Dos gobernadores sancionados, miles de millones de pesos perdidos, muchas promesas incumplidas y una carretera inconclusa fue el saldo de dos administraciones de los Cotes cuyas actuaciones frente a la Gobernación del Magdalena fueron calificadas como “gravísimas” por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Los habitantes de las riberas del rio Magdalena tienen más de 50 años esperando ver cumplidas las promesas de los gobernadores de turno (y presidentes también) sobre la modernización y adecuación de una carretera que comunique a los municipios del occidente del departamento y poder activar la economía de esta zona potenciando su producción agrícola, pesquera e industrial.
El proyecto original de la Vía de la Prosperidad nace legalmente con la suscripción de dos convenios interadministrativos entre el Invías y el Departamento del Magdalena y comprende la construcción de una carretera que comunica a las poblaciones de Palermo, Sitio Nuevo, Remolino, Guaimaro y Salamina; bordeando el lado oriental del rio Magdalena y extendiéndose por una longitud de más de 52 kilómetros.
La obra se proyectó desde el año 2008 y se había estipulado beneficiar a 11 municipios aledaños al rio Magdalena.
En total son 11 municipios y más de 300 mil habitantes en condición de pobreza que iban a ser beneficiados con la obra llamada a “cambiar la historia del Magdalena”, según decía la gobernación del departamento en el año 2013. La primera fase va desde Palermo a Sitio Nuevo con una longitud de algo más de 18 kilómetros.
El viejo anhelo de la carretera por parte de las poblaciones circunvecinas es que al ser esta una zona de ciénagas, el tránsito terrestre ha sido una pesadilla desde tiempos inmemoriales. Particularmente en temporada de lluvias, durante las cuales se convierte en una misión prácticamente imposible.
Comenzaron los baches en la carretera
Con el proyecto listo, se iniciaron las obras de construcción durante la administración el ex gobernador Luis Miguel Cotes (2012-2015). La primera fase del proyecto de 18 kilómetros que va de Palermo a Sitio Nuevo incluía el levantamiento de una vía dique, para garantizar que las obras no fuesen afectadas por inundaciones y tampoco alterar la dinámica fluvial entre el río Magdalena y la Ciénaga.
No obstante, con las afectaciones sufridas en ese sector durante la temporada de lluvias de los años 2010 y 2011, se precisó la realización de trabajos adicionales «tales como: construcción de pedraplén, colocación, extendido y compactación de subbase granular, ajustes, estudios y diseños, pasando de 18 a 70 obras de drenaje”, según se desprende de la publicación de Seguimiento.co citando a la propia Gobernación del Magdalena.
El proyecto comenzó a tener fallas desde el inicio debido a que no se tomaron en cuenta cambios generados por las lluvias.
Es en este punto donde se cimenta parte del escrito sancionatorio de la Procuraduría General de la Nación, en el que cuestiona que para el levantamiento de las obras no se tomó en cuenta que la ola invernal de esos años cambió las condiciones físicas del terreno por donde se construiría la carretera. La obra se comenzó en el 2013 con diseños y estudios desactualizados de los años 2008 y 2009. La planificación dio paso a la improvisación.
Al ignorar estas condiciones, según la Procuraduría se trabajó con un presupuesto desfasado lo que acarreó un incremento en los costos de transporte, insumos y tiempos de ejecución. La obra había comprometido recursos de la Nación superiores a los 466 mil millones de pesos.
Los resultados de la investigación
En las 432 páginas del escrito de la Procuraduría, se plantea que tanto Luis Miguel Cotes como su sucesora Rosa Cotes de Zúñiga (2016-2019) fueron negligentes en adelantar los cambios oportunos en el proyecto a fin de garantizar su viabilidad. Esto según el ente fiscalizador cual “impactó negativamente los principios de economía y eficiencia que rigen la función pública respecto de la planeación y ejecución del proyecto Vía de La Prosperidad materializado en el contrato de obra 617 de 2013”.
Rosa y Luis Miguel Cotes fueron sancionados a pagar 100 millones de pesos en multas por su negligencia en la Vía de la Prosperidad.
“La obra inicialmente fue concebida inicialmente para una longitud aproximada de 52.6 kilómetros, para los tramos de Palermo -Sitio Nuevo (22.8 km), Sitio Nuevo-Remolino (12.0 km) y Remolino -Guáimaro (14.7 km) incluyendo la variante de Palermo (3.1 Km). Finalmente concluyó en 18.20 km, asociados al primero de los tramos Palermo-Sitio Nuevo, y luego de la esperada y condicionada y mal llamada regularización de la ejecución del contrato, que finalmente terminó modificando sustancialmente el alcance de la obra frente a lo inicialmente planeado, tampoco cumplió eficazmente con los cometidos acordados en el modificatorio número 6 del 25 de septiembre de 2017”, dice el fallo en otro de sus apartes.
Las observaciones de la Procuraduría abarcan no solo la utilización de diseños desactualizados por parte de la administración de Luis Miguel Cotes, sino que cuestiona las llamadas “regularizaciones” contratadas por Rosa Cotes de Zúñiga con las que trataron de adecuar el proyecto a las nuevas condiciones. “Se suponía que todo quedaba ajustado y comprendido para así finalizar la obra en julio de 2018, sin embargo, ello no sucedió dado que durante más de un año se hicieron cinco modificatorios adicionales, extendiendo los plazos de ejecución, hasta que la obra fue recibida en diciembre de 2019, y, los nuevos procesos contractuales para su continuación se encuentran en estado descartado. En otras palabras, durante dos administraciones gubernamentales y luego de un periodo de 8 años de mandato, no se cumplió la finalidad el proyecto vía de la prosperidad”, se lee en el escrito.
Las fallas administrativas de Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga fueron calificadas por la Procuraduría como “gravísimas”, porque según el ente investigador los ahora ex mandatarios fueron negligentes en la toma de decisiones por la falta de diligencia, cuidado y eficacia en la adopción de decisiones que se esperan de un administrador.
Las sanciones
Rosa Cotes y Luis Miguel Cotes fueron multados con $100 millones por irregularidades en la ejecución del proyecto de inversión pública en la vía, además se remitieron copias a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública para que defina la pertinencia de intervenir en relación con la gestión presente y futura del proyecto, así como a la Delegada para la Conciliación Administrativa para que analice la procedencia de interponer o intervenir en accionen en defensa de los intereses y derechos colectivos.
Esto quiere decir que los señalados ex gobernadores pueden estar sujetos a nuevas investigaciones si se establece que hubo daños adicionales a los meramente administrativos relacionados con su gestión.
La sanción inicial había sido una suspensión del cargo por lapso de 12 meses, pero al constatar que ambos funcionarios ya no se encontraban al frente de sus despachos, se declinó por una multa en metálico.
