Las 2 caras de la moneda que tienen a Colombia en su peor crisis

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El uribismo defiende a ultranza a los ‘generadores de riqueza’. Los sectores populares hablan por quienes cada día tienen menos con qué comer.

Por Rafael Sarmiento Coley

Luego de haber quedado otra vez con su servicio de Twitter (se lo habían suspendido como sanción por mal uso en sus trinos), el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez reapareció en las redes sociales para explicar «las bondades y los alcances de esta reforma tributaria»  que cursa en el Congreso de la República, y que ha sido uno de los detonantes del prolongado paro de la sociedad civil colombiana, en un histórico levantamiento que no tienen parangón en la Nación.

Uribe Vélez asegura que la reforma tributaria es benéfica para el crecimiento económico  y la generación de empleo. Asegura que, en primer lugar, la más beneficiada es la pequeña empresa, que de esa manera, a su vez, trasladaría enormes beneficios sociales a la clase trabajadora.

Y pone el espejo retrovisor al gobierno de Juan Manuel Santos, señalándolo por el mal manejo que le dio a la economía durante su segundo cuatrienio, lo cual estancó la reducción de la pobreza.

En su análisis sostiene que Colombia tiene que cambiar el enfoque tributario para aliviar a las grandes y medianas empresas que, según él, pagan los más altos tributos de los países miembros de la Organización para la Cooperación del Desarrollo (Ocde).

En dicha escala señala que en países como Estados Unidos las empresas pagan en impuestos el 39.8 por ciento. Los países de América Latina, en promedio, el 46.7%; Chile el 34%; Perú el 36%; México el 50%; Brasil 65% y Colombia, según Uribe Vélez, supera el récord con el 71.9%.

Son las cifras que analiza un economisista. No un estadista, que debería mirar las cifras que golpean al 80% de los colombianos, a causa de leyes que el propio Uribe Vélez, ‘parió’, defendió y fue su aguerrido ponente.

Por este ‘trino’ al actor y director Julián Román, lo han vetado en los canales de televisión serviles al actual Gobierno y su Partido Centro Democrático.

No menciona, por ejemplo, que gracias a sus despreciables leyes 100, 50 y 30, arruinó, a la clase trabajadora. No fue el cuatrienio de 2014 el que frenó el crecimiento de la economía social, es decir, la economía de los pobres. Fueron sus mezquinas leyes que favorecieron al 10% de los ricos más ricos del país, y envileció al 90% de los pobres más pobres de Colombia, quitándoles las horas extras, la pensión sanción, recargo nocturno y los pagos dobles por trabajos dominicales y festivos, y, violando todos los derechos adquiridos con lo cual se pasó por la faja la Constitución de 1991, le quitó dos mesadas a los pensionados, sin que estos tuvieran derecho a defenderse.

Y ahora, haciendo uso del excesivo culto a la personalidad al considerarse el mecías salvador de Colombia, propone rematar todo lo poquito que queda de las empresas estatales, algunas de las cuales ya con nombre propio: Colpensiones para el tiburón más regordete, Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Sarmiento Angulo es acaparador de tierra: Congresista

En documento enviado al empresario multimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo por el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Wilson Néber Arias Castillo, quien remitió el texto a este portal, señala:

“En nuestras investigaciones en materia de tierras y desarrollo rural, nos hemos encontrado con acaparamiento de baldíos nacionales por empresas suyas. Usted y sus bufetes de abogados conocen que dichas tierras de la nación tienen como destino el acceso progresivo a la propiedad rural de los campesinos y trabajadores agrarios en condiciones de pobreza. Y que la norma *prohíbe* acumular más de una Unidad Agrícola Familiar UAF, a fin de que con ello no se concentre la propiedad de la tierra.

“Se trata de graves hechos que no podemos pasar por alto, y que estoy en la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía y de las autoridades competentes. Al respecto, de cara a mi actividad parlamentaria quisiera dirigirle tres simples preguntas, que seguro se harán también millones de colombianos a quienes compartiré sus respuestas, que pronto espero.

“La primera pregunta es:

Clara María González Zabala, según Yidis Medina, tiene un largo rabo de paja que le impediría ser Fiscal.

Como ave de mal agüero, la excongresista se le ha atravesado a la terna de Duque para Fiscal General. Dice que todos serían ‘fiscales de bolsillo’.

“¿Bajo qué consideraciones usted *dueño* de cuatro *Bancos* , un *Periódico Nacional,* un *Fondo* *de* *Pensiones* , una *Cadena de Hoteles* , *Concesionarias Viales* , *Constructoras de Vivienda* , *Compañías Petroleras y de Gas* , y otros tantos negocios – se *cataloga* como *campesino pobre* y, por tanto, sujeto del derecho a acceder a baldíos de la nación?

“El interrogante me surge, porque en mis averiguaciones he constatado que más de *13 mil hectáreas* , la mayoría proveniente de procesos de reforma agraria (entregada a campesinos) en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, son ahora de su propiedad. Así, por ejemplo, su Organización Pajonales S.A. acumula más de *4.000* hectáreas en una zona donde la Unidad Agrícola Familiar alcanza las *699* hectáreas. Considerando solo Pajonales, usted ya ha violado con creces la prohibición de acumular baldíos.

