Por: Víctor Herrera Michel
El secreto mejor guardado en Colombia por estos días es el articulado final que será presentado próximamente, a través de un proyecto de ley, al Congreso de la República por parte del gobierno nacional y mediante el cual se planea modificar sustancialmente el sistema de salud en nuestro país.
Porque hay que ser claro: una cosa es lo que diga la propia ministra, o por medio de sus colaboradores, en las pocas entrevistas que ha concedido acerca de sus objetivos y otra muy distinta es verificar que los artículos propuestos en el proyecto de ley sean realmente los que traducen esa intención. Independientemente de los micos y orangutanes que eventualmente les puedan colgar los propios congresistas.
Y realmente no nos parece justo ni legal que aun a estas alturas no sepamos cual es el texto definitivo. No es justo, porque los colombianos debemos conocer el detalle para apropiarnos de su contenido, analizarlo, discutirlo y aportar a su construcción. Incluso necesitan conocerlo en detalle los que han sido convocados por el propio gobierno para apoyarla con manifestaciones – por aquello de “discutir las reformas en las calles” – y sus detractores que entonces no sabrán tampoco porqué marcharán para rechazarla. Y no es legal, porque al ciudadano le asiste el derecho fundamental a “recibir información veraz e imparcial” que consagra el artículo 20 de la Constitución Nacional máxime sobre un tema de vital importancia como es el de ese otro derecho fundamental a la atención en salud que contempla la carta magna en su artículo 49.
Apenas algunas pistas, algunos atisbos de esas pocas declaraciones al respecto nos llevan a divisar varios puntos importantes que, reiteramos, habría que confrontar con el texto definitivo que se ponga a consideración del Congreso. Como dice el refrán: “Papelito habla”.
Lo cierto es que ningún sistema va a funcionar – sea en manos públicas o privadas – sino existe una eficiente tarea de seguimiento, vigilancia, control y sanción por parte de quien tiene la responsabilidad de prestarlo. En el caso de la salud, por supuesto, el Estado.
Lo hemos vivido aquí en el Caribe colombiano durante los últimos 10 años en los que la negligencia, ineptitud y hasta complicidad de los entes encargados de la vigilancia del servicio de energía ocasionaron que los usuarios hoy estemos pagando con creces la falta de mantenimiento y ampliación de infraestructura que no realizó en su momento el concesionario Electricaribe.
De cualquier forma, la pelea va a estar intensa. Este será, sin dudas, el primer round del gobierno contra los poderosos grupos económicos del país. La reforma tributaria fue apenas un entrenamiento previo. Aquí “los dueños del país” se la van a jugar a ganarlo o perderlo todo. Pues si son derrotados en este round de la reforma a la salud, renunciando a los recursos que ingresan a las EPS como intermediarias, muy probablemente perderán el de la reforma pensional, y con ello el manejo billonario de los fondos privados de pensión, y el de la reforma laboral con sus nuevos beneficios para los trabajadores, y el de la transición energética contra los multimillonarios recursos que arroja la explotación de energías fósiles (Petróleo, Gas, Carbón, etc.). Y podrían perder el de la reforma política que garantizaría la continuidad de las ideas e iniciativas de Petro.
Finalmente, necesitamos saber ahora si los recursos públicos deben continuar en manos privadas en un tema que compromete la vida de los colombianos o si el aporte a la cobertura y la calidad justifican la intermediación, para evitar que el remedio resulte peor que la enfermedad.
@vherreram