8 de octubre, Uribe Vélez estará ante Corte Suprema de Justicia

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El expresidente y senador anuncia que está listo para responder a todo lo que le pregunten los honorables Magistrados. «He cometido errores, pero jamás delitos. Yo respeto mucho a la Justicia».

Por Chachareros/CaracolTV/eltiempo.com

 

El magistrado César Augusto Reyes Medina fijó la fecha para la indagatoria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez en una investigación por presunta manipulación de testigos.

El próximo 8 de octubre, el exmandatario tendrá que presentarse a la Corte acompañado de su abogado a responder en un proceso por los delitos de soborno y fraude procesal.

Hace un año se inició la investigación formal contra el expresidente, y luego de varios tropiezos, entre ellos el paso del expediente de la Sala de Casación Penal a la nueva Sala de Instrucción y, por tanto, el cambio de magistrado, finalmente se conoce la fecha de la diligencia judicial.

El mismo expresidente publicó en sus redes sociales la citación, que le fue enviada por el alto tribunal. También  declaró que «he cometido errores, pero jamás delitos».

En agosto del año pasado, la Corte había decidido escuchar a Uribe Vélez, pero esa diligencia no se realizó por el cambio de Sala del proceso. En el mismo auto se había citado al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada. Este último fue citado para ser escuchado el 9 de octubre.

El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, pasó de acusado a fuente principal de los cuestionamientos que tienen empapelado al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

El proceso se abrió luego de que la Corte decidiera no investigar al senador Iván Cepeda, quien había sido denunciado por Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. El alto tribunal, en su decisión, termina la investigación a Cepeda y compulsa copias contra el denunciante (Álvaro Uribe).

En concreto, se investiga si con el consentimiento del expresidente personas allegadas «habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos».

En el expediente contra Uribe Vélez hay 8 cuadernos, cada uno compuesto por 300 folios. También tiene 9 anexos, 6 de ellos reservados y 137 registros de audio.

Hace tres días, la sala de instrucción que lo investiga decidió negarle a Uribe la más reciente petición con la que intentaba anular el proceso en su contra. La sala concluyó que siempre se le ha respetado el debido proceso y que las interceptaciones en medio de la investigación han cumplido todos los requisitos de legalidad.

En la decisión inicial de julio del año pasado se compulsaron copias a la Fiscalía para investigar las actuaciones del abogado Diego Javier Cadena Ramírez y la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, «exfuncionaria que se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra el señor Santiago Uribe Vélez».

Igualmente fue investigado el abogado Jaime Lombana, a quien ya la Fiscalía les archivó el proceso al no encontrar evidencias para seguir adelante con un caso penal.

Luego de que el exmandatario sea escuchado en indagatoria, el 8 de octubre, la Corte tendrá que definir su situación jurídica. Es decir, si el investigado es objeto de alguna medida de aseguramiento o si gozará de su plena libertad mientras sigue avanzando el proceso.

¿Por qué la Corte negó la nulidad del proceso contra Uribe?

La Corte Suprema de Justicia negó una petición de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para declarar la nulidad de la investigación por soborno y fraude procesal.

Desde el año pasado la defensa de Uribe Vélez había pedido anular el proceso argumentando vicios procesales y también había pedido que se excluyeran unas pruebas de la investigación, entre esas las grabaciones de interceptaciones al excongresista Nilton Córdoba. Esta evidencia y otras relacionadas con controles telefónicos no podrían ser usadas en el proceso si hubiera prosperado el recurso.

En febrero de este año la Corte había negado la nulidad ante lo cual la defensa del expresidente interpuso un recurso de reposición, que fue negado el viernes en la noche y notificado en la mañana de este lunes, explicó David Espinosa, abogado del expresidente y senador Uribe

El Alto Tribunal consideró que la investigación debe continuar por los delitos de soborno y fraude procesal. Sin embargo, la Corte no fijó fecha para escucharlo en indagatoria.

Espinosa dijo que tras esta decisión de la corte lo que sigue es afrontar la investigación formal y que se hagan las pruebas que ha solicitado, con el fin de probar «que todo lo que se dice es una vil y canalla trampa en contra del presidente Álvaro Uribe, tratando de procesarlo de manera ilegal».

Entre las pruebas que la defensa le pedirá a la corte decretar son los testimonios completos de varias de las personas que intervinieron en las situaciones por las cuales se investiga a Uribe, para que tanto los magistrados como la defensa y la Procuraduría puedan escuchar de primera mano y contrapreguntar a estas personas.

El proceso llegó en noviembre del año pasado a la nueva Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y en febrero esa Sala ya había negado una nulidad de una petición de la defensa del exmandatario y senador.

