Parlamentarios están redactando un proyecto de ley para establecer multas a los aspirantes cuyas firmas inválidas para avalar sus candidaturas, superen el 20% de las presentadas. Las presidenciales de este año marcaron el punto de inflexión.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Para su postulación y aval de aspiraciones, los entonces precandidatos presidenciales Germán Vargas Lleras, Alejandro Ordóñez y Carlos Caicedo presentaron un total de 5.159.605 firmas que luego el Consejo Nacional Electoral calificaría de inválidas, por presentar diversas irregularidades que atentaban contra su autenticidad.
Aunque fueron los tres que por lejos encabezaron la lista -solo a Vargas Lleras le adjudicaron 2.748.204 rúbricas inválidas-, no fueron los únicos. Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Marta Lucía Ramírez, Juan Carlos Pinzón y Piedad Córdoba también habrían presentado otro millón y medio de firmas no válidas para avalar sus aspiraciones. En todos los casos, representaban un porcentaje importante del total que utilizaron como soporte a sus proyectos políticos.
El Consejo Nacional Electoral deberá recomendar el tamaño de las sanciones en la nueva ley.
Ahora desde el Poder Legislativo se quiere minimizar esta mala práctica desde el punto de vista legal, atacando por donde más les duele a las campañas políticas: el bolsillo.
En la Comisión Primera de la Cámara ya se encuentra para su consideración un proyecto de Ley que regula la inscripción de los aspirantes y los diversos procesos electorales del país. El papel de trabajo está esperando el primer debate en la citada comisión para que siga o no su curso correspondiente antes de ser legalizada.
Con más de 2,7 millones de firmas inválidas, Vargas Lleras superó por mucho a sus competidores.
En este documento, se establece que los aspirantes a cargos de elección popular cuyo porcentaje de rúbricas inválidas superen el 20% del total de las presentadas, serán sancionados incluyendo, onerosas multas.
La propuesta también establece que un mismo ciudadano no podrá avalar con su firma la inscripción de más de un candidato y que el aspirante deberá advertir a los ciudadanos que lo apoyen con su firma, que tampoco podrán avalar otras candidaturas para el mismo proceso electoral.
Telésforo Pedraza, representante y redactor del proyecto de ley, llamó la atención que en el actual proceso electoral para las elecciones presidenciales se evidenció la presentación de cerca de ocho millones de firmas falsas.
Aunque han tratado de marcar distancia con el resto de las campañas, la de Gustavo Petro también presentó firmas inválidas.
El congresista explicó que, por cada uno de los aspirantes inscritos, en promedio el 50 por ciento de sus rúbricas resultaron inválidas. El mínimo requerido de firmas para avalar una candidatura fue estimado en 381.145.
Aunque el número de firmas presentadas incluye las de algunos de los que siguen en la carrera presidencial o vicepresidencial, los efectos de esta ley en caso de ser aprobada solo se aplicarían para futuros procesos electorales, debido a que las aplicaciones de los estamentos legales no tienen carácter retroactivo.
