Es señalado por haber politizado la entidad y por no haber solucionado casos polémicos, como el de Saludcoop y y del estudiante villanuevero Luis Andrés Colmenares.
Por Rafael Sarmiento Coley – Director
La Fiscalía bajo el mando de Eduardo montealegre Lynent no ha podido esclarecer el homicidio del estudiante villanuevero Luis Andrés Colmenares, que al paso que va tristemente quedará en la impunidad.
Eduardo Montealegre Lynnet, Fiscal General.
Es un lamentable caso de incapacidad e indolencia de la Fiscalía. Se ha obervado una despreciable manipulación de testigos por querer favorecer a una de las partes.
La Fiscalía se dedicó a perseguir a la saliente Contralora General, Sandra Morelli, porque se atrevió investigar a fondo las anomalías y la actitud criminal de Salucoop, al dejar morir a los pacientes por no gastar recursos para engrosar los bolsillos de los dueños de la entidad encabezados por su presidente Carlos Gustavo Palacino Antía, de quien Montealegre fue uno de sus principales asesores y abogados de cabecera antes de ser Fiscal, tal como lo han denunciado los distintos medios de comunicación.
La propia Morelli, al pedir asilo político y marcharse a Italia por sus ancestros con ese país, denunció que Montealegre siempre entorpeció las indagaciones que la Contraloría hacía contra Palacino Antía y sus socios, algunos de los cuales son allegados a las entrañas del Gobierno anterior a Santos.
Tampoco ha podido (o no ha querido) extraditar al país a la exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, prófuga escondida en Panamá, y quien, según observadores, debe tenerle muchas conversaciones tormentosas a Montealegre. Hay que recordar que uno de los delitos por los cuales se requería a la prófuga exdirectora del DAS es por intercepciones ilegales a altos funcionarios de las tres ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial), en especial a personajes como Montealegre Lynnet.
Es posible que el Fiscal le tenga miedo a Hurtado, porque esta podría sacarle muchos trapitos al sol. Sería lo único que explica que un Fiscal todopoderoso, que ha dado muestras de ser implacable, soberbio y prepotente, de repente tiemble cuando le nombran a la ‘conejita’ Hurtado.
El Fiscal ha sido soberbio frente a la Procuraduría y la Contraloría, dos entes que tienen autoridad de control sobre él. Lo absurdo es que, con una prepotencia que asombra, se ha enfrentado a sus controladores. Hace politiquería con su cargo y, tal como lo muestra el caricaturista Osuna en El Espectador, ha convertido a la Fiscalía en un ‘Sistema Radial Acusatorio’.
Opina de todo y critica a todos
Ante esa panorama preocupante que muestra el fiscal, la primera sospecha que surge es que estaría engolosinado por el poder descomunal de una entidad que tiene la más frondosa burocracia del Estado, con lo cual, a base de favores a políticos y a otras instancias de los restantes poderes del Estado, se considera pegado a un pedestal desde el cual estaría montando una futura campaña hacia la Presidencia de la República. A eso conduce el poder absoluto y desmedido. A cometer torpezas.
‘Sistema Radial Acusatorio, caricatura de Osuna.
El consagrado columnista costeño Óscar Montes, en su página de este domingo en El Heraldo, analiza el tema. Considera que “el Fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, es el gran protagonista de la política del país en la actualidad. No solo opina de todos los asuntos de relevancia nacional, inclusive aquellos en los que su investidura le exige un mínimo de prudencia –como la negociación del Gobierno con las Farc en La Habana-, sino que abusando de su condición privilegiada anuncia y notifica por los medios de comunicación el sentido de sus decisiones futuras”.
Y continúa el muy bien documentado periodista en su Ley del Montes:
–Está visto que el fiscal general sacrifica un mundo por una buena ‘chiva’ que le garantice figurar en las primeras páginas de los diarios, la portada de revistas y en los titulares de las emisoras y noticieros del país. Mientras la Fiscalía General filtra documentos sobre las investigaciones en curso, Montealegre opina sobre lo humano y lo divino, sin importarle si sus declaraciones violan el debido proceso, gozan de reserva sumarial o afectan la buena marcha de las investigaciones.
