Como ‘El coronel no tiene quien le escriba’ quedaron los pobres educadores víctimas del ‘carrusel de la educación’.
Por Chachareros
Actuando de manera independiente y con “firmas defraudadoras distintas, los abogados Álvaro Enrique Burgos del Toro y Guillermo Rhenals Nova, lograron hacer a una fortuna de $253.350 millones en el denominado ‘carrusel de la educación’ en el departamento de Córdoba, en donde no hay un día que no explote un escándalo por los altos índices de corrupción.
Guillermo Rhenals Nova, uno de los abogados implicados en el millonario desfalco al erario con el denominado ‘carrusel de la educación’.
Estos abogados con practicas hamponescas, en la mayoría de los casos fueron tan infames, que no solo obtenían el poder del sufrido maestro para agilizar una pensión o un reajuste en la misma, sino que les pedían dinero por anticipado “para iniciar los trámites con todos los hierros, porque hay que tirarle plata al personal de la Secretaría de Educación”. De esa manera les quitaban desde diez hasta cien millones de pesos, de acuerdo con el monto de la mesada que aspiraba a recibir el educador.
La otra estrategia era la más vulgar y común. Adulteraban poderes y todo tipo de documentos para desfalcar al erario a nombre de centenares de educadores inexistentes.
Con dichos documentos falsos cobraban pensiones y reajustes de los pobres educadores que, en la mayoría de los casos, se quedaban con el pecado y sin el género. Habían pagado al abogado malhechor para que aceleraran su pensión, ésta nunca llegaba y el abogado desaparecía.
Por tal motivo, más de 22 años de cárcel para abogado por millonaria defraudación al Estado pidió la Fiscalía General de la Nación. El desfalco causado por el abogado Álvaro Enrique Burgos Del Toro, a través de demandas para obtener pensiones de maestros en Córdoba, ascendió a 33 mil millones de pesos.
A la Picota
Álvaro Enrique Burgos del Toro, abogado señalado de defraudar al erario por más de $33 millones.
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a 22 años y 8 meses de prisión a Álvaro Enrique Burgos Del Toro, como autor, determinador y coautor de los delitos de falsedad Ideológica en documento público, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, peculado por apropiación y prevaricato por acción.
De acuerdo con las investigaciones, Burgos Del Toro instauró 4 demandas ejecutivas laborales ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Cruz de Lorica (Córdoba) en contra de la Fiduprevisora S.A y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de obtener el reconocimiento y pago para 108 docentes de una pensión vitalicia.
Para obtener los títulos ejecutivos, exhibió 129 resoluciones por él tramitadas y expedidas por los exsecretarios de Educación de ese municipio, y luego presentadas conjuntamente con la demanda con poderes falsos y otros otorgados por algunos profesores.
El fiscal del caso advirtió en el juicio que ninguna de las 129 solicitudes reunía los requisitos legales que contempla la Ley 962 de 2005 y el decreto 2831 de 2005, sin embargo, los exsecretarios de Educación de Lorica las aprobaban sin el visto bueno de la Fiduprevisora, y así de forma ilícita, ordenaban pagar las pensiones vitalicias por diferentes valores.
“Utilizaban en los procesos ejecutivos laborales pólizas falsas, con la aceptación de poderes falsos; los procesados lograban el cobro de dinero y con documentación falsa, se reconocían y cobraban los ajustes pensionales”, sostuvo el fiscal al solicitar la condena.
Durante las audiencias muchos educadores asistieron con la esperanza de recuperar sus pensiones. Pero ya el fraude estaba consumado y consumido.
Durante este proceso la Fiscalía asignó un grupo especial de policía judicial, el cual comenzó sus tareas en el año 2013, por hechos registrados entre 2010 y 2012.
De esta manera, fueron recabados elementos materiales probatorios obtenidos gracias a la colaboración de testigos y los 13 allanamientos adelantados en Bogotá, Medellín (Antioquia), Lorica, Chinú y Cereté (Córdoba), así como en Cartagena (Bolívar).
Se logró establecer con pruebas contundentes que fue “el abogado Burgos Del Toro quien indujo, mandó y promovió a los funcionarios públicos en Córdoba para hacerse a los dineros del erario a su favor y de terceros con el cobro del reconocimiento de las pensiones”, sostuvo el delegado acusador.
En efecto, “el sentenciado cobró en el 2010 un proceso de 3.987 millones de pesos, en otro 6.963 millones, otro por 4.997 y otro por 4.703 millones de pesos. Con toda certeza defraudó al erario en más de 33.350 millones de pesos”, agregó el fiscal.
A su turno, en la sentencia condenatoria el juzgado lo inhabilitó para ejercer funciones públicas durante 13 años y el ejercicio de abogado durante 20 años por la gravedad y peligrosidad de los delitos.
La otra ‘perlita’
El abogado Guillermo Rhenals Nova permanece recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá porque, según la Fiscalía General de la Nación, figura como apoderado de maestros que reclamaban millonarios reajustes pensionales en el Juzgado Civil de Lorica.
El abogado Guillermo Rhenals Nova, uno de los investigados por el ‘carrusel de la educación’ en Córdoba, a través del cual fue desfalcado el magisterio de este Departamento en más de $220 mil millones, aceptó cargos ante un juez de control de garantías de Bogotá, por los delitos de falsedad en documento privado y documento público.
La Fiscalía, órgano que confirmó la información, lo investiga como determinador de prevaricato por acción y coautor de peculado por apropiación, tras haber presuntamente participado en la falsificación de cerca de 1.700 documentos privados y 6 mil documentos públicos para hacer reclamaciones de falsas pensiones de docentes ante la Fiduprevisora.
“Mediante procesos ejecutivos laborales, autenticaciones, resoluciones y falsos poderes se reconocían los ajustes pensionales que conllevaron al embargo de cuentas del Fondo y de la Fiduprevisora”, sostuvo el fiscal del caso.
El ‘carrusel de la educación’ se descubrió en 2014 con la captura de 17 personas, entre ellos un juez de la República, abogados y funcionarios y ex funcionarios de la Gobernación de Córdoba, a través de allanamientos en Cereté, Lorica, Montería, Sahagún, Cartagena y Barranquilla