Esta vez fue Reficar. CTI allanó las oficinas de la entidad por billonarios sobrecostos. Se repite la historia de Dragacol. Chambacú y el autorrobo del siglo en el Banco de la República.
Por Rafael Sarmiento Coley
La historia hay que machacarla para que nunca jamás se repita tanto robo descarado a los dineros de todos los ciudadanos.
Panorámica de la planta Reficar en Cartagena, cuya ampliación ha ocasionado un obo por varios billones de pesos.
El CIT de la Fiscalía se le metió al rancho a las oficinas de Reficar tanto en Bogotá como en Cartagena.
Cartagena en esto lleva la batuta, como la ciudad en donde se producen los robos más insólitos, con una corrupción cínica y ofensiva.
Sin contar las fechorías de otros célebres personajes como el ya fallecido Jesús María Villalobos alias ‘El Perro’; o el travieso ‘Turco’ Hilsaca, financiador de campañas de Gobernación, alcaldías, Concejo y Asamblea para después ganarse todos los contratos y comprar nóminas a precio de usura. O los arañazos de la temible doña Enilse López alias ‘La Gata’ que se daba el lujo de abofetear en público como a cualquier sumiso empleado de las más baja categoría a gobernadores elegidos con su dinero.
Lo grave es que en Cartagena hay más. Sucesos más graves que esos.
En agosto de 1973 se produjo el llamado ‘Robo del siglo’ al Banco de la República sucursal Cartagena. Lo increíble fue que, aprovechando un largo puente festivo, los ladrones misteriosamente traspasaron las gruesas paredes de la entidad, llegaron sin ninguna dificultad a la bodega, que para su fortuna estaba ‘mal cerrada’.
Juan Manuel Martínez Baquero, alias ‘El Nene Baquero’, fue el jefe de la banda, junto con los alias ‘El Mocho’, ‘El Largo’ y ‘El Ñato’.
‘El Largo’ fue asesinado días después por ‘El Mocho’ por un mal reparto del botín, y ‘El Mocho’ cayó pendejamente tratando de introducir a Estados Unidos una tonelada de coca, por lo cual lo condenaron a 25 años de cárcel.
En cambio ‘El Nene Baquero’ metió su botín en dos cantimploras lecheras y se fue a divertirse de lo lindo con dos suculentas prepago que parecían reinas de belleza. Según los habitantes de Pasacaballos, una “parecía una yegua en celo, con unas nalgotas que parecían postizas y unas piernotas que parecían muslos de pavo”.
‘El Nene’ ordenó cerrar el estadero solo para él, las dos nalgonas y la gente del pueblo que él iba invitando.
Cuando se le acabó el dinero que traía en los bolsillos, abrió una de las cantimploras que él hasta ese momento había cuidado con enorme recelo. Cuando abrió la primera garrafa lo que saltaron cantarinas fueron hermosas y finamente talladas monedas de oro que el Banco había adquirido para conmemorar los 50 años de existencia: 1923-1973.
La alegría del ‘Nene’ no duró mucho. A las tres horas de estar repartiendo las bellas monedas para que las guardaran de recuerdo, llegaron decenas de lanchas rápidas de la marina con soldados armados hasta los dientes.
Con la captura de ‘El Nene’, cabecilla material, empezó a armarse el rompecabezas del millonario robo por 41 mil millones de pesos.
Las cuentas empezaron a sumarse y a restarse y no cuadraban. ‘El Nene’ confesó que él solo encontró en bóveda del Banco Emisor $26 mil millones, 4 revólveres que se metió en las pretinas de los dobles calzones que llevaba y las monedas de oro. De su botín se gastó dos millones en farra en su huida a Pasacaballos, repartió $16 mil entre los demás compinches y dos celadores del banco.
Las autoridades presionaron a los dos celadores del Banco y ‘cantaron’: los autores intelectuales y artífices de un robo continuado eran el entonces gerente del Banco, Rafael De Zuburía Contreras, y el cajero principal Dionisio Torres Porras, quienes fueron encarcelados por varios años en la cárcel de Ternera, lo mismo que el Nene Baquero, quien al purgar su pena salió y a los pocos días murió en un extraño accidente de tránsito.
Esto era Chambacú en los años 1960 y 1970, antes de que a dos corruptos se les diera por desalojar a esas pobres gentes para construir centros comerciales.
