Mayo recibió a los venezolanos con la convocatoria a reformar la Constitución Nacional a instancias de Nicolás Maduro, una jugada inesperada por parte de un mandatario cada vez más aislado a nivel internacional y en su propio país.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
La última vez que reformaron la Constitución Nacional en Venezuela fue poco después de las elecciones del año 2006, en las que un triunfador Hugo Chávez resultaba reelecto sobre la base de una votación superior al 62%. En este portaviones de popularidad, el hábil mandatario promueve pocos meses después, en 2007 la Reforma Constitucional, cuyo principal objetivo era lograr la reelección indefinida en su cargo.
La presidenta del CNE, Tibisay Lucena reapareció después de meses, para recibir y avalar la solicitud de Maduro.
La consulta realizada en abril de ese año, organizada en poco menos de tres meses por el Consejo Nacional Electoral (CNE), le da la victoria al NO, con un estrecho margen que Chávez no duda en calificar “pírrico” y “de mierda” en plena cadena nacional de radio y televisión. Inmediatamente, solicita la realización de una nueva consulta que se realiza en el año 2009 (a pesar de que legalmente no podía, en un mismo período presidencial, promover consultas sobre un mismo tópico). Con Chávez encabezando la campaña, la iniciativa ganó, lo cual le aseguró la legalidad constitucional de poderse reelegir en la presidencia las veces que quisiera. Solo que el cáncer le permitió solo hacerlo una vez más: en 2012.
Todo esto viene a colación a modo de antecedente, porque el chavismo tras subir al poder lo primero que hizo fue modificar la Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999. Tal y como lo establece la legislación, se sometió a consulta popular la solicitud de Constituyente, se eligieron de manera universal y secreta los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que estuvo conformada por representantes de partidos y por independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, calificó la iniciativa como un nuevo fraude constitucional.
Después de lograr la mayoría de diputados, éstos redactaron una nueva Carta Magna en el año 2000 que se acercaba más a las aspiraciones de Chávez. “La mejor Constitución del mundo”, no dudó en llamarla, a pesar de que solo siete años después ya quería modificarla. Viéndolo en retrospectiva, algunos piensan que eso formaba parte del plan original desde un principio.
Ocho años después de aquellos días, su sucesor Nicolás Maduro quiere nuevamente cambiar la Constitución Nacional. No ha hecho públicas sus intenciones, pero analistas venezolanos y extranjeros coinciden en que buscará fórmulas “legales” para saltarse las elecciones pendientes y las próximas a vencerse, como las presidenciales en 2018.
El objetivo que sí ha manifestado abiertamente en una alocución televisada el pasado 1ro de mayo, es la de cambiar con la Constituyente a la Asamblea Nacional, tras el fracaso de sus planes al intentar hacerlo a través de fallos del Tribunal Supremo de Justicia (resoluciones 155 y 156), que han encendido las calles venezolanas de protestas antigubernamentales desde hace un mes.
El vicepresidente de la opositora Asamblea Nacional, resultó herido en protestas de este miércoles 3 de mayo.
Pero sin el capital económico y electoral con el que contó Chávez en su momento, Maduro no puede darse el lujo de promover una constituyente cuyos integrantes hayan sido elegidos (como reza la ley) por voto universal y secreto. De allí el apellido de “comunal”.
Más de tres lustros promoviendo las organizaciones de base, la penetración de movimientos sindicales y movimientos sociales de todo tipo, le ha permitido al oficialismo venezolano controlar este tipo de agrupaciones. Por ello Maduro ha solicitado que al menos la mitad de los constituyentistas sean elegidos por estas organizaciones y no por el total del padrón electoral, como lo establece la legislación venezolana. “Al menos 250 de 500”, dijo el pasado 1ro de mayo al anunciar la firma del decreto que convoca la iniciativa.
En más de un mes de manifestaciones, hay 31 muertos, más de 500 detenidos y millones de dólares en pérdidas materiales.
Esto le aseguraría al gobierno de Maduro dominar un ente, que tendrá la potestad de modificar al Estado eliminando o modificando todas las instituciones que forman parte de él (incluyendo -por supuesto- a la Asamblea Nacional opositora), modificar el calendario electoral, alargar los períodos gubernamentales y cambiar el nombre de Venezuela por la de una República Socialista, cosa que a pesar del discurso y la acción presidencial, no figura en la todavía vigente Constitución de 1999.
