ActualidadAnálisisLocalesMundoNacionales

Álvaro Uribe, de nuevo al banquillo

Los textigos que lo defienden son toda una ralea de mercenarios, sicarios, estafadores, narcotraficantes y paracos, con casi 250 años de presión.

Por Chachareros/NoticiasUno/elespectador.com

Según Iván Cepeda y el exfiscal Montealegre, el fiscal actual –de quien dicen es un fiscal de bolsillo del presidente Iván Duque, que a su vez se asegura que es un títere del expresidente, exsenador y expresidiario Uribe Vélez, Gabriel Jaimes, quien pedirá este martes la preclusión del expediente por presunta manipulación de testigos en favor de Álvaro Uribe, incurrió en delitos. “El fiscal Jaimes dirigió la investigación para obtener una verdad procesal distinta a la verdad procesal obtenida por la Corte Suprema, con la que se busca la impunidad de Álvaro Uribe Vélez”. Los detalles.

El mundo judicial se paralizó este martes por cuenta de la audiencia en la que la Fiscalía General le solicitó a la jueza 28 de conocimiento de Bogotá que precluya la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno, relacionado con una supuesta intención de manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, un testigo que lo ha vinculado con estructuras paramilitares. Previo al inicio de la diligencia, la víctima acreditada en este proceso, el senador Iván Cepeda, y el exfiscal Eduardo Montealegre, quien también busca el reconocimiento como tal, denunciaron por posible prevaricato al fiscal que lleva el caso: Gabriel Ramón Jaimes Durán.

La denuncia radicada este martes, conocida por El Espectador, detalla en 92 páginas por qué, en criterio de Cepeda y Montealegre, el fiscal Jaimes habría cometido delitos en el manejo de la investigación desde que la asumió, el 3 de septiembre de 2020, por motivo de la renuncia de Álvaro Uribe Vélez al Senado de la República. Dicha renuncia llevó a que la Corte Suprema de Justicia que perdiera competencia sobre la investigación que abrió en febrero de 2018 y por la cual ordenó su detención preventiva el 4 de agosto de 2020. Para Cepeda y Montealegre, la petición de la Fiscalía de no llevar a juicio al exmandatario sino, antes bien, precluir el caso, es ilegal.

“La solicitud de preclusión, elevada en favor de Álvaro Uribe Vélez, es un acto manifiestamente contrario a la ley. En el proceso existen evidencias que demuestran que habría cometido los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en calidad de determinador. Se estructuran los elementos del Código de Procedimiento Penal para formular acusación. El fiscal Jaimes desconoció esta evidencia y distorsionó la existente”, dice el documento. La denuncia asegura que sí hay pruebas de que el expresidente Uribe incurrió en hechos delictivos en este expediente pues se buscó, a través de terceras personas, modificar testimonios y obtener nuevos en su favor a cambio, presuntamente, de dinero.

Cepeda y Montealegre aseguran que hay evidencia de que el abogado Diego Cadena, quien fungió como apoderado legal del exmandatario y se presentaba como tal, “entregó dinero al testigo Carlos Enrique Vélez (exparamilitar) para que faltara a la verdad en su declaración y engañara a la Corte Suprema de Justicia. Varios testigos y documentos prueban, con certeza, este hecho”. La denuncia afirma Cadena, así como los testigos Carlos Eduardo López, mejor conocido como Caliche o El Llanero, y Enrique Pardo Hasche (compañero de reclusión del testigo Juan Guillermo Monsalve) realizaron diversas actividades este para que cambiara las declaraciones que ha rendido a la justicia, vinculando al expresidente con grupos paramilitares y, así, se engañara a la Corte Suprema de Justicia.

Y la reforma con rechazo colectivo

El caso Uribe llega a un punto clave: desde este martes empezó a definir de fondo ante jueces

Aunque el expresidente no dio el nombre de la persona, el senador Roy Barreras aseguró que se trataba de Angelino Garzón.

