Las pérdidas de los clubes ascenderán a 80 mil millones de pesos.
Por: Francisco Figueroa Turcios
Jorge Enrique Vélez, presidente Dimayor
La diligencia de la Dimayor remitió una carta dirigida al Presidente, Iván Duque Márquez, en donde le solicita como gremio establecer políticas de salvamento que ayuden a sobrellevar las dificultades económicas que afrontan los clubes del rentado nacional, por la emergencia sanitaria que ha ocasionado la pandemia del Covid-19 en el territorio colombiano.
En cabeza de la Dimayor, a cargo de Jorge Enrique Vélez, aseguran que «el Fútbol Profesional Colombiano y todos sus integrantes han acatado desde la primera instancia las disposiciones gubernamentales para preservar la vida de los colombianos y evitar la propagación del virus, por eso, de manera inmediata, se suspendieron las competencias organizadas por la Dimayor desde el pasado 13 de marzo, atendiendo los lineamientos de las autoridades competentes en prohibir los eventos con asistencia masiva de público, convirtiéndose de igual manera en la primera liga profesional de Sudamérica en cesar actividades».
En la misiva enviada a la Casa de Nariño, los integrantes del Fútbol Profesional Colombiano expresan cinco puntos claves que en su concepto «ayudarán al mantenimiento del gremio durante este difícil momento; las pérdidas de los clubes ascenderán a 80 mil millones de pesos, durante la para. Es por esto que, el llamado al gobierno nacional desde los miembros del balompié colombiano, es trabajar de manera mancomunada para establecer políticas de cooperación que son necesarias, con el fin de mitigar la situación que están atravesando los clubes debido a que no están recibiendo ingresos».
El Fútbol Profesional Colombiano, aclaró, sin embargo, que «no está requiriendo recursos del Estado para solventar las dificultades económicas que atraviesa este sector de la industria del entretenimiento debido al receso obligatorio de manera indefinida de los campeonatos; pero entre los ítems expuestos en el escrito, se encuentra la solicitud de un crédito ya establecido por el gobierno para algunas entidades con un banco de segundo piso y temas relacionados directamente con aspectos financieros, laborales y de políticas públicas».