El Estado pidió perdón por crimen de Correa de Andreis

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Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Camilo Gómez Alzate dijo que el país no debe permitir que se repitan estos casos infames. Defensor de la familia dice que aún quedan muchos cabos sueltos.

Por Chachareros

 

A pesar del perdón oficial, en medio del dolor y la desesperanza varios de los familiares del sociólogo Alfredo Correa de Andreis aseguran que todavía quedan muchos culpables que andan libres muertos de la risa, entre ellos ‘la cabeza mayor’ que ha ordenado tanto derramamiento de sangre en Colombia, varios de sus más cercanos colaboradores, entre otros Javier Valle, quien vive a todo dar en Estados Unidos, y un magistrado que ejerce en Barranquilla.

Camilo Gómez Alzate, director Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en un acto simbólico lleno de dolor por parte de la familia, amigos y colegas catedráticos del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, este martes, al cumplirse 15 años del crimen, pidió perdón en nombre de los colombianos por este abominable homicidio orquestado desde las propias entrañas estatales en contubernio con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que comandaba en la Costa Caribe el valduparense Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40, extraditado a Estados Unidos) y su lugarteniente Edgar Fierro Flórez (Alias ‘Don Antonio’, preso en Barranquilla).

Gómez Alzate, un pastranista ‘purasangre’, quien fue secretario privado de Andrés Pastrana cuando éste fue Alcalde de Bogotá, luego ocupó el mismo cargo cuando su jefe político alcanzó la Presidencia de la República (1998-2002), y en el mismo período Comisionado de Paz, sostuvo que este es un “perdón que el Estado pide de todo corazón, aunque con ello no podamos regresar a la vida al profesor Correa de Andreis”.

El Estado debe garantizar la vida y honra

Alfredo Correa de Andreis, revisa uno de sus tantos escritos sobre las condiciones inhumanas en que vivían los desplazados por todos los grupos armados al margen de la ley.

Agregó que “el Estado no solo pide perdón en este caso sino en todos los sucesos similares y lo hará cada vez que sea necesario. Pero no solamente se trata de pedir perdón, sino se trata de tomar todas las medidas que sea necesarias para que esto jamás vuelva a suceder y el Estado no tenga que verse en este tipo de actos, porque los colombianos debemos vivir dentro de todas las libertades y garantías de su vida y honra”.

También explicó que “el caso del crimen ya está fallado, hay dos o tres personas condenadas. Ahora sigue en el escenario de los derechos humanos. Hay una indemnización para la familia, ordenada por el Consejo de Estado”, (no sabe de cuánto es). Así lo ordena una decisión del Consejo de Estado. Y lo hemos adelantado, además, de corazón, porque sucesos como estos jamás debieron haber sucedido y esperamos que jamás vuelvan a presentarse.

En la Uninorte, Camilo Gómez Alzate, encargado de la defensa jurídica del Estado, en el acto de pedir perdón por el homicidio de Alfredo Correa. Al fondo, el padre de la víctima, Alfredo Correa Galindo, y la hermana Magda Correa de Andreis.

En cuanto a los cabos sueltos que quedan con respecto al crimen de lesa humanidad Gómez Alzate sostuvo “le preguntaré al señor Fiscal General por las investigaciones pendientes. Averiguaré por el caso de extradición o deportación que está también en trámite y estaremos muy pendientes del desarrollo de estas indagaciones. Recordemos que por este caso hay varios condenados tras las  rejas: el exdirector del DAS (el samario Jorge Noguera) cumpliendo una condena por parte de la Corte Suprema. Igual hay una condena. Hay otra condena por parte del Consejo de Estado. Y esto de ahora es parte del trabajo judicial. Lo que significa que la Justicia actuó. Jorge 40,  quien del mismo modo está vinculado al proceso, está pendiente de lo que le responda la JEP”.

Eloisa De Andreis y Magda Correa De Andreis, madre y hermana de Alfredo, durante el acto en la Universidad Simón Bolívar.

Gómez Alzate reconoció que la JEP tendrá que analizar. Si ve que cumple con los requisitos, esa entidad decidirá. “Sobre eso no emito opiniones. No es mi competencia. Desde luego, espero que la JEP analice todos los hechos tal como sucedieron. Lastimosamente no existe nada que nos devuelva vivo al profesor, pero por lo menos luchamos por esclarecer los hechos y limpiar su imagen y hacerlo con el corazón y con la sinceridad con la que hemos venido a nombre del Estado, algo ayudará a aliviar el dolor de la familia. Nunca debió suceder ese crimen. ¡Jamás! Y sucedió. Ahora el Estado no solamente ha pedido perdón. Ha juzgado a los responsables. Hay condenados. Hay presos. Ha ordenado que prosigan las investigaciones contra otros implicados. Ha ordenado las indemnizaciones”.

La trama del homicidio

Camilo Gómez Alzate da sus condolencias a Alfredo Correa Galindo, padre del inmolado sociólogo y catedrático.