Santos reveló que funcionario del gobierno Duque habría impedido cese al fuego con el ELN.

“Existen varias evidencias que apuntan a demostrar –con probabilidad de verdad- que Álvaro Uribe Vélez propició, colaboró y conoció de las actividades delictivas de Cadena, López y Pardo Hasche. Hay abundantes pruebas testimoniales –familiares de Monsalve y Vélez- y documentales –videos, llamadas telefónicas, consignaciones etc.- con base en las cuales surge, en forma evidente, cómo trataron de modificar la versión de testigos”, insiste la denuncia. El documento enlista, como principales pruebas contra el expresidente -en criterio de Cepeda y Montealegre-que este adquirió los servicios de Cadena para recopilar pruebas “a sabiendas de que es un abogado que no cumple con los protocolos legales y actúa, ilícitamente”.

“A pesar de que tenía conocimiento concreto y específico, acerca de las actividades delictivas de Cadena, permitió que continuara con sus actividades al margen de la ley”, afirma la denuncia. La grave afirmación refiere, además, a que Cadena buscó y aportó cartas a la Corte Suprema de los reclusos Elmo José Mármol Torregrosa, Giovanny Alberto Cadavid Zapata y Máximo Cuesta Valencia, “las que contienen información falsa y las cuales fueron obtenidas de manera oscura y fraudulenta”. Todo esto, dice la denuncia, para que la defensa del exmandatario tuviera nuevos elementos que le permitieran al alto tribunal revocar una decisión tomada a comienzos de febrero de 2018, archivando una denuncia que había interpuesto el exsenador contra Iván Cepeda.

“Álvaro Uribe Vélez autorizó al abogado Diego Cadena para que presentara ante la Corte Suprema de Justicia, en la instrucción 52.240, carta elaborada por Enrique Pardo Hasche. Con esta carta pretenden engañar a la administración de justicia, respecto de los ofrecimientos que le hicieron al testigo de cargo, Juan Guillermo Monsalve Pineda, para que se retractara de sus declaraciones en contra de los hermanos Uribe Vélez, las que debía decir tuvieron su origen en dádivas ofrecidas por Iván Cepeda Castro”, aseguraran los denunciantes. También se insiste en que el expresidente habría permitido “que se presentaran al proceso pruebas falsas –como la de Hilda Niño y el Tuso Sierra- a sabiendas de que sus declaraciones no tenían ninguna credibilidad -como lo señaló la Corte Suprema de Justicia”.

“Mantuvo siempre bajo su control el contacto que terceras personas hacían con los testigos del caso para que callaran u omitieran la verdad integral sobre los hechos. El comportamiento de Uribe no puede interpretarse fuera del contexto delictivo que ha caracterizado su vida; a tal punto que existe un modus operandi en diversos hechos antecedentes: testigos amenazados; persecuciones personales y judiciales contra ellos (…) Uribe sabía que delincuentes estaban colaborando en la búsqueda del cambio de testimonio de una persona clave en la investigación (Juan Monsalve). Uribe utiliza su inmenso poder para deslegitimar la justicia, intimidar víctimas y testigos”, agrega la denuncia.

La gestión de Jaimes, según la denuncia

Iván Cepeda, Gabriel Jaimes y Eduardo Montealegre, los tres protagonistas de esta semana en la Semana de Pasión de Álvaro Uribe, a quien tienen contra las cuerdas, a tal punto que se le ve afligido y demacrado.

En primer lugar, los denunciantes enfatizaron en que el fiscal Jaimes, una vez con el caso en su despacho repitió 17 testimonios que ya había practicado la Corte Suprema y consideraron que en su actuación hubo “un ostensible sesgo (…) que se apega a los intereses de la defensa del imputado Uribe Vélez y, sin duda, tiene por propósito invalidar lo actuado en la Corte Suprema de Justicia”. Incluso, afirman Cepeda y Montealegre que, “en este caso, se ha instrumentalizado a la Fiscalía General para prolongar el modus operandi de la defensa de Álvaro Uribe Vélez: la presentación de testigos falsos en los procesos”.