“Chambacú, corral de negros”
Con esta novela del escritor cordobés, Manuel Zapata Olivella, fallecido lamentablemente hace algunos años, empezó a destaparse la más vergonzante olla podrida de Cartagena.
La sociedad Cartagena, clasista como las que más, miraba con muy malos ojos que allí entre el exclusivo sector amurallado y el castillo de San Felipe se levantara desde siempre un feo lupanar de miseria y pobreza, conformado, en su mayoría, por afrodescendientes.
¿Qué decidió la clase alta cartagenera? “Sacar a ese corral de negros” –como de manera certera lo describió Zapata Olivella-.
Los artífices del plan fueron el exministro cartagenero y multimillonario empresario del sector hotelero y de la construcción, Fernando Araújo Perdomo, y el entonces ministro de Desarrollo en el Gobierno de Andrés Pastrana, Luis Alberto Moreno, hoy exitoso y afamado por la prensa especializada en visibilizar a estos personajes metidos hasta el tuétano en actos de corrupción, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A pesar de estar muy cerca del sector amurallado y del castillo de San Felipe, los chambaculeros no causaban problemas.
Con la complicidad del alcalde de turno y el Concejo se decidió reubicar a los habitantes de Chambacú para convertir esos terrenos en el sitio ideal para desarrollar un proyecto urbanístico, hotelero (no podía faltar) y comercial. Los artífices del proyecto se valieron de la información privilegiada que manejaban. Moreno había hecho nombrar a su amigo Héctor García Romero como director del desaparecido Inurbe, quien acudió al alcalde de turno, primo hermano suyo, Gabriel García Romero, para el cambio de destinación del uso de suelo.
El Concejo aprobó el proyecto en menos de lo que canta un gallo. El alcalde Gabriel García Romero ratificó “las bondades del proyecto”.
En febrero de 1995 el terreno se vendió a un precio irrisorio que se mantuvo en reserva al consorcio Chambacú de Indías, S.A. del cual figuraban como socios Luis Alberto Moreno, Fernando Araújo Perdomo, Alberto Araújo Merlano, Sergio Espinosa Posada y Rafael Pérez Lequerica.
Por fortuna el escándalo le estalló en las manos a gente que había ocupado altos cargos en los gobiernos de Gaviria (1990-1994), de Ernesto Samper (1994-1998) y de Pastrana (l998-2002).
Las barcazas de Bray
Reginaldo Bray, con la complicidad de otros poderos personajes nacionales, cometieron un suculento saqueo al erario con las barcazas que no sirvieron ‘pa’na’, según los cartageneros.
En 1992, durante el gobierno de César Gaviria hubo la peor crisis energética por el fenómeno de El Niño. Desesperado, el Gobierno buscó múltiples alternativas para enfrentar la crisis. Una hora de apagón en el territorio continental y 16 horas en San Andrés. Se repotenciaron plantas térmicas, la mayoría de las cuales fueron privatizadas.
Y alguien con mucha astucia le vendió la idea al Gobierno de suministrar energía con unas barcazas generadoras de energía hidraúlica, que ya estaban listas en los muelles del fabricante en Estados Unidos.
El proyecto se adjudicó a la firma HMS Global Corporation por la bobadita de $17 mil millones.
Las barcazas fueron un fiasco. Se acusó a Reginaldo Bray Bohórquez como determinador del peculado, se vinculó al proceso al exministro conservador Hugo Escobar Sierra (suegro de Bray Bohórquez). Como coautores: Juan Carlos Chavez Mazzorr, Juan Alberto Páez Moya. Y como cómplices también fueron judicializados Hernando Santiesteban Martínez y Carlos Alberto Ramírez Currea.
Fue el mayor escándalo de comienzos de este siglo, por cuanto las primeras sentencias y acusaciones salieron a partir del año 2000, entre ellas la que ordenaba el encarcelamiento de Hugo Escobar Sierra.
Ahora la Refinería de Cartagena
De acuerdo al informe de W Radio, en forma simultánea, cerca de 50 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se “tomaron” literalmente las oficinas de la Refinería de Cartagena- Reficar–en Bogotá y la capital del departamento de Bolívar, en desarrollo de la investigación en torno a los “billonarios” sobrecostos denunciados por la Contraloría General de la República en las obras de ampliación de la planta.
