Una ciudad al servicio de intereses oscuros del gobierno central. Conspiración contra Venezuela. Triple A, caja menor; y Caribe Sol, servida en bandeja al Zar del Aseo.
Por Alfonso Camerano Fuentes*
Alfonso Camerano Fuentes, abogado, penalista y politólogo.
Lo que se espira en este aire Caribe puro es que la Nación no nos quiere.
La rutina de un retén de Policía de carreteras, ubicado en la vía Santa Marta – Riohacha, permitió requisar una camioneta de color blanco, marca Renault Duster, conducida por un hombre de 58 años, natural de Ciénaga, de nombre Jorge Molinares, portando un alijo de armas cargado en Soledad, según declaró el propio sujeto, por orden de un señor que él no conocía y que debía entregar en Maicao, La Guajira, a un señor alias “Pantera”.
A la vuelta de dos días, el 27 de marzo pasado, apareció como responsable del porte de armas incautadas, un ciudadano venezolano, residente en Barranquilla, al norte de la ciudad, de nombre Clíver Alcalá Cordones, quien tuvo que dar cara, al publicarse las fotos y nombres de oficiales chavistas, por quienes Estados Unidos paga sumas desde U$10’a $15 millones de dólares, incluyendo su retrato, vestido de camuflado, con las insignias de General, acusados de narcotráfico. Es decir, Alcalá Cordones no era ningún malandrín. Era un oficial chavista que había decidido desertar y pasarse al bando de los gringos.
En un santiamén, sin mayor explicación, el gobierno colombiano lo montó en un avión de la DEA, so pretexto de haber sido pedido en extradición, asunto que jamás se confirmó, ya que el fiscal general calló como un pez, pero ya el general Alcalá Cordones, había declarado a la prensa que él era conocido del Departamento de Inteligencia colombiano, y que también tenía trato con la CIA, quienes estaban enterados de sus actividades subversivas en Colombia contra el régimen venezolano, desde Barranquilla.
A todo esto, se le ha echado tierra. En plena crisis del Covid-19, interviene la Nación como parte de la Asamblea General de Accionistas de la Triple A SA ESP, con la Sociedad de Activos Especiales (SAE)-, adscrita al Ministerio de Hacienda, pero manejada por la Fiscalía General de la Nación, quien se hace representar, sin derecho alguno, como titular del 83% del total de acciones objeto de comiso penal, es decir, el absurdo de erigir el delito como fuente de derecho, y así coparticipa, dirige y administra, adjudica contratos, nombra miembros mayoritarios de Junta, seleccionados y compartidos, mitad SAE y mitad Gremios Económicos, de Gerente pa’bajo, trastocándose en los nuevos dueños de la empresa de servicios públicos domiciliarios de agua, alcantarillado y aseo, celebración de contratos como socios de empresa privada, es decir, indemnes a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Procuraduría General de la Nación (PGN), además de encarnar a la propia Fiscalía General de la Nacional (FGN), una mixtura suelta de madrina, que los libra de todo mal. Con el agravante de que el señor Fiscal no se ha podido quitar de la frente el estigma de ser un fiscal de bolsillo del Presidente Duque y un cómplice del máximo jefe del Partido de Gobierno. ¡Maluca cosa! ¡Hedionda a pantaleta de la loca del Paseo Bolívar!
Luis Alberto Ríos Velilla.
Esa entidad llamada Triple A SA ESP tiene más de 80 mil millones de pesos de utilidad en el ejercicio de 2019-2020, que son de los barranquilleros, pero que están negociando, Nación-Distrito, para repartírselos, razón de fondo, por la cual, suspendieron la caricatura de Asamblea montada para cumplir formalmente con la norma aplicable a todas las sociedades de Colombia de llevar a cabo sus Asambleas Ordinarias de accionistas hasta el 31 de marzo de cada anualidad.