En ese momento la Corte consideró que las pruebas que los anteriores magistrados habían ordenado practicar en el caso de Uribe fueron legales, y que en el proceso no hubo arbitrariedad, ni extralimitación por parte del magistrado Barceló, cuando abrió la investigación.

Un año después: ¿en qué va la investigación?

Soborno y fraude procesal. Esos fueron los delitos por los que hace un año la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez considerando que había pruebas de que el expresidente y hoy senador, presuntamente estaba intentando convencer a testigos para que se retractaran de las afirmaciones en su contra y en las que lo involucraban con grupos paramilitares.

El expresidente y senador Álvaro Uribe sale de la Casa de Nariño al lado de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez.

Hace un año el entonces magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema, llamó a indagatoria a Uribe, abriendo formalmente un proceso penal en su contra y decretando varias pruebas. Ese día el mismo Uribe aseguró que renunciaría al Senado para adelantar su defensa.

«Me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo, adelantar mi defensa. Por lo anterior renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia», afirmó Uribe.

Pero la renuncia nunca llegó y, días después, Uribe se retractó. «He pedido al senador Ernesto Macías, presidente de la Corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria». La retractación de Uribe se dio después de que varios sectores advirtieron que, si dejaba el Senado, su caso ya no lo llevaría la Corte sino la Fiscalía.

Desde entonces, varias situaciones han ocurrido y condujeron a que el expresidente no fuera citado a la indagatoria, sino hasta ahora.

La apertura de una investigación contra Uribe en el 2018 coincidió con la entrada en vigor de la ley de doble instancia para aforados que cambió el mecanismo de investigación y juzgamiento que tenía la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala Penal.

Con esa ley del 2018 (que no es retroactiva, es decir, no cobija casos anteriores a ese año) se crearon dos nuevas salas en la Corte Suprema: la de Instrucción, que se encarga de llevar las investigaciones, y la de Juzgamiento en Primera Instancia, que se encarga de desarrollar los juicios. Así, la antigua Sala Penal quedó encargada de discutir la segunda instancia, en los casos en los que la de Primera emitiera una condena

Por eso el expediente contra Uribe pasó el 2 de noviembre del año pasado a la nueva Sala Especial de Instrucción, concretamente a las manos de la magistrada Cristina Lombana Velásquez.

El siete de febrero de este año la Corte admitió que el senador Iván Cepeda se constituyera como parte civil en este caso contra Uribe, ya que la supuesta manipulación de testigos de la que la Corte señala al expresidente se habría gestado inicialmente en un supuesto plan para desprestigiar al senador del Polo Democrático.

La razón por la que la Corte admitió a Cepeda como parte civil se remonta a otro hecho que sucedió el año pasado. Al evaluar una denuncia del mismo Uribe, el 16 de febrero del 2018, la Corte encontró que Cepeda nunca presionó testigos, encontrando que no era cierto lo que señalaba Uribe, quien dijo que el senador del Polo estaba visitando a exparamilitares en las cárceles ofreciéndoles supuestos beneficios para que declararan en su contra. La Corte encontró, más bien, que quien supuestamente estaba intentando cambiar testimonios era el expresidente Uribe. Ante esa situación la Corte archivó el proceso contra Cepeda y compulsó copias contra Uribe. Ese caso sigue en indagación preliminar.

Fue después de estos hechos que la Corte se encontró con una nueva situación en la que presuntamente el senador Uribe estaba intentando manipular nuevos testimonios, esta vez el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a través del polémico abogado Diego Cadena.

Monsalve ha relacionado en diferentes oportunidades a Uribe con la creación y promoción del Bloque Metro, grupo que según el exparamilitar nació en la hacienda Guacharacas, en Antioquia, de propiedad de la familia de Uribe. La relación de Monsalve con Uribe Vélez se remonta hasta 1986, año en el que su padre, Óscar Monsalve, empezó a trabajar como administrador de la finca Guacharacas.

Por eso la Corte encontró en su momento que «como reacción a esa providencia judicial (en la que la Corte archiva el caso contra Cepeda, y compulsa copias contra Uribe) y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos», afirmó la Corte. Así fue como se le abrió el 24 de julio del 2018 la investigación por soborno y fraude procesal. También se abrió un proceso contra el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada.

En esa investigación la Corte ordenó interceptaciones telefónicas. Tras un proceso de inteligencia el alto tribunal encontró que supuestamente el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada Artunduaga estaba haciendo el enlace para llegar a Monsalve y supuestamente, torcer sus declaraciones contra Uribe.

En esas interceptaciones se escucha al abogado Diego Javier Cadena, cercano a Uribe. También se escucha a la exfiscal Hilda Janeth Niño Farfán (investigada por intentar favorecer a exparamilitares).