“Según lo informaron los medios de comunicación, el fiscal Jaimes (el llamado Fiscal de bolsillo del uribismo), recaudó en el proceso testigos falsos como: Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso Sierra” e Hilda Jeaneth Niño Farfán, contra quienes cursan procesos penales en su contra, por los presuntos delitos de falso testimonio, fraude procesal, entre otros”, dice el documento que expresa dicha idea en varias ocasiones a lo largo de las 92 páginas. “Las labores investigativas del fiscal Jaimes las ha dirigido a desacreditar las actuaciones surtidas por la Corte Suprema de Justicia, en contra de Uribe Vélez e, incluso, se ha inmiscuido en el ámbito de competencia de otros fiscales delegados que adelantan investigaciones en contra de Uribe Vélez”.

Cepeda y Montealegre refieren en el documento un supuesto sesgo investigativo de la Fiscalía por cuanto desde octubre de 2020 se solicitó una acción de extinción de dominio contra los bienes de Diego Cadena, sin que haya respuesta a la fecha. En su exposición, es contradictorio que, en cambio, sí se haya ordenado extinción de dominio sobre los bienes de la exesposa Juan Guillermo Monsalve Pineda, en concreto la imposición de medidas cautelares sobre la finca “La Veranera”, de propiedad de Deyanira Gómez. Y cuestionaron que Jaimes haya “desplegado una intensa labor investigativa “respecto de dos de los testigos, Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra, que han vinculado al expresidente con el Bloque Metro.

En sus palabras: “Para tal efecto, ha arrimado a la actuación procesal información de sus familiares, procesos e investigaciones en curso, declaraciones rendidas ante otras autoridades judiciales, registros de visitas, ha indagado si han adelantado procesos de reincorporación o sometimiento, ha ordenado extraer información de elementos incautados del testigo Monsalve, en registros adelantados por el INPEC. Incluso, el fiscal Jaimes ordenó realizar una caracterización del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, con el propósito de “identificar, describir y analizar las variables, sociodemográficas, políticas y psicológicas””.

¿Incurrió el fiscal Gabriel Jaimes en delitos? Para Cepeda y Montealegre, el funcionario actuó contrario a derecho de forma activa, por acción, así como por omisión, al supuestamente permitir situaciones irregulares. “Se colige un actuar caprichoso del fiscal Jaimes -al solicitar la preclusión de la investigación- cuando la norma ha señalado la procedencia de acusación”, dice la denuncia que dedica un extenso acápite a explicar que la preclusión de un expediente debe sustentarse en un grado de certeza, más allá de toda duda razonable y sin posibilidades de haya una interpretación diferente de tales argumentos. Cosa que, en su criterio, no se cumple para este caso.

Tras resaltar que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema advirtió la existencia de al menos dos indicios graves de responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez, la denuncia insiste en que el único camino viable para seguir es el llamamiento a juicio y no la petición de preclusión. En ese sentido, el documento hace una valoración propia de las diferentes hipótesis que existen en este caso y de las pruebas recaudadas para afirmar que hay “plena prueba de patrones de conducta y forma transversales a los hechos analizados”. Se trata, en palabras de la Corte, de un “modus operandi”, que Cepeda y Montealegre esbozan de varias maneras.

Por ejemplo, sobre el acercamiento indirecto al testigo Monsalve, dice la denuncia, se compartirían tres coincidencias: que fue buscado para se retracte de sus afirmaciones contra el expresidente y su hermano Santiago Uribe (en juicio por conformación de estructuras paramilitares); así como para que culpara a Iván Cepeda de “ser el promotor de los falsos testimonios”. Situaciones a las que se sumaría la urgencia por obtener dicha versión y presentarla a la Corte. También resaltan que Diego Cadena fue a Medellín, se contactó con Juan Guillermo Villegas y le solicitó que intermediara con la mamá de Monsalve para que “confiaran en él y se dejara ayudar”.