¿Qué piensa hacer la Nación – (Sociedad de Activos Especiales, (SAE) – dependiente de la Dian y de la Contraloría General–, con aproximadamente 70 mil millones de pesos correspondientes al 83% de utilidad que corresponderían a un sector privado inmerso en sus delitos, a través de sus representantes legales y accionistas representativos en América Latina, con la sociedad Emissao, constituida en Brasil é Inassa, ambas de derecho privado, cuyas acciones no pueden tener capacidad jurídica representativa, debiendo retornar a la sociedad Triple A SA ESP, en cabeza de los ciudadanos, directamente, representados por el Personero Distrital, dada la vinculación directa de todos los usuarios del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, a través del contrato de condiciones uniformes, quienes somos los verdaderos dueños de la empresa, sus creadores y razón de ser, como mercado cautivo, desde hace más de un siglo. La ley 142 de 1.993 establece el carácter territorial de estas empresas vinculadas a municipios y departamentos, no a la Nación (SAE).
El texto del decreto legislativo 517 de 4 de Abril de 2.020, artículo 7o parágrafo final, entrega las herramientas al Alcalde Distrital de Barranquilla, para que asuma, con sus propios recursos, los servicios públicos que deban ser financiados por la entidad territorial, siendo las utilidades de Triple A SA ESP, en este periodo, de más de $80.000’ millones, suficiente para afrontar la calamidad que aqueja toda la ciudadanía, incluyendo los servicios de energía, gas natural, y alumbrado público, este último en manos de la clase política corrupta en todos los municipios del Atlántico, incluyendo Barranquilla.
Y para cerrar este círculo nocivo de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos entregó la distribución y comercialización de energía a dos empresas, Caribe Sol -Atlántica, Magdalena y La Guajira; y Caribe Mar – Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar-, habiéndole correspondido la de nuestro departamento a la sociedad Latín American Corporation, de propiedad de Luis Alberto Ríos Velilla (ver Panamá Papers ), experto en Aseo, y propietario de EnerPereira, como lo fue de EnerTolima, que vendió a Celsia por 1.6 billones de pesos, después de haber sido socio del grupo Nule, en la época de la diversificación de inversiones del fuerte empresariado sucreño, cuando fue adjudicada la vía Bogotá-Girardot, y de la época del préstamo de los $30.000 millones al ex alcalde de Barranquilla, por la DNE, que no cumple con el requisito del músculo financiero exigido en pliegos de 500 millones de dólares y mercado superior a 600 mil suscriptores, si damos credibilidad al tope de su más sustancioso negocio al vender EnerTolima a Celsia (el poderoso Grupo Argos, tan insolidario con Barranquilla que le ha generado montañas de plata), por 1.6 billones de pesos y atender hasta menos 180 mil suscriptores de EnerPereira ; ya se sabrá las razones por la cual se retiró de la subasta el grupo Celsia; y si Empresas Públicas de Medellín (EPM), y su cadáver insepulto del Hidroituango y los miles de N.N., esos sí sepultados en el fondo de la emproblemada hidroeléctrica, y EnerTolima tienen capacidad para invertir más de $8.7 billones de pesos, cómo están obligados.
Cierra este golpetazo de la Nación a Barranquilla y el Atlántico con otra trampa, incluida en la ley del Plan de desarrollo, plasmada en los artículos 315 a 318 de la ley 1755 de 29 de Mayo de 2.019, que puso sobre los hombros de la Nación obligaciones del pasivo laboral y comercial de Electricaribe que, en pliegos, debía asumir el contratista y que, sumadas a la demanda de los españoles, asciende a la suma que supera los 12 billones de pesos, hoy descargados al sector público y que terminaremos pagando todos los usuarios. Otra cosa maluca es que los nuevos dueños de Caribe Sol seguirían pagando arriendos multimillonarios por dos sedes principales en Barranquilla, de propiedad de un exnarco samario que ya pagó condena en Estados Unidos.
En cuestión de un mes la Nación experimenta en Barranquilla ejercicios de subversión contra Venezuela; politiquea sin recato en la Triple A SA ESP, jugando con el patrimonio de los ciudadanos que creamos y somos la empresa; y nos remata con Electricaribe, ahora Caribe Sol, entregándosela al Zar del Aseo, dueño de EnerTolima, con nombre de empresa gringa, Latín American Corporation, que bien puede estar guardándole la espalda a antiguos socios y su parentela local.
Atrévase Pumarejo con el artículo 7º. parágrafo final del decreto legislativo 517 y asuma con nuestros propios recursos el pago de los servicios públicos de los barranquilleros durante los próximos meses mientras seamos víctimas de la Pandemia y del desastre económico.
Es nuestra plata, señor Alcalde. ¡Atrévase!