Uber deja de funcionar en Colombia desde el 1 de febrero

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Así lo comunicó la empresa este viernes. La decisión es consecuencia de la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Por Chachareros/elespectador.com/bluradio

Uber informó que dejará de funcionar en Colombia desde el 1° de febrero de 2020 como consecuencia de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) del pasado 20 de diciembre.

Aquí la pregunta que surge es ¿tiene el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, la intencionalidad de proteger al usuario colombiano o al monopolio de taxistas de enorme poder económico y político en todo el país?

Porque si la plataforma Uber no estaba prestando el servicio dentro de la ley o ejerciendo competencia desleal, el primer paso era reconvenir a la empresa estadounidense a que se acogiera a las normas vigentes colombianas. Y no cortarles la cabeza de un solo hachazo, a sabiendas de que, de inmediato le sobrevendría a Colombia un pésimo precedente de una querella de una empresa foránea ante el Tratado de Libre Comercio (TLC), que, obviamente perderá Colombia, y ojalá Barrero González tenga que pagar de su pecunio el valor de dicha sanción.

El mal olor que deja este episodio es que sabido es que el gremio de los taxistas en Colombia le tienen ojeriza a todas esas plataformas de servicio digital de transporte individual por la sencilla razón de que el usuario negocia con la plataforma el valor de la carrera. En cambio, el monopolio de las poderosas empresas de taxis impone a su antojo la tarifa que les dé la gana, sin tener en cuenta la distancia a recorrer, ni mucho menos respetar el Índice de Precio al Consumir, ni el ruin aumento del salario mínimo que decretó el presidente Iván Duque.

En el fondo lo que está en juego es un jugoso negocio para unos pocos potentados que tienen hasta dos mil taxis afiliados en unas mal llamadas ‘cooperativas’ –que, como se sabe, pertenecen al sector de la economía solidaria para beneficiar con bienes y servicios a los socios, y no con el reparto de utilidades, ni mucho menos para acumular en una sola persona todo el poder que otorga el ser propietario de dos mil taxis en una de esas cooperativas.

Un abogado de una de las plataformas— que todavía no ha sido perseguida por Barreto González como lo hizo con Uber — es de la opinión, sin que le falte razón, que este escenario en un país como Colombia en donde la corrupción campea en todos los rincones de la nación, no es de extrañar que los multimillonarios taxistas hayan reunido una bolsa común, y con los servicios de un pool de abogados diestros en el soborno (que aquí se dan como la verdolaga en playa), estén repartiendo maletines llenos de plata para sacar de la competencia a las plataformas que traen nuevas tecnologías, mejores servicios y a menor costo.

Es una decisión arbitraria: Uber

“La compañía considera que la decisión es arbitraria, pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales. Por esta razón, apeló inmediatamente este fallo y está utilizando todos los recursos legales para defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”, dijo Uber.

El 20 de diciembre la SIC ordenó a la empresa suspender sus operaciones por competencia desleal y desviación de clientela. La determinación de la autoridad se dio en el marco de una demanda presentada por la empresa Cotech S.A. (proveedor de Taxis Libres) en contra de Uber BV, Uber Technologies INC y Uber Colombia S.A.S.

La decisión de la SIC fue apelada por Uber, lo que se resolverá en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.

«Uber respeta la ley y las decisiones emitidas por las autoridades. Sin embargo, decisiones como esta, responden también a la ausencia de una reglamentación del servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia», agregó la tecnológica en su comunicado.

Recordó que Uber «fue la primera compañía en ofrecer al país una alternativa de movilidad innovadora y confiable. Hoy, seis años después, Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología».

No se verán afectados

Aclaró que Uber Eats no se verá afectado por la decisión de la SIC. Los usuarios seguirán teniendo acceso a la aplicación de Uber Eats.

Esta semana, además, se supo la intención formal de la empresa originaria de Estados Unidos de iniciar un arbitraje internacional por el supuesto incumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre ese país y Colombia a raíz de la decisión de la SIC.

A propósito de esa intención Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en diálogo con Blu Radio, explicó que actualmente el proceso está en «una etapa que se denomina comunicación de intención de demanda, todavía no hay demanda”. Lo que seguiría es que ambas partes (Uber y el Estado) se sienten a discutir para buscar un acuerdo.

