La congresista barranquillera se encuentra en Bogotá desde hace varios días llamada por la Corte Suprema de Justicia para que responda por presuntos delitos de compra de votos.
Por Chachareros/Semana/Agencias
Aida Merlano Rebolledo, joven barranquillera que nació en uno de esos barrios de invasión del suroccidente, sufrió del ‘fenómeno de Ícaro’, quiso volar muy alto sin ser consciente que sus alas estaban pegadas con cera que, al acercarse a los rayos del astro rey, se derritió, quedó en el aíre y bajó en picada y su cuerpo se despedazó encima de una gigantesca roca.
«Soy inocente de todo lo que se me acusa», ha dicho Aida Merlano. La Corte asegura otra cosa y la envió al Buen Pastor.
Eso le sucedió a la bella y enigmática Aidita. Sus amigos la describen como una mujer dominante “y hasta muy altanera cuando tiene ira, que es caso frecuente en ella”.
Poco amiga de dar declaraciones a la prensa, nunca se dejó manosear para conocer algo de sus alianzas, de sus votos fuera del Atlántico para pasar de Cámara a Senado. Ni siquiera dio la cara cuando tuvo un fuerte y violento altercado con un concejal de su grupo. Todo quedó en el más absoluto misterio.
Como en el misterio quedó la investigación por una acusación que le hizo un aliado suyo cuando fue diputada de la Asamblea del Atlántico. Fue acusada por un dirigente de barriada perteneciente a su sector político. Ella lo empleó como parte de su cuota burocrática en la Asamblea. Y pocos meses después él la denunció porque, presuntamente, le quitaba parte de su sueldo. Ella declaró en ese momento que era una “torpe calumnia, una infamia de alguien a quien yo le he dado de comer”.
Eso murió ahí. Jamás se volvió a saber nada al respecto, y ella prosiguió su meteórica carrera política. No la atajaba nada. Iba como un bólido, hasta cuando ocurrió el episodio del 10 de marzo, víspera de las elecciones de Congreso, cuando ella aspiraba pasar de Cámara a Senado. En línea recta: muchachita bonita de barriada, empacadora de sanduiches de un candidato al Concejo de Barranquilla, Diputada, representante a la Cámara…Senadora.
Ahora su curul de Senado, con el aval del Partido Conservador, está en entredicho. Este jueves pasó al pabellón especial para funcionarios de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
Lo grave y triste del caso es que, según se supo de antemano en los mentideros políticos barranquilleros, Aida, avalada por el conservatismo, recibió de un grupo de origen liberal una multimillonaria suma de dinero para que aportara todo su apoyo político en el Atlántico a una joven debutante con muy buenos augurios en el escenario político. El escandalo de Aida se llevó en andas la credencial de Cámara de la joven debutante a quien se le atribuyen considerables atributos y preparación para llegar al Congreso.
En todo caso, la Corte Suprema de Justicia ordenó trasladarla a ese penal mientras la investiga por supuesta compra de votos durante la jornada electoral del pasado 11 de marzo.
Ya la dirigente política barranquillera sabía que la misma Corte Suprema negó la solicitud de casa por cárcel que había interpuesto por medio de su abogado alegando problemas de salud y su condición de madre cabeza de familia.
Albeiro Yepes, abogado de Merlano, criticó la decisión de trasladar a Merlano a un centro de reclusión, pues considera que su clienta ha dejado clara su voluntad de acudir a la justicia.
¿Habrá silla vacía?
Según versión de Semana.com, la suerte política de la congresista atlanticense está echada. La Corte Suprema decidió dictar medida de aseguramiento en su contra por tres delitos, relacionados con un moderno sistema de compra de votos que fue encontrado en su ‘casa blanca‘ en Barranquilla. Con esta sindicación, la parlamentaria pierde automáticamente la curul que tenía en la Cámara de Representantes, y no podrá posesionarse en la que conquistó en el Senado en las recientes elecciones, y en la que debía posesionarse el próximo 20 de julio.
Aunque el futuro cercano de Merlano está fuera del Capitolio, es incierto lo que pasará con la curul que en teoría ganó la suspendida congresista en las urnas, con 73.250 votos. Ese resultado le permitió alcanzar uno de los 15 escaños del Partido Conservador en el Senado, pero la pregunta que surge tras la detención de la congresista es si los godos podrán reemplazarla, o perderán la silla.
La norma es clara en señalar que quienes sean vinculados a investigaciones penales, específicamente en delitos contra de la participación democrática, no podrán ser reemplazados en el Congreso. Esta disposición está contenida en el artículo 134 de la Constitución gracias a la reforma política de 2009, norma que establece, además, que quienes sean cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad no podrán tener ser reemplazados, y su partido perdera la curul. Es la sanción que se conoce con el nombre se silla vacía.
Los azules, con Merlano en su lista, obtuvieron 1.9 millones de votos el pasado 11 de marzo que les representó 15 curules para el Senado. Y aunque la norma parezca clara en señalar que el los conservadores no podrían reemplazar esa curul, invocan el argumento de que la elección no ha sido declarada al momento de su captura, por lo tanto la conducta que investiga la justicia la cometió en su condición de representante a la Cámara, y no como senadora electa.
Algunos consideran que podría abrirse camino una interpretación legal bajo la cual el Consejo Nacional Electoral se abstenga de declarar la elección y llame al que sigue en votos, que en este caso sería la exconcejal de Bogotá Soledad Tamayo quien alcanzó 59.149 sufragios. Sin embargo, otros sectores creen que esta opción va en contra del espíritu de la norma, y que lo que busca es atajar estos fenómenos de corrupción y castigar de paso a los partidos por la inclusión en sus listas de candidatos inmersos en problemas legales.
Lo que ella contó
En entrevista con lachachara-co y Semana, Aida Merlano aseguró que la Fiscalía se apresuró y dio un informe de unos cargos que resultaron ser falsos. «Hubo total desinformación sobre una tecnología sofisticada de sistema bidimensional para hacer seguimiento al elector siendo esto una falacia más. El código QR no representa ninguna función de control ni mucho menos de seguimiento, sólo es un mecanismo de difusión que arroja la frase ‘La Unión hace la fuerza‘ y ‘Gracias por tu apoyo‘».
Sin embargo, al revisar la evidencia, el alto tribunal valida lo hallado y toma la decisión de iniciar un proceso penal en su contra por los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Cargos que podrían darle una pena superior a los seis años de prisión. Por ello, a partir de ahora Merlano se apartará de su lugar en el capitolio para defenderse desde las celdas de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.