar había llegado a la capital colombiana con la intención de participar en las sesiones ordinarias del Senado previstas para este miércoles 02 de diciembre.
Específicamente, al parlamentario se le sigue un proceso por presuntamente haber incurrido en irregularidades de cohecho, tráfico de influencias y la participación democrática. Esto último, según un tuit emitido por el propio Alto Tribunal, tiene que ver con la presunta violación de topes electorales.
Cabe aclarar que, aunque al senador del Partido de la ‘U’ se le siguen varias averiguaciones, la medida de detención se produce por “tráfico de influencias en concurso homogéneo” que está previsto en el artículo 411 del Código Penal.”
Las “200 barras” de su perdición
Según ha trascendido en medios de comunicación, en 2017 el legislador barranquillero se habría reunido en la capital del Atlántico con el juez Andrés Rodríguez Cáez, quien en ese momento fungía como Juez Primero Promiscuo Municipal de Usiacurí.
El togado tenía en su despacho el caso de sucesión de una herencia millonaria que se disputan tres familiares, quienes pugnan por tomar el control de valiosos activos como la Fundación Acosta Bendeck, el Hospital Universitario Metropolitano y la Universidad Metropolitana de Barranquilla. La supuesta ‘vuelta’ del legislador con el juez era para favorecer a una de las partes en conflicto en su intención de asumir el control de estas instituciones valoradas en miles de millones de pesos.
Por un fallo favorable, Pulgar Daza habría ofrecido al juez, de nombre Andrés Rodríguez Cáez, unas ‘200 barras’ que a su juicio y según los audios que de esa conversación fueron publicados posteriormente, sería el valor justo por el “negocio” que se le estaba ofreciendo al magistrado.
El caso salió a la luz en un portal periodístico el pasado 12 de julio y tres días después, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación. La tarde del 15 del mismo mes dos delegados de la Procuraduría de Barranquilla acompañaron al magistrado del Alto Tribunal Marco Antonio Rueda para recoger las declaraciones del ahora ex juez Andrés Rodríguez Cáez y del ciudadano Luís Fernando Osío, quien sería el presunto favorecido por el lobby que le adelantaba el senador.
El ex juez confirmó la veracidad del audio y añadió que, para ese momento, su despacho manejaba un proceso penal de sucesión que involucraba a la familia Osío.
En octubre pasado, la defensa legal del senador Pulgar Daza inició una apelación ante el Alto Tribunal para que su caso fuera llevado por la Comisión de Ética del Senado y no por la Procuraduría, argumentando que ninguna persona elegida por voto popular podía ser sancionada por este ente, porque no tendría potestad para quitarle sus derechos políticos y de representación, obtenidos con su investidura de senador.
La Procuraduría por su parte, respondió que es la única facultada para procesar casos de corrupción por parte de los congresistas “como lo establecen los tratados internacionales de lucha contra la corrupción que ha suscrito el Estado colombiano. Posteriormente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado confirmó esta aseveración.
Terribilis est annus
Si para muchos el 2020 no ha sido el mejor año de sus vidas, para el senador ha significado un tobogán del cual no ha podido salir. A finales de marzo, cuando estaba en curso el decreto de confinamiento obligado a nivel nacional por efectos de la pandemia del Covid-19, circuló por redes sociales un video en el que se le ve en una pelea de gallos.
Por este material, en el que aparecen al menos otras ocho personas, el senador fue acusado de violar la cuarentena. Pulgar Daza sin embargo, se defendió diciendo que los hechos grabados habían ocurrido a mediados de febrero, cuando no se había presentado en Colombia ningún caso confirmado de la pandemia. Esta afirmación la hizo a pesar que en el video se le ve a él y a otro de los asistentes, portando mascarillas.
Una pelea en la que sí participó directamente y que ameritó en su momento la intervención de la Policía Nacional de Barranquilla, fue la que protagonizó a finales de junio con el ex secretario de Salud del municipio de Soledad, Luis Fábregas. La pelea se habría originado por una discusión entre ambos en un edificio residencial ubicado al norte de La Arenosa, supuestamente por el manejo que se le había dado en el municipio de Soledad a la crisis generada por el Covid-19.
Suspensión partidista
A pocas horas de su detención en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el Partido de la ‘U’ emitió un fallo que difundió por sus redes sociales, en el cual decidió la suspensión temporal de la militancia de Pulgar Daza “basados en los estatutos del Partido de la Unidad Nacional”. La decisión incluye la posibilidad de otras acciones disciplinarias “cuando la justicia emita una decisión final” en el marco del proceso que se le sigue al senador.
El senador Eduardo Pulgar, es sujeto de un proceso disciplinario que se desarrolla en el Comité de Ética de esta organización política, hasta donde fue trasladado su caso desde julio pasado, cuando estalló el escándalo por supuesto intento de soborno.
“Delicado” estado de salud
Tras su detención, el abogado del senador, Jaime Granados, anunció que solicitarán una evaluación del “delicado” estado de salud que supuestamente presenta en estos momentos Eduardo Pulgar Daza, y que la medida de detención sea cumplida en un centro de reclusión especial.
En opinión de su abogado, la medida de aseguramiento es ilegal porque no cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, por lo que solicitarán que la Sala Especial de Juzgamiento del Tribunal Supremo de Justicia efectúe una diligencia denominada ‘control de legalidad’ a fin de que se evalúe la orden de detención y posterior aseguramiento.
El abogado aclaró mediante un comunicado que sin embargo no presentarán un recurso de reposición ante la medida de detención. Añadió en el escrito dado a conocer a la opinión pública, que el aseguramiento era innecesario ya que, si se le hubiese notificado a su defendido el requerimiento presencial para rendir declaraciones, él habría asistido voluntariamen