Pero en esa negociación no estará sobre la mesa que Uber se salve de cumplir el fallo judicial al que todavía le falta la segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá. “Colombia tiene que sentarse con Uber en esta etapa, pero es para discutir si se está violando o no el Tratado de Libre Comercio. Esto no es para discutir aspectos como la decisión de la Superintendencia, que es el caso más reciente que hemos visto al respecto”, explicó Gómez. Si no hay acuerdo, “el inversionista (en este caso Uber) tendría la posibilidad de presentar la demanda”.

A través de su cuenta de Twitter, la empresa indicó que espera que sea un «hasta pronto».

¿Persecución financiada por los taxistas?

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que durante una audiencia que se realizó este viernes, la entidad ordenó «el cese de la prestación del servicio de transporte a Uber», según informó un portavoz de la entidad.

En un comunicado, la SIC explicó que «en ejercicio de funciones jurisdiccionales, resolvió la demanda interpuesta por Cotech S.A. en contra de Uber BV, Uber Technologies INC y Uber Colombia S.A.S., y determinó que estas últimas incurrieron en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela (artículos 8 y 18 de la Ley 256 de 1996) al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte».

En el documento de la SIC también se lee que  se «estableció que Uber BV como licenciatario de la aplicación “Uber” presta el servicio de transporte público individual de pasajeros, al crear la oferta y poner a disposición de los usuarios dicho servicio. Esto viola las normas que regulan el mercado, genera una ventaja significativa en el mercado, y genera desviación de la clientela de Cotech S.A.».

La SIC ordenó que las partes demandadas cesen de inmediato «los actos de competencia desleal declarados y que se ejecutan haciendo uso de la aplicación ‘Uber'». La Superintendencia aclaró que este cese afecta directamente «la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades ‘Uber’ ‘Uber X’ y ‘Uber VAN’, por medio de la utilización de la aplicación tecnológica ‘Uber’ en el territorio colombiano».

Cotech S.A. es una compañía que, según su propio sitio web, le presta servicios de telecomunicación a Taxis Libres, una de las mayores empresas de taxis de Bogotá, la cual estuvo controlada por Uldarico Peña, el famoso líder de este gremio, quien murió en mayo de 2018.

Antes de la muerte de Peña, Taxis Libres ya había cambiado de manos y la gerencia quedó a cargo de Estefanía Hernández, hija de José Eduardo Hernández, otro de los dirigentes de la compañía de transporte.

Contra la decisión de la Superintendencia procede un recurso de apelación, que deberá interponerse en el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil.

Andrés Barreto, superintendente de Comercio, explicó en rueda de prensa que lo que sigue es que «Cotech S.A. debe tomar la sentencia, demandar ejecutivamente el cumplimiento y el Tribunal Superior de Bogotá, en este caso, dirá qué tiene que cumplir o no Uber».

«Uber apeló inmediatamente este fallo con el fin de proteger sus derechos y los de una comunidad de más de dos millones de personas que utilizan la aplicación, y que resulta contradictorio con las banderas de innovación, emprendimiento y economía naranja que el Gobierno defiende y promueve», dijo la empresa mediante un comunicado.

Muchos usuarios han preguntado si la plataforma seguirá en servicio en el país. El superintendente aclaró que son dos empresas que se demandaron. «Fue apelada la sentencia. Si usted va a utilizar el servicio está funcionando normalmente. Es un compromiso particular entre dos compañías que se están demandando y el juez le dio la razón a una».

En el documento, Uber lamentó y rechazó el fallo de la SIC. «Esta decisión refleja un acto de censura e infringe la Convención Interamericana de Derechos Humanos que ya condenó los intentos de bloqueo de la aplicación y sitio web de Uber por violar la neutralidad de red, libertad de expresión y libertad de internet».

Multa astronómica

Cabe recordar que el miércoles 18 de diciembre, la Superintendencia de Transporte dijo que Uber Colombia deberá pagar $414.058.000, que equivale a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (multa máxima establecida para esta clase de conductas) por facilitar y promocionar –a través de voceros o terceros, o de medios publicitarios o de difusión de cualquier índole – la prestación de servicios de transporte no autorizado en el país.  Desconociendo una vez más la orden de la Superintendencia de Puertos y Transporte, en la que pedía a la empresa cesar esta conducta.

Es decir, una multa que equivale a los costos de operación de la SIC con pasajes de avión en cla A, hoteles 5 estrellas y viáticos equivalentes a las de un ministro de despacho.

La situación generada por la SIC ha ocasionado que el Cofundador de Uber ha vendido más de US$1.600 en acciones de la compañía. La Superintendencia de Transporte solicitó explicaciones a Uber Colombia, el pasado 6 de diciembre, sobre el presunto incumplimiento de la orden expedida previamente por la entidad de cesar la facilitación y promoción de servicios de transporte terrestre no autorizados.

