Los casos de maltrato se repiten con sorprendente frecuencia, sin dejar de conmover a familiares, vecinos y a los medios que transmiten los hechos escuetamente.
Por: Patricio García De Caro y Noleynis Mendoza Fuentes ¿Por qué una Enfermera Pensionada Maltrata a su Madre con Alzheimer?¿Por qué Permitimos que las EPS abusen sistemáticamente de los usuarios?
¿Cuáles son las características y circunstancias del maltratador?
Revisten mayor dramatismo cuando se trata de personas que han tenido el privilegio de haber recibido educación en salud como enfermeras y/o médicos, por creer que esta condición los compromete automáticamente más que al resto de la población a un comportamiento humanitario y respetuoso hacia los demás.
Una enfermera pensionada de Cartagena es un adulto mayor, al igual que su madre, que a pesar de haber recibido supuestamente formación en salud, maltrataba sistemáticamente a esta, hasta cuando sus hermanos de crianza grabaron un video demostrativo de la agresividad que acostumbraba a desatar contra su indefensa madre. Desconocemos si su madre venía recibiendo atención por un equipo especializado en salud metal, y particularmente en neuropsiquiatría, requisito básico para garantizarles una atención integral a los pacientes que incluya la atención psicoemocional y la prevención de la «quema» del cuidador. Estas personas están expuestas a un mayor riesgo de síndrome de «quemado» por el trabajo, que resulta de los intentos sostenidos y angustiosos de lidiar con la desorientación, pérdida de la memoria mediata e inmediata, síndromes de agitación y/o psicóticos que desarrollan sus familiares a medida que la enfermedad neurodegenerativa progresa.
Esta situación es aún más difícil de soportar cuando el resto de la familia olímpicamente se margina, por comodidad, insolidaridad u otras razones de participar en los cuidados del enfermo. Las instituciones de salud hacen lo mismo para contener el gasto ofreciéndole lo mínimo en materia de derechos de la salud a sus afiliados y beneficiarios.
¿Existen servicios de geriatría, psicogeriatría y otros programas de salud del adulto mayor accesibles a la población vulnerable a través de las compañías aseguradoras de la salud y del plan básico de atención en salud?
Si las acciones del Estado son evidentemente insuficientes, hasta el extremo de expedir leyes para después no hacerlas cumplir, hacerles pronto la trampa o dejarlas en el limbo de los difuntos como ha ocurrido con la Ley 1616 de Enero de 2013 y la más reciente Ley Estatutaria de la Salud, expedida para que entrara en funcionamiento dos años después a partir de su expedición, ¿es racional y jurídicamente válido juzgar solo a los perpetradores del maltrato? Tengo la firme impresión, por los casos que he venido examinando en mi práctica profesional, que Colombia está judicializando y encarcelando los problemas de salud mental. Estamos haciendo más de lo mismo como estrategia de afrontamiento de la problemática de la violencia y esta es una forma inequívoca de perpetuar el problema en vez de resolverlo.
La acción política y legislativa se ha convertido en un fin que se agota en sí misma: el gran teatro de los espectáculos mediáticos que permiten más la expresión del narcisismo y la megalomanía de sus actores que un servicio público trascendente, sobrio, racional y comprometido con la búsqueda de soluciones a largo plazo.
La mentalización, el compromiso afectivo y el comportamiento del factor humano son factores que contribuyen notablemente al desconcierto, la disociación y el caos administrativo del Estado. La gran masa continúa marginada de los procesos de participación comunitaria, los cuales son monopolizados por los agentes electorales de los líderes políticos, los cuales también contribuyen a la creación de promesas e ilusiones que después se incumplen.
Muchos sectores postrados en la pobreza, marginalidad y las limitaciones que estas le imponen a la participación, racionalidad y análisis político, suelen soportar por algún tiempo abusos, dilaciones en las respuestas al reclamo de sus derechos, hasta cuando finalmente explotan con conductas agresivas y destructivas de los bienes públicos. El análisis del comportamiento de los usuarios de Transmilenio y de la administración distrital desde cuando comenzó este servicio hasta el momento actual, podría evidenciar el proceso antes comentado.
¿Cuáles son los límites entre violencia y salud mental?
Las páginas de los diarios y los noticieros de televisión con frecuencia publican noticias sobre las distintas formas de violencia que sufren, no solo los colombianos, sino el mundo entero. Es cierto que entre nosotros el maltrato a las personas, que por razones de encontrarse en las edades extremas de la vida, como la niñez y la ancianidad, reviste una prevalencia tan alta y preocupante que debería comprometer la acción concertada de los distintos estamentos sociales para conjurarlo. Es el caldo de cultivo de todas las otras formas de violencia que obstaculizan el desarrollo humano, político y socio-económico de nuestra nación.
