Partidos de la coalición siguen abandonando el barco de Dilma Rousseff, quien se encamina a un juicio político que podría terminar con su mandato.
Por Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acusó esta semana a su vicepresidente, Michel Temer, de participar en una ‘conspiración’ contra su mandato; al criticar una grabación en el que su mano derecha, pronunciaba un hipotético discurso como si ya hubiese asumido el cargo de la ex guerrillera.
La grabación, que el propio Temer habría enviado ‘por equivocación’ a legisladores del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb), del cual forma parte y que hasta finales del mes pasado era uno de los principales aliados políticos de Rousseff, se filtró a la prensa y agregó otro elemento a la volátil situación política del país sudamericano. En el audio Temer llamaba a un gobierno de «unidad nacional».
Dilma Rousseff acusó a su vicepresidente de conspirador
La mandataria brasileña enfrenta un eventual juicio político en el Congreso que este fin de semana será sometido a consideración en la plenaria de la cámara baja, que determinará si aprueba el informe que tendría que ir hasta la cámara alta, donde se iniciaría el proceso político que podría dar al traste con la presidencia de Rousseff.
La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal. Está acusada de usar dinero de bancos públicos para pagar programas del gobierno, faltando a normas que prohíben esa práctica.
El juicio político contra la Presidenta tiene un importante respaldo popular.
Rousseff, que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, niega haber cometido el crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición o delito alguno que vuelva legal el juicio político. Denunció que todo se trata de un “golpe de Estado”.
La comisión creada para analizar la denuncia contra Rousseff decidió, por 38 diputados contra 27, que hay razones suficientes para juzgarla por presuntos crímenes «de responsabilidad».
En medio de la peor crisis de la última década, otra organización anunció esta semana que abandonaba la coalición que apoya a la Presidenta. El Partido Progresista (PP) indicó que la mayoría de sus 47 diputados estarían dispuestos a votar para que la mandataria sea sometida a un juicio político.