Fue precisamente por facilitar la prestación de servicios ilegales que la Supertransporte impuso en 2015 y 2017 sanciones a Uber Colombia.

En octubre, Uber informó sobre el retiro de una inversión de US$40 millones en Colombia para la construcción de su tercer Centro de Excelencia de Latinoamérica, que iba a ser inaugurado en 2020 y generaría 600 empleos directos en Bogotá.

La compañía aseguró que tomó la decisión “a causa de los seis años en los que llevamos buscando una conversación regulatoria que nos lleve a una estabilidad jurídica en el país, pero que no ha avanzado».

Este no es el único lío de Uber en tiempos recientes. A finales de noviembre, las autoridades de Londres le denegaron a la empresa la concesión de una nueva licencia de operación por cuestiones relacionadas con la seguridad de los pasajeros.

Según reportó Bloomberg, al regulador del transporte en Londres (conocido como TfL), “le preocupa especialmente un fallo de la aplicación que permite a los conductores no autorizados subir sus fotos a cuentas de los conductores de Uber, lo que les permite recoger a pasajeros como si fueran un conductor con licencia. Esta infracción ocurrió en al menos 14.000 viajes, incluidos algunos trayectos con conductores a los que se les revocó la licencia, según la TfL. Los conductores despedidos y suspendidos también pudieron crear una cuenta de Uber y llevar a pasajeros”.

La capital británica es uno de los mercados más lucrativos para la empresa a nivel global, con

excepción de Estados Unidos. En ella, la plataforma cuenta con 45.000 conductores licenciados.

SIC prefirió proteger a los monopolios

El anuncio de la salida de Uber de Colombia ha generado una fuerte discordia en en el país, por la absurda e inexplicable postura del Superintendente de Industria y Comercio (SIC), Andrés Barreto González, de preferir proteger a un monopolio que abusa de esa condición dominante para imponer tarifas a las buenas o a las bravas, con sus huelgas y bloqueos, como un remedo despreciable del sindicato de taxistas de Nueva York, en la época de la mafia, protegidos por los más peligrosos gansters. Diferentes expertos, congresistas, y hasta las otras apps de transporte se han pronunciado frente a este hecho que enfrenta los avances tecnológicos e innovaciones mundiales frente a la regulación colombiana.

En Colombia en la actualidad no acuden a los jurásicos gánsters de la mafia neoyorkina, sino a los llamados’ abogansters’, que los hay por montones.

Para el exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones David Luna “el Gobierno y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) prefirieron, en contra del consumidor, proteger los monopolios y expulsar la tecnología violando la ley, violando el principio de neutralidad de red. Estamos viviendo el principio del fin de los beneficios que genera la economía digital. Esto es vergonzoso, ojalá recapacite el Gobierno”.

Asimismo, el representante a la Cámara Mauricio Toro considera que es un retroceso la salida de Uber, y señala que la reacción de la empresa fue apresurada pues todavía no se ha “resuelto el recurso de apelación por parte del Tribunal Superior contra la decisión de la SIC (que ordenó el pasado 20 de diciembre la suspensión de Uber)”. Además, insistió en la necesidad aprobar el proyecto de Ley que regula el servicio de transporte mediado por plataformas, iniciativa que espera su primer debate en el Congreso.

Por su parte la plataforma Beat dijo que “lamenta que las decisiones adoptadas recientemente en el país entorno a la industria que están limitando el acceso a servicios y oportunidades. Tenemos la esperanza que la situación actual abra un diálogo con el Gobierno para crear una discusión acertada en la cual se tengan en cuenta todas las partes y se priorice al ciudadano”.

¿Qué dijo el Gobierno?

El Ministerio de Transporte emitió un comunicado en respuesta a la salida de Uber en el que dice que “promueve la innovación y la inversión extranjera bajo las perspectivas de cumplimiento de la normatividad vigente, la legalidad y el cumplimiento de la Ley”. Pero advierte que existen leyes, como la 105 de 1993 y la 336 de 1996, indican que está prohibido prestar el servicio público de transporte en un vehículo privado.

Sin embargo, en el mismo comunicado el Gobierno reconoce que “se deben realizar reformas en el Congreso de la República para prever estos fenómenos nuevos de economía colaborativa, que permita nivelar las reglas del juego para todos los actores determinando nuevas condiciones de habilitación”.

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