Para febrero de este año, la investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos seguía en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Así, el 18 de febrero la Sala Especial de Instrucción, incluyendo a Lombana, negó la petición que Uribe había hecho para anular su proceso considerando que todas las decisiones que tomaron los primeros magistrados que lo llamaron a indagatoria, es decir Barceló y otros dos magistrados de la Sala Penal, estuvieron cobijadas por la Constitución.

En ese momento, los nuevos investigadores de Uribe -incluyendo a Lombana- determinaron que las pruebas que los anteriores magistrados habían ordenado practicar en el caso de Uribe fueron legales, y que en el proceso no hubo arbitrariedad, ni extralimitación por parte del magistrado Barceló, cuando abrió la investigación.

Uribe había pedido anular su investigación porque, entre otras cosas, en septiembre del año pasado se conoció que la Corte había interceptado supuestamente por error su teléfono en medio del proceso que se lleva contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba.

Así, según dijo la Corte en su momento, en el expediente de Córdoba aparecía como número de contacto el de Álvaro Uribe Vélez situación por la que, afirmó el alto tribunal, se había ordenado escuchar las llamadas de esa línea celular sin saber que realmente pertenecía a Uribe.

Ese hecho llevó a que, incluso, el relator de Naciones Unidas sobre la Independencia e Imparcialidad Judicial le pidiera explicaciones a la Corte Suprema colombiana y a que se abriera una indagación preliminar contra el magistrado José Luis Barceló, quien ordenó la interceptación, en la Comisión de Acusación.

Uribe también asegura que le ha vulnerado el debido proceso y que en la investigación en su contra faltó imparcialidad por parte de los magistrados que la iniciaron. El expresidente, además, ha negado cualquier vínculo con el paramilitarismo, y ha insistido en que es Iván Cepeda quien supuestamente ha fabricado testimonios en su contra.

Uribe también ha dicho que Juan Guillermo Monsalve no es un testigo creíble, pues entre otras cosas ha hecho parte de grupos ilegales y fue condenado a 40 años de prisión por concierto para delinquir, secuestro y porte ilegal de armas.

La defensa del expresidente también asegura que el testimonio de Monsalve es falso y que ha sido el exparamilitar quien ha enviado mensajes a través de diferentes personas para informarle a Uribe que supuestamente quería retractarse de los señalamientos que había hecho en su contra. La defensa también afirma que es por esto por lo que el abogado Diego Cadena visita a Monsalve en prisión, pero que en la cárcel supuestamente el exparamilitar tenía montada una celada con grabadoras ocultas «para manipular el contenido de la reunión».

El caso ha pasado por tres magistrados

El expresidente y senador Uribe Vélez ha reiterado en el Congreso que ha cometido «errores, pero no he violado la ley». E insistió en que es un ciudadano respetuoso de la justicia.

Pero tras evaluar la solicitud de nulidad de Uribe, en febrero de este año la nueva Sala de Instrucción dijo que en el caso nunca hubo ninguna arbitrariedad y dejó en firme la investigación.

Luego, el primero de abril de este año el senador Iván Cepeda, que ya era parte civil en el caso, recusó a la magistrada Cristina Lombana, afirmando que debía apartarse del caso porque hace años había trabajado en un corto periodo de tiempo en la oficina de Jaime Granados (abogado de Uribe) y porque era militar activa, lo que a juicio de Cepeda podía poner en duda su imparcialidad en el caso.

Aunque la magistrada Lombana no aceptó la recusación, el 10 de mayo la Sala Especial de Instrucción avaló la petición de Cepeda y la apartó del caso, considerando que como era jueza penal militar, y estaba activa en la Fuerza Pública, se podía poner en duda su independencia para fallar. Esos cuestionamientos llevaron a que Lombana pidiera la baja al Ejército en junio, pero las investigaciones contra Uribe nunca volvieron a su despacho.

Como Lombana quedó por fuera del caso, la Sala Especial de Instrucción ordenó pasar el proceso al despacho del magistrado que siguiera en turno. Esta fue la segunda vez que el caso cambió de magistrado.

Así fue como el 20 de mayo pasado la investigación contra Uribe quedó en manos del magistrado César Augusto Reyes Medina, quien se convirtió en el tercer magistrado en llevar el proceso. Reyes Medina también quedó a cargo de la indagación preliminar contra Uribe por supuestamente intentar influir en testigos para desprestigiar a Iván Cepeda.

En estos dos últimos meses el magistrado Reyes ha estado estudiando el caso que se abrió hace un año y todavía no ha tomado una decisión sobre la indagatoria contra Uribe.

Por el momento, este caso por presunta manipulación de testigos es el único de los 20 que tiene Álvaro Uribe en la Corte Suprema que está en etapa de investigación formal, pues los otros procesos se encuentran en una etapa preliminar.

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