“Podemos identificar la existencia de indicios de oportunidad y móvil. El imputado Uribe Vélez, él y solo él, era el interesado en desmontar a como diera lugar los testimonios que lo perjudicaban. Además, emerge de las interceptaciones telefónicas que las conductas punibles no hubiesen podido llevarse a cabo sin su consentimiento y autorización”, afirma la denuncia. El documento enlista lo que serían 13 “patrones de comportamiento” de Álvaro Uribe en este caso.

Por un lado, que testigos recuerdan “súbitamente” la ocurrencia de hechos sucedidos hace mucho tiempo y que anuncian su deseo de declarar voluntariamente. Luego, habría inconsistencias: “Por ejemplo, todos dicen que buscaron espontáneamente al abogado Diego Cadena para ofrecerle su declaración, pero no saben explicar cómo tomaron contacto con él”. El resultado de ello dice la denuncia, es un beneficio jurídico para el expresidente “a partir de la desacreditación de personas que han declarado en su contra”.

“No existen motivos particulares frente al surgimiento de esa voluntariedad en un espacio temporal determinado. Los testigos deciden declarar después de la decisión de la Corte del 16 de febrero de 2018, mediante la cual se inhibió de abrir instrucción al senador Iván Cepeda y ordenó abrir la investigación en contra del imputado Uribe Vélez. Las declaraciones realizadas fueron elaboradas por personas distintas a quienes las suscribieron. Se justifica la no elaboración de las declaraciones por los mismos testigos, por razones de caligrafía, ortografía o el escaso tiempo para su redacción”, añade la denuncia.

¿Interferencia del presidente Iván Duque?

Por otra parte, la denuncia afirma que el fiscal Jaimes habría incurrido en el delito de prevaricato por omisión “al no compulsar copias para que se investigara una presunta injerencia en el proceso bajo su dirección, por parte del presidente Iván Duque Márquez” y por no actuar con debida diligencia, supuestamente desviando “el ejercicio de la función pública, al parecer, para satisfacer intereses particulares”. Sobre el primer punto, la denuncia dice que esa interferencia en la que habría incurrido el presidente Duque fue advertida por las víctimas durante una audiencia ante juez de control de garantías.

“Es menester advertir que la posición de Iván Duque para que Álvaro Uribe Vélez recuperara su libertad consistió en señalar cómo su caso era equiparable con el caso de alias ‘Jesús Santrich’. Misma tesis que, posteriormente, fue utilizada por el fiscal Jaimes Durán y la defensa en la audiencia innominada de libertad. Evidentemente, el fiscal Jaimes tenía pleno conocimiento que estaba faltando a sus deberes funcionales. Esta situación activaba un deber funcional, como servidor público, consistente en compulsar copias al presidente Duque”, dice el documento.

“Dicha injerencia, en búsqueda de favorecer los intereses de Álvaro Uribe Vélez, ha sido tan clara que un Tribunal le solicitó respetar la independencia de las ramas del poder público. En el presente asunto, la pasividad de Gabriel Jaimes es una omisión punible”, agrega la denuncia que insiste en cuestionar la actuación de Jaimes. “Este es un escenario en donde todas las investigaciones de Álvaro Uribe Vélez, y en contra de los testigos que desfavorecen sus intereses, avanzan con asombrosa diligencia. Por el contrario, existe en la Fiscalía una renuencia en la investigación contra los testigos que favorecen los intereses de Álvaro Uribe Vélez y su familia”.

En ese sentido, Cepeda y Montealegre cuestionaron que Jaimes no hubiera llamado a interrogatorio al expresidente Álvaro Uribe Vélez y que, supuestamente, no hubiera verificado “las mentiras, inconsistencias y evasivas” en las que habría incurrido el exsenador en su indagatoria ante la Corte Suprema. “No desarrolló labores investigativas tendientes a determinar la participación que tuvieron la abogada Ángela López y el entonces director de la cárcel de Cómbita, coronel Ricaurte, en la consecución de los tres falsos testigos de Cómbita. No desarrolló labores investigativas tendientes a identificar los patrones de comportamiento del imputado Álvaro Uribe Vélez, en relación con su práctica sistemática de buscar falsos testigos, junto con personas de su entorno”.

