Emilio Tapia colocará a disposición una grabación que supuestamente evidencia su inconformidad sobre las garantías que desataron el escándalo de Centros Poblados. Están en curso otras tres detenciones por embolatamiento de los 70.000 millones y en la Contraloría también rodarán cabezas.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Emilio Tapia, el megacontratista de la Unión Temporal Centros Poblados, buscará un acuerdo con la Fiscalía en el marco del proceso que se le adelanta. El empresario, salpicado por el embolatamiento de 70.000 millones de pesos del Mintic, tiene en su poder una grabación que entregaría a los investigadores. El audio dejaría en evidencia su inconformidad ante sus socios sobre la falsedad de las garantías que le valieron el contrato con el Mintic.
Según relató la emisora La FM, Tapia entregaría esta prueba de “desagravio” a cambio de admitir que participó en el proceso de consecución de la garantía. Para ello dará fe de que se reunió con representantes de Rave Seguros y asegurará que Tapia habría sido engañado por estas personas.
En función de lo adelantado por la emisora radial, Emilio Tapia afirmará que no sabía que los representantes de Rave Seguros eran unos “embaucadores”. En la grabación el socio de Centros Poblados le reclama por la falsedad de las garantías a los señores de Rave Seguros. La idea de Tapia es utilizar este recurso para contrarrestar la inferencia de la imputación que se espera por parte de la Fiscalía.
La maniobra significaría un cambio en la posición del propio Tapia, quien hasta ahora ha negado participación alguna en el negocio con el Mintic. Estaría dispuesto a admitir que participó como “asesor” en toda la negociación en la que Centros Poblados cobró un adelanto de 70.000 millones de pesos.
De concretar su estrategia, el socio de Centros Poblados lograría reducir una condena en su contra y agravaría la situación jurídica de los otros involucrados. La estrategia plantea un enfrentamiento entre las personas que vendieron el seguro y los del jugoso contrato de más de un billón de pesos.
Entre los perjudicados estaría Juan José Laverde, capturado en Medellín el pasado lunes y quien actuó como representante de Rave Seguros. Esta fue a la aseguradora a la que acudió Centros Poblados para tramitar las pólizas de seguro del contrato. El banco Itaú denunció que estas pólizas eran falsas y que la firma de uno de sus representantes había sido usurpada.
Una jugada conocida
La estrategia de Emilio Tapia es conocica en el argot jurídico como ‘principio de oportunidad’ y no es la primera vez que la utiliza. En el escándalo por que (supuestamente) todavía estaba pagando prisión domiciliaria, conocido como el ‘Carrusel de la Contratación’ hizo lo mismo. Este hombre nativo de Córdoba ofreció a la Fiscalía una serie de elementos para lograr beneficios procesales.
En el año 2016 EmilioTapia había sido condenado a 17 años de cárcel al comprobársele su participación en contratos de obras viales en Bogotá. Tras delatar a varios contratistas y funcionarios, en 2016 el Tribunal Superior de Bogotá rebajó la condena a 7 años y 5 meses de prisión. Esta maniobra de principio de oportunidad le abrió la puerta a un beneficio de casa por cárcel y luego a partir de 2018, libertad condicional.
Un juez le concedió a Tapia la «libertad condicional» porque este había «cumplido las tres quintas partes de su condena de 7 años de prisión». En agosto de 2019 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla le ratificó la libertad condicional. No obstante, hace un año un juez de Bogotá revocó esa libertad porque, argumentó, el togado de Barranquilla no tuvo en cuenta la gravedad del delito de Tapia.
A pesar de esta última decisión judicial, Tapia había sido visto en las inmediaciones de Medellín con la intención de comprar una residencia. También se ha dicho que para sus viajes a distintas zonas del país utilizaba un avión privado. Todo esto en teoría, prohibido para una persona que está cumpliendo prisión domiciliaria.
En función de lo visto en 2016 y lo que pretende hacer en 2021, el modus operandi de Emilio Tapia es una constante. Primero diseña los negocios con personas clave en los sectores público y privado. Paralelamente, graba conversaciones y reune otros elementos probatorios en contra de sus socios para poder acusarlos si algo sale mal.
Fiscalía no está interesada en el caso
Según la misma emisora La FM, por ahora la Fiscalía no estaría interesada en llegar a un acuerdo con Tapia. Fundamentalmente, la posición del ente acusador se debe a los antecedentes de este hombre por corrupción. Hasta el momento se sabe que existen otras tres órdenes de aprehensión por ejecutar y que el escándalo apenas está empezando.
Terremoto en la Contraloría
El escándalo del embolatamiento de los 70.000 millones del Mintic estaría por cobrar cabezas dentro de la Contraloría General de la Nación. Allí las directivas no se explican cómo una empresa relacionada con Emilio Tapia pudiera hacerse de un contrato de un billón de pesos.
Esto porque se supone, que el tener los antecedentes de las dimensiones de los de Emilio Tapia, lo inhabilita para volver a contratar con el Estado. Esto es más grave aún, cuando el llamado ‘Zar de los Contratos’ estaba en teoría pagando una condena.
Las cabezas de la Contraloría rodarían principalmente a nivel de mandos intermedios. En estas dependencias es donde tienen la responsabilidad de determinar la identidad de los contratistas.