Por Chachareros/Ofiprensa
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Un esfuerzo de muchos
«Aspiramos que no sea la última, esto es un trabajo que se ha hecho gracias a la generosidad de la Gobernación del Atlántico, cooperantes internacionales y la Alcaldía de Soledad. Esta es la casa de todos los ciudadanos que residen en Soledad. Es un trabajo de hace un año y medio, hoy lo logramos y además, estamos muy contentos que existan estas instalaciones tan buenas, que podamos trabajar con cerca de un millón de soledeños y con todo ese nuevo grupo de ciudadanos que han venido a enriquecer nuestra cultura, que son los ciudadanos venezolanos», mencionó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret. De acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno nacional, el Atlántico es el tercer departamento con mayor concentración de población venezolana en Colombia, con 125.075 personas, equivalentes al 8,88 % del total nacional registrado a junio de 2019 en el país. Esta Casa fue posible gracias a la dotación y mobiliario por parte de la Gobernación del Atlántico; así como a la contribución de la Alcaldía de Soledad con la donación del predio. Educación, servicios médicos, psicológicos, asesorías judiciales, asesoría en problemas migratorios son los servicios que brinda esta nueva casa de derechos. «La Gobernación intervino con la dotación a esta Casa de Derechos con una inversión cercana a los 60 millones de pesos, dónde todos y cada uno de los elementos hoy se pueden visibilizar. Ha sido una labor en la que todos ponen; dónde se muestra que el Estado cuando se une puede hacer más por la gente que lo necesita», afirmo el subsecretario de Participación y Convivencia Ciudadana de la Gobernación, Edgardo Mendoza. «Defendiendo los derechos se construye la paz, ¿De dónde surge la ruptura de la paz? del irrespeto a los derechos de los demás. Las grandes ciudades se nutren de las migraciones, queremos tener tres millones de habitantes para así convertirnos en una gran ciudad», anotó finalmente el alcalde de Soledad, Joao Herrera.Viene la Minjusticia
[caption id="attachment_106701" align="aligncenter" width="698"]Antecedentes
- En el año 2016, El Tribunal Administrativo del Atlántico, ordenó al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, INPEC, y USPEC, Departamento del Atlántico y la Alcaldía Distrital de Barranquilla, adelantar todas las gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas, presupuestales, financieras y demás que se requieran para que de manera definitiva, se adopten e implementen las medidas necesarias tendientes a superar las condiciones de hacinamiento, de vulnerabilidad y de contaminación al interior de las cárceles que afectan todos los internos.
- Esta decisión fue modificada en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, que en resumidas cuentas ordenó el desarrollo de estrategias que garanticen una infraestructura carcelaria idónea de los espacios y programas necesarios para que los internos accedan de manera adecuada a su derecho a la redención de las penas y/o medidas de seguridad, por trabajo o estudio, y se cumplan así los fines de resocialización y rehabilitación. La anterior decisión, y para la entonces grave situación de hacinamiento carcelario, conllevó a la necesidad de suscribir el Convenio Marco N° 000452 de Septiembre 29 de 2017.
- Con el Convenio Marco de Cooperación No 000452 de 2017, se busca aunar esfuerzos de cooperación entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Departamento del Atlántico, y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, para desarrollar estrategias que permitan la estructuración y ejecución de convenios específicos encaminados a la descongestión de los centros penitenciarios y carcelarios del Atlántico, el fortalecimiento de la política criminal y penitenciaria en el departamento ya la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de las demás interesadas en las acciones propias del convenio.
- Con base a lo anterior, nace el Convenio Específico Derivado No 1 del Convenio Marco de Cooperación No 000452 de 2017, suscrito entre el ministerio de justicia y del derecho, el instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Gobernación del Atlántico y el Distrito de Barranquilla, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la entrega de un predio destinado a la ejecución de un proyecto consistente en la construcción de un establecimiento de reclusión del orden nacional en el departamento del Atlántico, así como la entrega de los diseños necesarios para su realización, y la ejecución de los tramites presupuestales pertinentes para la consecución de recursos que viabilicen dicho proyecto.
- A partir de abril de 2018 se instaló una comisión interinstitucional que se encargó de realizar visitas personales de campo a más de 23 predios a lo largo y ancho del departamento del Atlántico, entre los que se destacan Sabanalarga, Malambo, Piojo, Galapa, Manatí, Palmar de Varela, Ponedera, Tubará, Candelaria, Candelaria.
- En dichas visitas se inspeccionó las condiciones de terreno, la disponibilidad de servicios públicos y se realizaba una rápida evaluación de las posibilidades de contar con el respaldo de la administración local, diligencias que finalizaron con la preselección de dos predios en el municipio de Candelaria, ubicados al sur del departamento, los cuales gozan de excelentes vías de acceso y ubicación, además de contar con el respaldo de la Administración Local de dicho municipio, para la ejecución del proyecto.