La vía rápida para aprobación de leyes vinculadas con la paz o el fast track vence este 30 de noviembre. Algunos desacuerdos pesan en un polémico proyecto de ley que ha levantado mucha suspicacia
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
El tic-tac del reloj continúa corriendo. La fase de implementación de la paz pasa por la aprobación del proyecto de Ley para la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero solo se podrá hacer hasta este 30 de noviembre si es que quieren aprovechar el llamado fast track, o vía rápida. En la maratónica sesión que comenzó a las 12 del mediodía de este miércoles 22 de octubre, se avanzó con la aprobación de 65 artículos.
La jornada representó un progreso significativo con respecto a la sesión anterior, efectuada el martes 21, cuando la mayor parte del debate de la plenaria se la llevó la discusión sobre la validez de 24 impedimentos presentados por detractores de la forma y fondo cómo se ha venido elaborando esta arquitectura legal.
Rodrigo Lara interrumpió la última sesión alegando que «le querían meter un gol».
La última sesión fue interrumpida por el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, quien solicitó analizar de manera pormenorizada el artículo 101, que trata sobre los requisitos que deben poseer los magistrados de la JEP. Éste tema es uno de los puntos álgidos que ha puesto en evidencia la persistente polarización que existe en Colombia sobre el tema de la paz y la manera cómo se van a procesar los implicados en delitos graves cometidos durante el conflicto armado.
“Eso yo no lo podía permitir porque es un tema de mucha discusión y hubiera sido una falta de lealtad con el Congreso, con la plenaria y, sobre todo, con los colombianos”, recalcó Lara en un comunicado de prensa emitido posteriormente.
Algunos de sus colegas representantes, como Ángela María Robledo de Alianza Verde, quien a las afueras de la sala de plenarias, le reclamó por la suspensión de la sesión, y le recordó que existía un procedimiento para someter a mayor consideración el polémico artículo sin dejar de votar por el resto del contenido del proyecto. “Lo que pasa es que usted no lo quiso hacer”, le espetó Robledo.
Para _Santos es fundamental la aprobación de la JEP para avanzar el proceso de paz.
Para el gobierno de Juan Manuel Santos, existen tres proyectos de ley que deben aprobarse en este mecanismo especial para aprobar todos los instrumentos legales involucrado en la implementación de la paz. Además de la JEP, está la creación de los llamados “curules de paz” y la reforma política. Todos con muchos detractores.
El mismo presidente Santos hizo un llamado público esta semana a la Cámara de Representantes para que apruebe la JEP antes del 30 de noviembre. No obstante, las dudas persisten y ése es el motivo fundamental de la reunión entre el Primer Mandatario y alias Timochenko prevista para este viernes 24 de noviembre.
‘Timochenko’ ha expresado dudas sobre el contenido del proyecto de ley.
Las Farc han manifestado su “inquietud” por supuestos incumplimientos de parte del Estado, y la actuación de algunas instituciones que según los ex irregulares, trabajan en abierta oposición a lo acordado en el documento firmado hace un año.
Las dudas se acrecentaron en las últimas semanas tras un fallo del máximo tribunal que eliminó de un tajo, la obligatoriedad de los terceros civiles y agentes del Estado no militares acudan a la llamada justicia transicional.
Las votaciones en las plenarias no han estado exentas de polémica.
Las evidentes contradicciones e inconformidades que prevalecen en el seno de la Cámara de Representantes han motivado al Gobierno a acariciar su carta bajo la manga: la declaratoria de conmoción interior.
Según el ministro del Interior, Guillermo Rivero, esto le permitirá al Ejecutivo tener el contexto legal para expedir mediante decretos leyes, lo que debió haber sido aprobado en el Congreso.
Hasta ahora, y según el informe entregado en la última sesión por el representante Hernán Penagos, hasta ahora se han rechazado 260 proposiciones de contenido “porque eran repetitivas de normas ya establecidas o porque eran violatorias de la Constitución”.