“Las dos siguientes preguntas, se derivan de los siguientes hechos:

“Cualquier colombiano, sin temor a equivocarse, puede afirmar que la mayor parte de su riqueza proviene de dos fuentes, una más conocida que la otra:

“1. De la renta extraída del cobro que les hace a sus clientes de los *Bancos Popular, Occidente, AV Villas y Bogotá,* y de otros negocios financieros.

“2. De la contratación y de la *ayuda estatal*.

“Para efectos de su respuesta, solo considere lo segundo; más exactamente, los cuantiosos recursos *no reembolsables, * que usted ha recibido en sus negocios agroindustriales.

“Así las cosas, le pregunto entre atónito y asombrado:

“¿De dónde surge su derecho a postularse para acceder a los créditos *Subsidiados* por el Estado Colombiano, a través de Finagro por valor de *35.600* millones de pesos, mientras usted en sus bancos cobra a los colombianos intereses cercanos a la *usura* ?

“Su fortuna, según Forbes, asciende a *US $13 billones de* *dólares* , riqueza que lo clasifica en el puesto *64* de esa revista, de lejos, *usted es el hombre más rico de* *Colombia* y está entre los más *ricos del mundo.* En ese orden de cifras, ¿con qué criterio ético y responsabilidad empresarial usted se hace beneficiario de incentivos y recursos públicos, tales como: *CIF (187* *millones), AIS* *(375 millones) y* *exenciones* *tributarias* (sin valor reportado aún)?

“Yo no sé si su contador estará de acuerdo conmigo, pero sostengo que si usted devuelve a los colombianos dichos recursos y las tierras adquiridas vulnerando la ley, no perderá su actual escalafón en Forbes, y tampoco pondrá en riesgo sus finanzas personales o familiares.

“Señor Sarmiento, con firmeza y alzando la voz por millones de colombianos, le solicito reintegre esos recursos a nuestra nación. *Pague señor Sarmiento, ¡pague, aunque sea sin reconocer los intereses! *

“Atentamente, Wilson Néber Arias Castillo, Representante a la Cámara, Valle del Cauca”.

Así son las exenciones para los más ricos

Por su parte el consagrado periodista Daniell Coronell, en su columna en la revista Semana, señala lo siguiente:

«Una beneficiaria de los dineros regalados por Agro Ingreso Seguro paga 30 dólares al año de impuesto predial por una bella hacienda de más de 700 hectáreas en una de las zonas más costosas del país. La protagonista de esta historia es una elegante dama subsidiada con dineros públicos. Se llama María Clara Fernández de Soto Saavedra de Dávila. Si el aristocrático nombre no le dice nada, empiezo por contarle que doña María Clara es la ex suegra de la recientemente absuelta exreina Valerie Domínguez.

Ella es la mamá del ex novio de Valerie, el recordado Juan Manuel Dávila Fernández de Soto. Doña María Clara declaró en el juicio contra su atractiva exnuera por el caso AIS. Allí aseguró que la reina de belleza sabía todo y que recibió los subsidios cuestionados como un abono para la semilla del nuevo capital familiar que arrancaba con ese prometedor romance.

En la audiencia de juzgamiento, doña María Clara, aseguró: “Como él (Juan Manuel) ya había tenido un beneficio por la sociedad de la finca de la familia, entonces le pidió el favor a Valerie y la verdad lo vi como un proyecto de vida de ellos en pareja”.

La suegra, muy comprensiva y generosa con la plata de los contribuyentes, parece estar acostumbrada a recibir bastante del Estado y a no entregarle casi nada.

Los 2.200 millones de Agro Ingreso Seguro -que lograron con los múltiples fraccionamientos de una propiedad familiar en la costa- la tienen hoy pagando una condena de 22 meses que cumple en la severidad de su domicilio porque la justicia le otorgó el beneficio de casa por cárcel.

Eso fue por lo que hizo con una de sus haciendas en el Magdalena. Sin embargo, hay otra de sus propiedades, al otro lado del país, que sirve para mostrar que esas no son las únicas inequidades que se vienen cometiendo en Colombia.

La Hacienda Santa Bárbara está en Ginebra, Valle. Extiende sus magníficos predios desde el río Guabas hasta la estación de Policía de Costa Rica. Una superficie de 777 hectáreas sembradas de uva y caña de azúcar.

El predio tiene tanta tradición y abolengo como sus dueños. Tal vez por eso su casa señorial figura en los archivos históricos del Valle del Cauca. Sirvió como solar a los Fernández de Soto, los Saavedra, los Sanclemente, los Cabal y otras ilustres familias vallecaucanas.

En los últimos cincuenta años ha sido propiedad de dos compañías: Santa Bárbara Ltda. y JM Saavedra y Compañía Sociedad en Comandita. Las dos empresas han tenido una socia en común: doña María Clara Fernández de Soto Saavedra de Dávila.