El fiscal general carece de la ponderación y la prudencia que se espera de alguien que tiene sobre sus hombros el diseño y ejecución de la política criminal del país. Su presencia en el cargo no es prenda de garantía no solo para quienes se oponen al Gobierno –como es el caso de los integrantes del Centro Democrático-, sino para todos aquellos se atreven a cuestionar sus decisiones o critican la lentitud de algunas investigaciones a su cargo, como el magnicidio de Álvaro Gómez o el fraude en Saludcoop, entidad a la que prestó sus servicios en sus tiempos de abogado litigante.
Desbordado en sus tareas
El evidente abuso de poder por parte de Montealegre, así como sus constantes interferencias en asuntos que no son de su resorte, como la política de paz del Gobierno, lo muestran como un funcionario desbordado en sus tareas y carente de la suficiente autocrítica que garantice la transparencia de sus actos. Hoy todas las decisiones del fiscal general despiertan desconfianza. Y eso es muy grave. “El fiscal Montealegre actúa por conveniencia política y se mueve por odios y amores”, me dijo un reconocido abogado litigante con quien hablé sobre el poder del fiscal general y su papel en la política nacional.
¿Qué hacer con el fiscal general? ¿Cuáles son los intereses y aspiraciones de Montealegre? ¿Terminó el fiscal general politizando la política criminal del país?
¿Un Fiscal General imparcial?
Una caricatura publicada por el maestro Osuna en El Espectador muestra un micrófono con la forma pequeña y calva del fiscal, bajo el enjuiciante título de “Sistema Radial Acusatorio”. El dibujo resume de forma magistral las actuaciones del fiscal Montealegre en la última semana, donde decidió notificar por los micrófonos de las emisoras a sus investigados. Los principales medios de comunicación llamaron la atención sobre el hecho de que Montealegre haya decidido anunciar el llamado a interrogatorio del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y de su hijo David mediante entrevistas radiales, por su presunta actuación en actividades ilegales del hacker Sepúlveda en la pasada campaña presidencial, lo que constituye una vergüenza y un pésimo ejemplo de lo que hay que hacer en materia de administración de justicia. Notificar de las actuaciones judiciales por las emisoras es no solo irrespetuoso con los derechos de los indiciados, sino –sobre todo- con la majestad de la Justicia y con los deberes de ponderación que la ley le impone a todo funcionario judicial. Punto. Es además una violación manifiesta del artículo 27 del Código Procesal Penal, que le ordena ceñirse a criterios de “necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la Justicia”. Se trata sin duda de un pésimo precedente el de Montealegre.
¿Una Fiscalía General politizada?
Cuando eligieron a Eduardo Montealegre como fiscal general, y cuando el Consejo de Estado en un fallo extrañamente contrario a sus propios precedentes decidió que su período era de cuatro años y no para completar el período de su antecesor, varios analistas consideraron que se abría espacio para la realización de una labor histórica, dados los antecedentes de gran jurista del nuevo funcionario. La decepción ha sido generalizada. Nunca antes, ni siquiera en tiempos de Luis Camilo Osorio con Álvaro Uribe, ha habido un fiscal más obsecuente con el Ejecutivo que el actual. Ninguno de sus predecesores llegó tan lejos. Una conveniente investigación contra el hacker en plena época electoral, unas citaciones radiales al candidato que ganó la primera vuelta presidencial y jefe del principal partido opositor del Gobierno, muestran una clara intencionalidad política que apunta no solo a perjudicar la oposición, sino a favorecer al Gobierno. Es un grave precedente y un evidente peligro para la democracia que el fiscal general de la Nación –que debe ser prenda de garantía de imparcialidad- tome partido por una opción política y decida usar su poder para menoscabar a las otras. Existe la posibilidad de que el fiscal posea evidencias que demuestren el compromiso penal de miembros de un partido opositor en actividades específicas, pero hacer coincidir sus actuaciones con el calendario electoral o usar las tribunas radiales en lugar de los estrados judiciales para notificarlas, le quita legitimidad al ejercicio de sus tareas.
¿Problemas personales, respuestas institucionales?
Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, terminó trenzado en un pugilato personal con Sandra Morelli, contralora general de la República. La pugna terminó con la solicitud de medida de aseguramiento que la Fiscalía elevó ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Aunque el magistrado negó la imposición de la medida de aseguramiento, Morelli engrosó la lista de funcionarios y ex funcionarios que decidieron radicarse en el exterior alegando una presunta persecución judicial por parte del fiscal. El caso no pasaría de ser uno más si no fuera porque Morelli había tenido un enfrentamiento con Montealegre a quien le recordó sus estrechos vínculos con Carlos Palacino y Saludcoop, los mayores saqueadores del sistema de salud colombiano. Tiene muy mala presentación que la institución de la cual es jefe supremo el anterior abogado de Saludcoop, solicite la detención preventiva de la única funcionaria que adelantaba una investigación seria contra el ex contratista del ahora fiscal general. Y también es impresentable que Montealegre se excuse bajo el argumento formal de que se declaró impedido, pues resulta obvio que ningún fiscal es independiente puesto que todos son delegados suyos. Tan poco independientes son que quien investiga lo sucedido en Saludcoop aún no ha llamado –ni siquiera a entrevista- a quien debe tener mucha información sobre las maniobras jurídicas que se hicieron en esa entidad, su exabogado: Eduardo Montealegre.
¿Un fiscal de bolsillo del Gobierno?
Cada fiscal siempre ha tenido un caso del que dicen que actúa con fines políticos: Juan Martín Caicedo en época de De Greiff, Samper en tiempo de Valdivieso, Pastrana en los de Gómez Méndez, los ‘paras’ en los de Osorio y ‘Zucarita’ en los de Iguarán. Pero lo que nunca se había visto era la majestad del fiscal general comprometida de forma personal en actividades proselitistas. La imagen de Montealegre zahiriendo al procurador Alejandro Ordóñez en cuanto foro se realice o arengándolo en manifestaciones públicas para que se comprometa con su modelo de paz, nada tiene que ver con la majestad que se espera de un funcionario judicial. Tampoco guarda correspondencia con la sindéresis que debe tener en cada uno de sus actos, sus declaraciones públicas –un día sí y otro también- sobre el proceso de paz: que la pena alternativa para los guerrilleros puede ser el país por cárcel, que libertad absoluta no es impunidad, o que los acuerdos de La Habana no necesitan ser refrendados por el pueblo. Mejor dicho: que esta es una democracia en la que la opinión del pueblo no importa. Montealegre ha metido tanto la cucharada en la política nacional que hasta invitó a la Rama Judicial a parar en protesta contra la reforma judicial, pero es tan contradictorio, que terminó amenazando a los funcionarios judiciales y a los administrativos que pagaron los sueldos, cuando el paro también se dirigió contra las discutibles políticas laborales de la Fiscalía.
María del Pilar Hurtado, a la única a la que le tiene miedo Montealegre.
Un fiscal con mucho poder burocrático
El fiscal general es probablemente el funcionario con mayor poder burocrático del país. Casi todos los cargos de la Fiscalía tienen no solo salarios altos, sino poder, pues se trata de empleados que deciden sobre la libertad y hacienda de todos los colombianos. La mayoría son de libre nombramiento y remoción, pues casi todos los fiscales –con la excepción de Gustavo De Greiff- casi siempre han encontrado disculpas para evadir el concurso de méritos. Montealegre tiene poder y lo ejerce. Tal como lo dicen los miembros del sindicato, en la Fiscalía los puestos tienen político propio, sobre todo en las regiones. En el poder central, Montealegre tiene magistrados propios. El poder de la facción que hoy maneja la Rama Judicial –la manguala, dice el ex constituyente Hernando Yépez- tiene uno de sus pilares en la Fiscalía. Es un secreto a voces que el poder de Leonidas Bustos –actual presidente de la Corte Suprema- no proviene de sus luces jurídicas, sino de que puede nombrar y desnombrar en la Fiscalía a discreción. A diferencia del ex presidente Darío Echandía que se preguntaba el poder para qué, el fiscal Montealegre sí sabe hacer uso del que hoy ostenta de manera transitoria.