La tasa de comportamientos disruptivos, violentos, delictivos y otras formas de transgresión a los principios básicos del contrato social, no solo emana de amplios sectores de la población totalmente desintegrados de la sociedad sino también de funcionarios públicos y otros agentes del Estado que deberían servir de modelos con un comportamiento social adecuado y respetuoso, digno de emular. Estos funcionarios deberían recibir penas o sanciones más severas, ya que con su comportamiento de bandoleros de cuello blanco, pertrechados en el poder del estado contribuyen desmesuradamente al caos y la violencia que amenaza con colapsar nuestras instituciones.
La pregunta que muchos colombianos le formulan a las autoridades y aun a otras personas que representan para ellos un obstáculo a vencer es: «¿usted no sabe quién soy yo?» Esta actitud, tristemente tan generalizada, fue abordada por Manuel Teodoro en su último programa televisivo y revela que desde el punto de vista de las concepciones el Estado – como solución de compromiso entre los diferentes intereses e instancias sociales – están aún ausentes de la mentalidad de muchos colombianos. Existe una extrema y mórbida identidad entre el ser y el poder, utilizándose este último para transgredir las normas y violentar a los conciudadanos.
Muchos colombianos buscan “realizarse” bajo la sombra del Estado a través de un cargo de responsabilidad y manejo, no precisamente por la calidad y transparencia del servicio público que prestan sino a través de la exaltación megalómana del ego, el saqueo, el abuso, el tráfico de influencia y el enriquecimiento ilícito.
El problema del abuso es tan generalizado que tiene en el sistema legal el consecuente diseño de las instituciones y el comportamiento de sus funcionarios, uno de sus pilares fundamentales. Otro puede identificarse en el desconocimiento, la desesperanza, desconcierto y desquiciamiento que aparecen como rasgos frecuentes en el estado mental de muchos compatriotas. En este sentido tampoco estamos solos: diversos estudios internacionales demuestran que bajo la presión de distintos grados de estrés, aproximadamente el 30% de las personas presentan signos y síntomas psicopatológicos o manifestaciones de enfermedad mental, que pueden ser transitorias.
Una proporción importante de los escandalosos actos criminales, que se publican sin un compromiso crítico o analítico por parte de los medios, cumpliendo con la misión de informar, sí, pero produciendo el daño colateral de sembrar el desconcierto y la desesperanza entre los consumidores, son perpetrados por personas que tienen antecedentes psiquiátricos positivos. Aquellos pocos con mayor vulnerabilidad psicopatológica pueden sufrir “el efecto contagio” e imitar el comportamiento violento que se ha publicado. Estas reflexiones invitarían a debatir las posibilidades de reorientar nuestro periodismo al desarrollo humano, la salud mental y la paz.
¿Qué tipo de delito han cometido las EPS contra los colombianos?
Las circunstancias relatadas anteriormente tienen una alta expresión en el funcionamiento de nuestro sistema actual de salud inspirado en el modelo neoliberal de “desarrollo”. En aras de abreviar esta presentación, hagámosle una concesión a sus apologetas y aceptemos que en el marco legal la ley 100 del 93 ha sido ideal aunque le haya entregado a la intermediación de la las EPS casi el 50% del presupuesto de salud de los colombianos.
La estrategia anterior también se manifiesta en la atención inicial por médicos generales con pocas atribuciones para el ejercicio profesional cabal. Están limitados para la prescripción de recursos diagnósticos y terapéuticos, administrativamente les imponen contener los gastos so riesgos de no renovarles el contrato, con lo cual se continúa con la estrategia dilatoria. Esta se extiende con las demoras de las citas con los especialistas, la tramitación burocrática para la administración de medicamentos y la necesidad de impetrar tutelas para la autorización de procedimientos de cierta complejidad y otros procedimientos, le demandan al usuario la pérdida de días de trabajo y multiplican el estrés por la enfermedad, lo cual también representa una pérdida para la economía del país.
En pocas palabras, las EPS prometen formalmente atención integral en salud para afiliar y después sistemáticamente les incumplen a los usuarios. Discierna usted qué tipo de delito cometen impunemente, porque los ciudadanos están desesperanzados y se sienten impotentes.
Un primer pasó en busca de soluciones
Ninguna de la metas que nos hemos trazado para hacer de Colombia un país viable y construir la paz es alcanzable sin un arrollador empoderamiento ciudadano. La problemática psicosocial de la violencia y particularmente el maltrato intrafamiliar continuarán siendo una constante en nuestras vidas mientras no se desarrollen programas o agencias de atención integral en salud, la cual no podemos concebir sin la introducción del componente de salud mental a nivel de atención primaria y la restitución de la importancia que para la homeostasis social tiene la salud mental pública. Instituciones paquidérmicas, limitadas en sus alcances y funciones, deberían ampliar y sistematizar sus programas para incluir el componente de promoción, prevención y asistencia en salud mental y familiar. En este sentido reiteramos la propuesta evolutiva, consecuente con la problemática planteada, del Icbf hacia el Icbf y Salud Mental.
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