Caribesol piensa retirarse del negocio del servicio de energía en Atlántico, La Guajira y Magdalena, a pesar de haberla adquirido por apenas el 10% de su valor comercial.
Por Chachareros/politika.com.co/Javier Lastra Fuscaldo
El pasado 20 de marzo la Superservicios anunció la venta de los activos de Electricaribe a las firmas, consorcio latín America Corp y Enerpereira y a las Empresas Públicas de Medellín EPM.
En una escueta presentación en la que se guardó silencio sobre el precio de venta, se informó que la operación de la distribución de energía en los departamentos del Atlántico, Magdalena y Guajira estaría bajo la cobertura del Consorcio y los cuatro restantes a cargo de EPM.
Lo que en un principio se programó para dos meses como periodo de traspaso o `entrega de las llaves’ de la Superintendencia a los nuevos operadores se ha ido dilatando principalmente porque a raíz de la emergencia sanitaria la empresa ha disminuido el recaudo y el déficit de caja es cada vez mayor.
Alberto Ríos, propietario de Enerpereira, uno de los socios de Caribesol.
La interventora de Electricaribe en reciente debate de control político reveló al Senado de la República que el déficit de caja a cierre del año 2019 respecto al año anterior pasó de 308 mil millones de pesos a 1 billón 161 mil millones de pesos, las pérdidas de energía aumentaron en 148 mil millones y el valor por concepto de la compra de energía se incrementó en 223 mil millones de pesos.
El evidente deterioro de la salud financiera de Electricaribe del último año no fue óbice para que EPM y el Consorcio participaran en la compra. El argumento de la empresa Celsia del grupo Argos para no presentar oferta basados en inviabilidad del negocio, contrasta con las evaluaciones de los nuevos operadores quienes vieron oportunidades en un mercado en el que no obstante el 90 por ciento está compuesto por sectores de bajo nivel de desarrollo, no escatimaron la importancia de los 2.7 millones de clientes como tampoco el potencial de crecimiento de la demanda de energía del caribe colombiano.
Aparte del potencial mercado de la Costa Atlántica, los nuevos operadores encontraron muy favorable las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para atraerlos. El nuevo régimen tarifario especial que transitoriamente podrán aplicar los operadores de red, les permitirá recuperar los recursos que inviertan para el control de pérdidas de energía, adicionalmente recibirán los activos sin deudas, no tendrían que asumir el pasivo pensional por 1.3 billones de pesos y por último, encontraron financiadas las inversiones en infraestructura del primer año por 860 mil millones de pesos, recursos públicos que fueron adjudicados por la Agente Especial mediante el mecanismo de contratación directa de los cuales 735 mil millones se adjudicaron con sólo 13 contratos.
Cada día peor
El presidente Iván Duque con su amigo Alberto Ríos, principal accionista de Caribesol.
A pesar de esta serie de medidas, Electricaribe, en dos meses después de la subasta, se ha seguido deteriorando pero a una mayor velocidad producto de la emergencia, al punto que la disminución de sus ingresos tiene en alerta a sus potenciales propietarios quienes nuevamente aplazaron el recibo de las llaves puesto que con toda razón alegan que la situación de la empresa que ellos subastaron se encuentra en peores condiciones y planean esperar su recuperación ya no hasta septiembre sino hasta diciembre del 2020 con el latente peligro, como lo dijo la Agente Especial en el debate en el Senado, de que los operadores opten por retractarse del negocio.
En ese hipotético pero muy posible escenario, que mantiene en vilo a 10 millones de habitantes de nuestra región, el Gobierno Nacional tendría que seguir operando la compañía intervenida y seguir cubriendo el déficit como lo ha hecho hasta ahora, pero al mismo tiempo aumentando una deuda de difícil recuperación que para el mes de abril se acercaba a los 2.5 billones de pesos. Esperemos que cualquiera sea el desenlace no se siga afectando a los usuarios del servicio de energía de la Costa.
