Este miércoles circuló con insistencia la versión sobre su posible renuncia. Directivos de la institución lo desmintieron. La W revela las irregularidades en algunos de los contratos con entidades públicas que llevarían a la Procuraduría a investigar al rector Vargas.
Por Chachareros
Aunque se rumoró con insistencia este miércoles la presunta renuncia del rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramses Vargas Lamadrid, directivos de dicho centro educativo desvirtuaron dichas versiones, lo cual significa que el funcionario se atornilla en su puesto, a pesar de las fuertes críticas que se le formulan desde diversos flancos por la lamentable crisis por la cual atraviesa la Uniautónoma.
El lado más fuerte por donde han atacado a nivel nacional el manejo de dicha Universidad es por el caso de los multimillonarios contratos con entidades públicas, que supuestamente han sido incumplidos por el centro académico, pese a que ya recibió buena parte de esos dineros.
Así lo ha venido denunciando la WRadio que dirige Julio Sánchez Cristo.
Ha señalado la W: “Uno de los contratos más cuestionados es el convenio 0104 de 2014 firmado entre la Gobernación del Atlántico y el rector de la Uniautónoma del Caribe, Ramses Vargas, por un valor de $4.500 millones de pesos, este con el objetivo de apoyar las capacidades productivas de la población víctimas del desplazamiento forzado en este departamento.
¿Qué pasó con este contrato?
Las víctimas que supuestamente se verían beneficiadas con este proyecto denunciaron que los productos eran de pésima calidad, no cumplían con los estándares requeridos y termino siendo un total fracaso. Todo indica que la Universidad compró los productos por un valor muchísimo menor de lo estipulado en el convenio.
Adicionalmente la empresa contratista en este convenio C3 Solutions, denunció que la Universidad Autónoma del Caribe no realizó el pago oportuno de sus servicios.
Por otro lado, está el convenio 310 de 2015 que la Universidad firmó con el Sena por más de 4.000 millones pesos, para el pago de tutores, pero además lo hizo de manera anticipada. Sin embargo, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que es la entidad interventora, luego de realizar una visita, evidenció que la Uniatónoma, de forma irregular, hizo una transferencia por 3.000 millones de pesos del convenio Sena a otra cuenta corriente, que es la misma cuenta de la cual se pagan las prestaciones sociales y nómina de los maestros de la Universidad Autónoma del Caribe.
Debido a esto, hasta la fecha se presentan demoras en el pago de la nómina de los profesores del Sena y aunque la entidad interventora lanzó una alerta, no pasó absolutamente nada; es decir, se están gastando dineros del erario público para pagar los gastos de esta universidad privada.
La W conoció que este sería el mismo modus operandi que se está utilizando con los convenios de la gobernación: cuando no hay plata para la nómina se exprimen los recursos públicos.
Por ejemplo, el convenio 055 que la Universidad firmó con la Gobernación del Magdalena, el cual tiene como fin administrar los recursos de las regalías del departamento para dictar maestrías a los profesores de colegios públicos. Este proyecto tuvo varias irregularidades porque a los dos años de haber sido firmado, la Universidad ya se había gastado el 70% de los recursos.
Y aunque en la página web aparece que la maestría tiene un valor de siete millones de pesos, el valor real de la maestría es de cuatro millones; al parecer se estarían inflando los costos de las maestrías para obtener más recursos de los necesarios.
En este convenio también aparecen las llamadas comisiones. Según fuentes de la Universidad, este convenio habría generado disgustos ente el rector y varios políticos del Magdalena porque al parecer Vargas estaría manejando estos recursos como plata de bolsillo.
Según fuentes de La W, Vargas en lugar de consignarle a los políticos del Magdalena el porcentaje de la “comisión” que les correspondía en las fechas que acordaban, se quedaba con esa plata durante días y semanas, la gastaba y se las enviaba, pero cuando la volvía a reunir. Por esa razón hubo disgusto entre ellos, lo que provocó la renuncia del director de la Maestría en diciembre pasado.
Otro de los contratos es el 0108 que la Universidad también firmó con la Gobernación del Atlántico por un valor de 1.140 millones de pesos. El objeto era el de mejorar el tema de vivienda al interior del Atlántico. En este convenio la Universidad Autónoma del caribe se colgó con el pago de proveedores y tuvieron que subcontratar, invertían menos del presupuesto establecido, pero el dinero sobrante no aparecía ni se ejecutaba en otras reparaciones.