Durante toda la noche del martes y la madrugada de este miércoles se realizaron diligencias judiciales, en las cuales los investigadores de la Fiscalía revisan toda la información contenida en computadoras y otros documentos para establecer si efectivamente hubo irregularidades en las obras de modernización y ampliación de la refinería.
Según la Contraloría General de la República, los sobrecostos descubiertos equivalen a 1,5 veces la ampliación del Canal de Panamá y 1,15 veces lo que se estima costaría el Metro de Bogotá, pues se incrementaron en 4 mil 23 millones de dólares. Además, el atraso en las obras provocó pérdidas acumuladas de 1,69 billones de pesos.
Los responsables de Reficar emitieron en las últimas horas un comunicado en el cual niegan que la acción de la Fiscalía haya sido un allanamiento y la definen simplemente como una “visita” para “verificar la existencia de toda la documentación relacionada al proyecto”.
El escrito dice textualmente:
“En relación con la visita adelantada por la Fiscalía General de la Nación a las oficinas administrativas de Reficar en Cartagena y Bogotá, se informa:
- Reficar prestó toda la colaboración del caso a las autoridades que se hicieron presentes en sus instalaciones, por lo tanto no se trató de un allanamiento, figura penal que implica el uso de la fuerza. La finalidad es verificar la existencia de toda la documentación relacionada al proyecto, la cual siempre ha estado disponible para cualquier autoridad que la requiera. Reficar estuvo presto a entregar toda la información requerida por parte de este ente de control.
- Reficar reafirma que es la primera interesada en que se aclaren todas las dudas que se han generado alrededor del proyecto. Por lo cual, está dispuesta a colaborar con las autoridades, como lo ha hecho hasta ahora, para que se adelanten las revisiones sobre la gestión y la ejecución del proyecto.
- En ese sentido, la compañía espera que estas indagaciones arrojen resultados concluyentes que permitan dar mayor claridad a la diversidad de presunciones, por el momento infundadas, que empañan la reputación de un país y la trascendencia de un proyecto clave para la economía nacional, que impulsa con particular fuerza, la del Caribe colombiano. (Fin del comunicado)
Explicaciones tardías
Como en el caso de las barcazas de Bray, algo huele maluco en Reficar.
El pasado 27 de enero, los directivos de la Refinería de Cartagena, emitieron un comunicado en el cual atribuyeron los sobrecostos denunciados por la Contraloría a “olas invernales”, “conflictos laborales” y “menor productividad del contratista”, entre otras causas.
En el documento establecieron que “Reficar presentó oportunamente a la Contraloría las variaciones que ha tenido el proyecto en términos de su inversión y cronograma de ejecución, las cuales se detallan en cinco controles de cambio realizados al proyecto entre los años 2011 a 2015. Las causas de las variaciones no siempre son “sobrecostos”, subrayaron.
Y agregaron: Entre las variaciones se incluyen rubros como: 1) cambios en el alcance del proyecto; 2) mayores cantidades de obras; 3) el incremento de precios; 4) olas invernales; 5) conflictos laborales (huelga); 6) Ingeniería y planeación del contratista y 7) menor productividad del contratista.
También indicaron:
Reficar y Ecopetrol han aportado la información requerida por los organismos de control sobre el proyecto de ampliación y modernización de la refinería de Cartagena, incluida la relacionada con la contratación desde 2007, bajo la dirección de Glencore como socio mayoritario de Reficar hasta 2009, de la empresa Chicago Bridge and Iron (CB&I), contratista principal de la ejecución del proyecto.
“Desde 2008 se han realizado siete auditorías regulares y dos especiales a Reficar. Para las auditorías adelantadas en el 2015, Reficar dio respuesta a 530 requerimientos de información, sostuvo 187 reuniones con los delegados de la Contraloría, atendió cinco visitas al proyecto y entregó más de 14 mil archivos equivalentes a 38 gigas de información.
Reficar presentó oportunamente a la Contraloría las variaciones que ha tenido el proyecto en términos de su inversión y cronograma de ejecución, las cuales se detallan en cinco controles de cambio realizados al proyecto entre los años 2011 a 2015. Las causas de las variaciones no siempre son “sobrecostos”.
Digan lo que digan, los sobre costos no puede superar tres veces el valor contratado inicialmente, con perdidas por varios billones de pesos para el erario colombiano.