La trampa para los pobres
Caribesol anunció, al firmar la minuta de intención de compra, que habrá aumentos de las tarifas de energía. Para los pobres medida prepaga consumirán la energía que puedan pagar. Según la gerente de Enerpereira, Yulieth Porras Osorio, uno de los dos socios de CaribeSol, expresó causando sorpresa en la región, que se avecina un alza en la tarifa: “Electricaribe requiere un nivel de inversión bastante alto y desde luego se va a ver reflejado en la tarifa”. Cuando precisamente en medio de esta pandemia a causa del Covid-19, los usuarios de la Costa Atlántica están denunciando permanentemente los desmesurados aumentos que están llegando en el valor de la factura por el servicio de luz, junto con el mal servicio prestado, con apagones diarios, sobre todo por las noches, cuando más se requiere el servicio de energía.
Ya en el Senado empezaron a sacarle los trapitos al sol a la empresa que se quedaría con una parte de Electricaribe, Caribesol.
Pero el castigo será peor para los usuarios más pobres, para la de los sectores llamados subnormales, al confesar la gerente de Enerpereira, que: “La idea es que podamos gestionar esos usuarios desde un punto, un centro de control en la base principal de CaribeSol, y que el usuario también pueda saber si realmente puede pagar o no su factura. Es más, hemos estado indagando sobre todo el tema de medida prepago, de forma tal que el usuario simplemente pague lo que pueda pagar en el mes de energía: si tiene $10 mil, que sea efectivamente lo que consuma”. En otras palabras, los $10 mil que pueda pagar le alcanza para 5 o 10 días de servicio de energía, eso es los que dará CaribeSol, el resto de los días del mes, si no los puede sufragar, le tocará al usuario volver a la época de la oscuridad y de los mechones.
Entonces podemos decir, que no bastó con las billonarias gabelas que les entregó el Gobierno Nacional a los nuevos operadores del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), como:
- Una sobretasa nacional de cuatro pesos por kW consumido para los estratos 4, 5 y 6, comerciales, industriales y no regulados.
- La Nación (los contribuyentes) asumirá el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe.
- El cobro de una Contribución adicional del uno por ciento a la tarifa a partir del primero de enero de 2020 hasta 31 de diciembre de 2022.
- Exenciones tributarias de tasa, contribución e impuestos para los actos que se implementen para agilizar el proceso de salvamento.
- El Gobierno establecerá un régimen transitorio especial en materia tarifaria para Electricaribe o las empresas derivadas que se constituyan en el marco del proceso de la nueva sociedad para las regiones que preste el servicio.
- El Gobierno garantizará la prestación del servicio en la Costa Atlántica concediendo los créditos necesarios a la empresa para ello a través del Fondo Empresarial que maneja la Superservicios. Pero no hay un punto incluido en el PND que les resguarde las garantías laborales a los actuales trabajadores de Electricaribe.
Como si lo anterior no fuera poco, el senador Jorge Enrique Robledo denunció en un debate de control político en el Senado, el gran negociado que significó la venta de una parte de Electricaribe, la correspondiente a los departamentos del Atlántico, Magdalena y la Guajira, adquirida por la empresa Caribesol, conformada por dos socios, Latin American Capital y Enerpereira. Esta última, según Robledo, el día en que se cerró la subasta pusieron una imagen y después la quitaron, en la que decía que el consorcio iba a desembolsar $285 mil millones por la compra al cierre del negocio, lo que significa que pagaron apenas el 10% del valor real de los activos del sector de Electricaribe adquirido, cuya suma estaría en el orden de los $2,76 billones.
Además, advirtió el senador Robledo, que el Estado asumió las deudas de Electricaribe por $5,89 billones, asumió el pasivo pensional, lo cual está bien, las deudas del Fondo Empresarial por $2,2 billones las paga el Gobierno Nacional y asumió créditos por otros $2 billones, negocio apalancado por el Estado con subsidios anteriores estatales por $14 billones, según Alberto Luna.