El Cerrejón ejemplifica los conflictos socio-ecológicos de la explotación minera, donde los más perjudicados han sido las comunidades indígenas.
Por Ever Mejía
Si a los ingresos financieros por exportaciones mineras le sustraemos un equivalente monetario por el daño ambiental, los costos sociales y el agotamiento de recursos, resultaría que esta actividad no es sostenible y no ha sido beneficiosa para Colombia, afirma el economista Andrés Vargas.
El investigador, especialista en conflictos socio-ecológicos, Andrés Vargas, asegura que el mundo está en un proceso de ‘descarbonización’: “tiene que ver con que las economías funcionen sin emisiones netas de carbono, o sea de gases del efecto invernadero, y la única manera de hacer esto es llevar al mínimo el uso de combustibles fósiles”. Para alcanzar las metas ambientales que más de 150 países acordaron en la Conferencia de París en 2015, los Estados tienen que involucrarse en ese proceso de ‘descarbonización’, de lo contrario el mundo puede entrar en una zona que los científicos catalogan como irreversible y peligrosa para la humanidad.
ANLA canceló la licencia para la explotación de la Sierra de La Macarena luego de un llamado de atención del Ministerio de Ambiente
El pasado 19 de abril, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Fernando Iregui, canceló la licencia que le otorgó a la empresa Hupecol Operating Co para que explotara la Serranía de La Macarena, tras la solicitud de revisión por parte del Ministerio de Ambiente. La explotación minera en La Macarena podría haber causado graves daños a la ecología, incluso al río Caño Cristales. Para Vargas esto refleja que “el tema de la minería ambiental no se reduce al nivel de la minería ilegal”.
El presidente Juan Manuel Santos asegura que la minería conllevará a “la prosperidad de todos, más empleo, menos pobreza y más seguridad” y el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas afirma que “la minería es fundamental para el desarrollo local de las regiones”. Sin embargo, estudios como Minería en Colombia: ¿A qué precio? publicado en 2011 por Colombia afirma que “a pesar de los billones de pesos que la explotación minero-energética generará, esto puede no ser sinónimo de desarrollo social”.
La investigación de Colombia resalta la experiencia de la última década: “en la que a pesar de los grandes ingresos obtenidos de los yacimientos de petróleos, a los colombianos solo les llegaron las palabras; la inversión pública en salud, educación, saneamiento básico, agua potable, energía e infraestructura se perdieron entre la debilidad institucional, la corrupción, el daño ambiental, el crimen organizado y la exacerbación de conflictos sociales”.
Vargas considera que la minería produce un flujo financiero de recursos, pero por los tratos preferenciales que se dieron durante la bonanza petrolera, esta bonanza no dio lo que pudo haber sido, es decir el Estado pudo haber obtenido más recursos de los que obtuvo. Por otra parte, Vargas considera que “hay una gran inequidad en la manera como se distribuyen los beneficios económicos y los costos socioeconómicos de la explotación minera; además que la minería causa graves daños ecológicos donde se realiza, quienes asumen esos costos ambientales no se benefician de esos recursos que deja la explotación minera”.
“El Cerrejón ejemplifica estos conflictos socio-ecológicos en los que las comunidades indígenas han sido las más perjudicadas”, asevera. Diferentes estudios, como por ejemplo ‘El impacto del proyecto Cerrejón sobre los habitantes de la zona de influencia’ publicado por el doctor en economía ambiental Harold Banguero, reflejan que la mina causa graves problemas al medio ambiente, y además el impacto social ha sido negativo, en las zonas cercanas al proyecto la población sufre pobreza extrema, en especial la comunidad Wayúu.
Otro de los problemas que tiene la minería en Colombia es la presencia de grupos armados ilegalmente que explotan las minas del país para fortalecer sus ingresos económicos. Generalmente, en las zonas mineras se agudiza el conflicto armado contra la población civil y se comenten permanentes violaciones a los derechos humanos, así lo asegura el informe de Colombia.
Con la renovación ministerial, Luis Gilberto Murillo fue nombrado ministro de medio ambiente
El presidente Juan Manuel Santos posesionó el pasado 9 de mayo a Luis Gilberto Murillo como ministro de medio ambiente con el fin de “evitar la minería criminal, que está acabando con nuestros ríos, con nuestros bosques, contaminando con mercurio nuestras aguas”. Por su parte, el ministro aseguró que el control ambiental a la minería es una de sus prioridades.