El deterioro del abastecimiento de alimentos y medicinas en el vecino país, ha encendido las alarmas de las autoridades colombianas. El dirigente opositor Henrique Capriles ha advertido que puede haber hasta 1 millón de desplazados si no se revierte la crisis venezolana.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Esta semana un grupo de al menos 500 mujeres, madres de familia, pasaron por encima de las barricadas impuestas por la Guardia Nacional venezolana y cruzaron la frontera entre la población de Ureña en el estado Táchira y Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander. El objetivo: comprar alimentos y medicinas.
Las mujeres, de clase media, habían atendido un llamado que se había difundido desde hace dos semanas por la plataforma de mensajería de WhatsApp, llamando a la concentración para el martes 5 de julio, fecha en que Venezuela conmemora su independencia.
‘Las amas de casa desesperadas’, como se autodenominaron algunas, empujaron a los efectivos militares que les impedían salir de su país, y llegaron a Cúcuta. Dijeron que habían recibido buen trato por parte de los cucuteños quienes les orientaron dónde comprar más económico artículos de primera necesidad y de marcas colombianas. Al regresar a su país, en medio del puente internacional Simón Bolívar, oraron para que las autoridades venezolanas no les quitaran lo que llevaban para sus familias.
El episodio no es aislado y tiene su antecedente más notorio el pasado 12 de junio cuando se generó una situación similar. Aunque los productos en Colombia resultan 10 veces más costosos que en Venezuela, la escasez es tal que quien puede costearlos, los adquiere. Según el gremio de comerciantes de este país –Consecomercio-, diariamente están cerrando un promedio de 300 establecimientos comerciales por falta de productos para vender.
Justamente esta tendencia es la que han venido advirtiendo las autoridades colombianas ante una oleada no sólo de compradores, sino de residentes venezolanos o colombianos que decidan quedarse en ciudades de este país no solo tratando de comprar, sino de quedarse a buscar empleo.
El alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala, advirtió que su ciudad es una plaza que requiere crear anualmente entre 15 mil y 20 mil empleos. La llegada de una cantidad similar o superior de desplazados supondría una crisis social que no podrían atender.
El gobernador de Norte del Santander, Willian Villamizar Laguado está de acuerdo y requirió esta semana la presencia de autoridades del Gobierno central para atender una eventual situación de desplazamiento.
Los temores parecen tener base cierta, ya que al día siguiente del paso masivo de compradoras venezolanas, llegó hasta Cúcuta la canciller María Ángela Holguín para conocer “de primera mano” la situación. Anunció que el Gobierno colombiano no permitirá que la población venezolana en la frontera pase necesidades por alimentos o por comida. Esto, en momentos cuando se discute una posible reapertura de la frontera con Venezuela, cerrada unilateralmente por Nicolás Maduro en agosto del 2015. Pero la inquietud es tal, que Juan Manuel Santos también anunció su presencia en la zona fronteriza para evaluar planes de contingencia.
Las voces de alerta provienen desde la propia Venezuela. El dirigente opositor Henrique Capriles pidió en estos días a la comunidad internacional concentrar sus esfuerzos en la situación política, económica y social que atraviesa su país, debido a que si ocurre un estallido social habría más de un millón de desplazados hacia Colombia.