Lo curioso es que la fértil tierra está avaluada apenas en tres millones de pesos. La factura de impuesto predial que fue emitida en septiembre de este año señala que para el cálculo del impuesto la Hacienda Santa Bárbara vale solamente $3.201.000.

La histórica finca cuesta –a la hora de pagar predial- menos del 10 por ciento de lo que vale una vivienda de interés social en Cali, Santa Marta o Bogotá.

En consecuencia, la sociedad de doña María Clara paga cada año por impuesto predial $58.108 pesos. Más o menos lo mismo que cuestan 10 kilos de las uvas que crecen en sus fecundos predios.

El caso es llamativo, pero no único. Ilustra perfectamente la avaricia de unos cuantos que exprimen al Estado con subsidios y exenciones, pero encuentran la manera de burlar los impuestos que deben pagar.

A un profesional que reciba un salario mensual de $3.800.000 le descuentan además de los aportes de salud y pensiones, $54.000 por retención en la fuente y fondo de solidaridad. Una suma similar a la que paga la hacienda del ejemplo por un año de predial.

Al final del año, el asalariado habrá contribuido a la sociedad con $648.000 y la finca de la recordada suegra con menos de $60.000.

Una desproporción que quizás deba estudiarse ahora cuando se inicia el trámite de una nueva reforma tributaria.» Daniel Coronell.

Clara María González y Yidis Medina

Clara María González Zabala es la que sale peor librada de los señalamientos de Yidis Medina, el botón demuestra de la yidispolítica para la reelección de Uribe.

La excongresista Yidis Medina dijo, en Noticias Uno, que Clara María González, una de las ternadas del presidente Iván Duque para asumir la Fiscalía General de la Nación, le decía que mantuviera su mentira, e incluso, en palabras de la exparlamentaria, la entrenó para mentirle a la Corte Suprema de Justicia.

“Me prepararon para decirle las mentiras que en ese momento yo le dije a la Corte. Que siempre mantuviera la mentira porque había que taparle al presidente Álvaro Uribe. […]. Clara María me decía: ‘Usted no tiene que decir nada para lo que tiene que ver con la perdida de investidura porque eso lo hago yo con mis relaciones. Yo tengo muy buenas relaciones al interior del Consejo de Estado”, manifestó la excongresista.

La exrepresentante contó, en el informativo, que fue un grupo de “prestigiosos abogados” quienes le pusieron a González como abogada para defenderla, pues estaban contentos porque Medina había cambiado su voto para apoyar la reelección de Uribe.

Pero esa no es la única situación que mancha la hoja de vida de González, actual secretaria jurídica de la Casa de Nariño.

Yidis Medina salió de sus cuarteles de invierno para sacarles los trapitos al sol a los ternados para Fiscalía.

En ese cargo, precisamente, la candidata negó información sobre los viajes, viáticos e ingresos de funcionarios del Palacio al Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción (IIEA), ONG que combate la corrupción en Latinoamérica, según escribió Camilo Enciso en una columna que El Espectador le invitó a hacer.

De acuerdo con el texto de Enciso, González respondió a un derecho de petición de la ONG diciendo que se estaba “abusando del derecho a solicitar información”, y aseguró que la recopilación de esos datos llevaría cerca de seis meses y la dedicación exclusiva de funcionarios a esa labor, lo cual, según el columnista, que dice que trabajó en la Presidencia, resulta “falso” porque ese organismo tiene plataformas donde esa información ya está registrada.

Asimismo, se lee en la columna, la funcionaria le pidió a las 37 entidades gubernamentales responder de la misma manera, en caso de que el derecho de petición llegara a esos entes.

“La doctora González participó de manera directa en el diseño de una estrategia específicamente hecha para restringir el derecho que tenemos los colombianos a acceder a información pública […]. La conducta de la Dra. González no sólo demuestra que el promocionado compromiso del actual gobierno con la transparencia es falso, sino que genera serias dudas acerca de su idoneidad para ser elegida fiscal general de la Nación”, escribió Enciso.

González ya presentó sus propuestas para ser fiscal general ante la Corte Suprema de Justicia, y ahora será el alto tribunal el que decida si ella es apta para ocupar el cargo que dejó Néstor Humberto Martínez.

Los otros candidatos son Francisco Barbosa que, de acuerdo con Noticias Uno, trató los casos de Dimar Torres y Flower Trompeta; y Camilo Gómez que, según ese informativo, trabajó con un noble español cuestionado por sobornos y estafa.

La fantástica riqueza de los ‘muchachitos’ de Uribe

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1. Rafael Sarmiento Coley

Director general de Lachachara.co y del programa radial La Cháchara. Con dos libros publicados, uno en producción, cuatro décadas de periodismo escrito, radial y televisivo, varios reconocimientos y distinciones a nivel nacional, regresa Rafael Sarmiento Coley para contarnos cómo observa nuestra actualidad. Email: rafaelsarmientocoley@gmail.com Móvil: 3156360238 Twitter: @BuhoColey

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