“No realizó un estudio psicológico del imputado (Uribe), como sí lo hizo en relación con el testigo de cargo, Juan Guillermo Monsalve Pineda, en la actuación procesal (…) No investigó las razones por las cuales el imputado se valió de abogados y terceros, como el exalcalde de Amaga, Wilser Molina, el abogado Jaime Restrepo -utilizado por su asesor y hoy senador de su partido José Obdulio Gaviria-, Juan Guillermo Villegas y el abogado Diego Cadena, para conseguir testimonios que llevó a la instrucción 38.451 y a esta actuación procesal, y que resultaron siendo falsos testigos”.No elaboró el contexto, contra evidencia, en el que se produjeron las instrucciones, autorizaciones y órdenes impartidas por Álvaro Uribe Vélez al abogado Diego Cadena, dentro de las que se encuentran las de ofrecer beneficios jurídicos a potenciales testigos.

“No profundizó acerca del relacionamiento estrecho entre Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena, quién recibía instrucciones y órdenes precisas del imputado, en su búsqueda de testigos. (…) No desarrolló labores investigativas tendientes a determinar el contexto en el que Carlos Enrique Areiza firmó, bajo presión, hojas en blanco y elaboró una carta dirigida al proceso de Luis Alfredo Ramos, así como el temor que tenía por su vida y su posterior asesinato”, citaron los denunciantes, entre otras pruebas que, en su criterio, debieron realizarse: “el fiscal Jaimes dirigió la investigación para obtener una verdad procesal distinta a la verdad procesal obtenida por la Corte Suprema, con la que se busca la impunidad de Álvaro Uribe Vélez”.

“Las posiciones de la Fiscalía General de la Nación, consistentes en arrasar el proceso, desconocer lo actuado por la Corte Suprema de Justicia y las decisiones vinculantes de los jueces, constituyen una sinfonía de prevaricatos cometidos por el delegado Gabriel Jaimes, que han sido animados por el Fiscal Barbosa y el presidente de la República, Iván Duque, en sus declaraciones públicas y, este último, mediante intromisiones a la rama judicial. Todo para distorsionar el proceso en favor de Álvaro Uribe Vélez, jefe político de Duque, Barbosa y Jaimes. Una trilogía que, sin sonrojarse, se burla de la imparcialidad de la justicia”, puntualiza la denuncia que fue presentada ante el despacho del fiscal General, Francisco Barbosa.

“Lo peor es que la reforma tributaria es para financiar las campañas”

En buen momento el senador barranquillero abandonó el barco del uribismo, que desde hace rato se está haciendo agua. Dice en forma valerosa que casi todos sus colegas en el Congreso se dejan llenar la boca de mermelada y los bolsillos de plata para asegurar la financiación de sus próximas campañas.

Armando Benedetti Villaneda, senador barranquillero, se declaró horrorizado por el deprimente espectáculo circense que se da en estos días en la política nacional, en donde, por un lado, ya se siente, se ve, un descarado y vergonzante reparto de mermelada por parte de Duque y su calanchín Alberto Carrasquilla.

De esta forma Benedetti salió repartiendo palo a dos manos, como cuando en los estaderos de Barranquilla se subía a la tarima de cualquier orquesta. En una ocasión, lleno de emoción por la estupenda actuación de Bobby Cruz y Richie Ray, se subió a la tarima y le pidió al timbalero que le prestara los palitos, en el tema ‘Sonido bestial’. Y cuando Armandito se fajó, Bobby Cruz salió con su fraseo que inclusive quedan grabados en los discos: “Miren cómo toca ese muchacho esos timbales, ¡caramba! Se ve que escucha mucho este disco donde nuestro brillante timbalero, Mike Collazos, el hombre del cuero duro y el palito chiquito, hace un tremendo solo”.