De acuerdo con el cúmulo de evidencias hoy en poder de la Fiscalía General de la Nación, el homicidio del exrector de la Universidad del Magdalena y profesor de las Universidades del Norte y Simón Bolívar, es apenas una pequeña muestra de la estrategia diabólica que se montó recién iniciado el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

La trama partió del episodio de la silla vacía en el inicio del gobierno de Andrés Pastrana Arango, antecesor de Uribe. La bandera de la campaña pastranista ffue ellogro de la paz, y tenía plena fe en que él sentaría a manteles a Manuel Marulanda (alias Tirofijo), el jefe histórico de las Farc, para firmar la pipa de la paz. Tirofijo, zorro viejo, no cumplió la cita y lo dejó con la silla vacía en la mesa principal del inicio de los diálogos en el Caguán

Fueron cuatro años del más brutal y demente accionar de las Farc, lo que le sirvió a Uribe de dinamita para llegar al poder a caballo. Solo con el discurso de darle bala a las Farc y a sus testaferros y secuaces en los centros urbanos, fue suficiente para que ganara de manera abrumadora.

A matar ‘izquierdistas’

Camilo Gómez Alzate, en el acto central llevado a cabo a primera hora en la Universidad Simón Bolívar, en la cual era catedrático Alfredo Correa de Andreis.

Era obvio que, con semejante respaldo popular, Uribe Vélez se endiosó y le dio rienda suelta a todo su odio contra las organizaciones de izquierda. De esa manera recurrió a hombres de su confianza para colocarlos en puestos claves como en la dirección del hoy desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en donde colocó a su perrito faldero en el Magdalena, Jorge Noguera, quien a su vez designó como su hombre de confianza en calidad de Director del DAS en el Magdalena, a Javier Valle Anaya, quien era el enlace directo entre la agencia de seguridad estatal y las autodefensas comandadas en el Caribe colombiano por el valduparense Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), con Jorge Fierro Florez (alias don Antonio), como su segundo de a bordo.

La orden del Jefe Supremo

Montada la trama, la orden “que nos dio el Supremo Jefe”, fue seguir día y noche a los sospechosos de ser instructores, asesores o simples colaboradores urbanos. De esa manera encontraron que el sociólogo y catedrático Alfredo Correa de Andreis adelantaba algunas investigaciones sobre las condiciones de vida de numerosas familias desplazadas por grupos armados al margen de la ley, tanto de la guerrilla como de las AUC.

Y, al igual que Correa de Andreis, había decenas de sospechosos de ser colaboradores de las guerrillas. Y, por simples sospechas, fueron matando de uno en uno, hasta llegar a la macabra cifra de 55 seres humanos inocentes.

Hasta cuando le llegó el macabro turno al profesor Correa de Andreis, a quien primero lo ‘empapelaron’ con cinco testigos falsos, reinsertados de las Farc: Javier Alfredo Larrazábal, José Daniel Satizábal, Mayerlin Torres Carvajal, Eliécer Vivas Cuervo y Yamile Barrios Villegas. Fueron presentados como testigos y recibidas sus declaraciones entre el 13 y el 20 de agosto de 2003. A cada uno les pagaron $ 850 mil. Todos esos testimonios están grabados en el computador portátil de Jorge 40, que le fue incautado en Barranquilla a Don Antonio, quien orientó el montaje de la trama junto con Javier Valle Anaya y la presunta participación directa del entonces Juez Diógenes Demóstenes Camargo.

¿Extraditarán a Valle Anaya?

Según el abogado defensor de la familia Correa de Andreis, José Humberto Torres, no se explica “cómo una persona implicada en un caso tan macabro siga administrando justicia, hoy como magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla”.

Y al igual que Camargo, andan sueltos de madrina otros miembros de la banda que orquestó y aplicó la estrategia para matar de manera impune cerca de un centenar de inocentes. Es lo mismo que ocurre con el caso Valle Anaya, quien de manera astuta, cuando olfateó que estaban a punto de ser descubiertos y  ya su jefe Jorge Noguera estaba preso y condenado a 40 años de prisión y el pago de una multa de 106 millones de pesos, alzó el vuelo y se fue a Nueva York a pedir asilo político dizque porque era un ‘perseguido de los grupos armados al margen de la ley amparados en las banderas castro-leninistas de las Farc’. Y los gringos lo acogieron con ese señuelo burdo.

Por el homicidio de Correa de Andreis, ocurrido el 17 de septiembre de 2004, fueron condenados: Jorge Noguera, 40 años de cárcel y multa de $106 mil millones; Javier Valle Anaya (el asilado en EU), 40 años de prisión y $11 mil millones de multa; Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), 26 años de cárcel y multa de 100 mil millones de pesos; Juan Carlos Rodríguez (alias ‘El Gato’), 40 años y 3.500 salarios mínimos legales mensuales, la misma condena que purga Edgar Fierro Flórez (alias ‘Don Antonio’).

“Y todavía hay muchos culpables sueltos y en el anonimato”, según uno de los familiares del inmolado sociólogo nacido en Ciénaga, Magdalena, y residente en Barranquilla desde muy joven.

El abogado de la familia, José Humberto Torres, asegura que “tarde o temprano se conocerán otros nombres, los verdaderos ordenadores de toda esta demencia”.

 

 

 

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