Ahora Benedetti Villaneda, que abandonó el barco de la U y se abrió del gobierno de Duque y del uribismo en general, y se vinculó al Pacto Histórico. Este martes aseguró que, pese a ser tramitada en época electoral, la reforma tributaria será aprobada y que habrá «mermelada» para los congresistas por cuenta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

‘La jugadita’: «Tú le tienes que ganar a Petro y yo a Fajardo«

Como cualquier tahúr que antes de jugar planea la trampa con su compinche, Ángela Robledo y Francia Márquez, asumen el papel indecente de la traición (Ángela fue candidata a Vice con Petro), ponerles zancadillas a Petro y a Fajardo, con el quimérico propósito de despejarle el camino a Tomás Uribe, un ‘delfín’ que no llega ni a ‘bagre’.

Durante la Convención Nacional Feminista que se lleva a cabo en Honda, Tolima, la representante a la Cámara y precandidata presidencial, Ángela María Robledo, aseguró que las feministas no aceptan vetos y que las aspiraciones de Gustavo Petro y Sergio Fajardo son legítimas; sin embargo, la congresista le envió un mensaje a la líder social Francia Márquez sobre el papel que jugarán las mujeres en las consultas presidenciales de marzo de 2022 y la carrera hacia la Presidencia.

Son las ‘jugaditas’ ya muy comunes en e Centro Democrático. Esta vez han pretendido crucificar a Sergio Fajardo, hacerle el mayor daño a Gustavo Petro con la ‘publicidad negra’, de asesores ‘de alma negra y corazón de piedra oscura’, para así botar plata por montones para tratar de conseguir los votos para un delfín que no llega ni a bagre (Tomas Uribe Moreno, un multimillonario que no declara rentas al igual que su mamá su papá y su hermano Jerónimo). Desde luego que ese dinero que botaron no sale del bolsillo de la familia Uribe Moreno. Sale del depósito del ‘Rico McPato’ colombiano, Luis Carlos Sarmiento Angulo, del grupo de archimillonarios antioqueños (Grupo Argos que se ha enriquecido con el cemento y las tierras que urbaniza en Barranquilla; la cadena de Éxito y todos sus negocios de grandes superficies; EPM que aunque Hidroituango casi la quiebra de todas maneras tiene de dónde sacar para aportar porque han agotado en Medellín el ‘Lomotil’ y el papel higiénico de solo pensar lo que les vendría para encima si no gana Tomasito (como no va a ganar, los votantes colombianos no pueden ser tan masoquistas después de 20 años de masacres, exterminio de líderes populares, defensores de los Derechos Humanos, fosas comunes, desplazamientos forzados.

‘La jugadita que planean llevar a cabo Ángela Roble y Francia Márquez es la medio bobadita siguiente: «Petro y Fajardo tienen derecho legítimo a sus candidaturas. ¿Qué tenemos que hacer? Tú ganarle a Gustavo Petro y yo ganarle a Sergio Fajardo», aseguró Robledo.

Ángela Robledo, la exfórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, hoy hace parte de la Coalición de la Esperanza, mientras que a Francia Márquez se le ha vinculado con el Pacto Histórico, del que hacen parte varios partidos y movimientos de izquierda.

En la Convención Nacional Feminista se reunieron cientos de mujeres y organizaciones feministas para discutir sobre el papel de las mujeres en el Estado, la democracia y las próximas elecciones.

Related posts
ActualidadAnálisis

Ciudad Mallorquín y urbanismo en Barranquilla

Arte y CulturaNacionales

Un adiós a Toño Garcia, el último cacique de los Gaiteros de San Jacinto

ActualidadEducaciónMundo

Educación Superior y su importancia

ActualidadEntretenimiento

Graceland se queda en la Familia Presley: Juez bloquea venta por posible fraude

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *