«La paz en Colombia puede estar desintegrándose»: NYT

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El influyente diario neoyorquino asegura que “sabotearon el proceso de acuerdo”. La ONU en pleno pide a Duque aprobar cuanto antes la JEP.

Chachareros/The New York Time/semana.com

 

La arepa se le ha volteado al antioqueñísimo Centro Democrático que dirige el no menos paisa, expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez, cuando Colombia está en el foco mundial por culpa de la posible reaparición de los ‘falsos positivos’ y las evidentes intenciones del gobierno uribista de Iván Duque de dilatar el proceso de darle vida jurídica a la JEP.

A la dura controversia ha entrado con el tache en alto el poderoso diario estadounidense The New York Time, cuyo principal accionista es el mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de América, con fuertes inversiones en Colombia, en los sectores de telefonía móvil, televisión por cable y medios digitales.

A través de un contundente editorial, el medio estadounidense lanzó duras críticas al Gobierno, cuestionó el incumplimiento al acuerdo de paz y aseguró, incluso, que la Casa Blanca no debería apoyar a quienes están socavando el proceso.

The New York Times dice que Duque y sus aliados sabotearon el progreso del acuerdo de paz.  En el texto también se cuestiona la presión que el presidente está ejerciendo para modificar la Justicia Especial para la Paz (JEP), y así asignar condenas más severas a los desmovilizados.

«La paz en Colombia puede estar desintegrándose», esa es la tesis del editorial La paz de Colombia es demasiado valiosa para abandonar que publicó este viernes el New York Times. El prestigioso medio de comunicación expuso a través del texto duras críticas a los intentos de los opositores del acuerdo de paz para desmoronar algunos puntos de lo pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

«El actual presidente y sus aliados de derecha sabotearon el progreso pacífico bajo el acuerdo», The New York Times.

María Fernanda Cabal cada día se ve más desaforada defendiendo a su amo, el expresidente Uribe, y atacando sin fundamento a enemigos que ve por todas partes como los molinos de viento del Quijote.

El diario cuestiona el apoyo de la Casa Blanca a los escépticos que quieren sabotear el progreso del acuerdo y la marcada indisposición del Gobierno por trabajar con los desmovilizados, por ejemplo, en la sustitución de cultivos ilícitos. Además, sugiere que ahora, con el país gobernado por la oposición al acuerdo, la paz puede estar desintegrándose, «lo que sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia».

Algo que fue casi un milagro

De acuerdo con el medio, después de medio siglo de conflicto, llegar a un pacto fue como un milagro en el país. Sin embargo, destaca que los enemigos que tuvo el proceso, incluso desde antes de que se firmara, han ignorado las promesas a los desmovilizados en cuanto a desarrollo rural, educación, acceso al agua potable, desarrollo de electricidad, carreteras, puentes y trabajos.

«En este momento crucial, los Estados Unidos deben comprometerse a mantener con vida el acuerdo de Colombia».

Las críticas directas al Gobierno de Duque llegaron párrafos después. «El actual presidente y sus aliados de derecha sabotearon el progreso pacífico bajo el acuerdo». El editorial asegura que el Gobierno ha recortado los fondos para la sustitución de cultivos, mientras que los paramilitares y las bandas criminales, atraídas por los beneficios de la cocaína, dominan las regiones donde las Farc alguna vez hicieron un emporio.

Duque no oculta sus intenciones

Miles de colombianos en el exterior claman porque se salve un proceso de paz después de 50 años de un dantesco derramamiento de sangre y desplazamiento humanitario. Los enemigos de la paz prefieren seguir con la guerra.

En el texto también se cuestiona la presión que el presidente está ejerciendo para modificar la justicia especial (JEP) y así asignar condenas más severas a los desmovilizados. «Eso, por sí solo, podría acabar con los acuerdos», explicó el diario. El medio hizo énfasis en el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y su papel, después de invertir más de 10.000 millones de dólares en Colombia, para ayudar a mantener el acuerdo de paz en pie. «En este momento crucial, los Estados Unidos deben comprometerse a mantener con vida el acuerdo de Colombia».

Según el medio, la realidad dista mucho de lo que ocurría años atrás. Explicó que desde el 2017, el presidente Trump ha amenazado con descertificar a Colombia de recibir ayuda estadounidense por causa de la creciente producción de coca y propuso el recorte de la ayuda, que el Congreso rechazó.

«Un momento riesgoso como este podría ser el ideal para un enfoque empresarial como el que Trump, por lo general, favorece. Trabajando de la mano con países de la región para asegurarse de que Duque se adhiera finalmente al acuerdo, incluyendo la justicia transicional, motivaría la inversión extranjera en las áreas rurales marginadas de Colombia. Un tipo de desarrollo que es vital para cualquier esperanza de una paz duradera», puntualiza el texto.

Los ‘falsos positivos’

‘The New York Times‘ publicó el sábado anterior un informe que revela las directrices que, desde comienzos de este año, empezó a dar la comandancia del Ejército de Colombia y que tienen alarmados a varios oficiales de alto rango, pues van encaminadas a aumentar el número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate. Todo esto, según las fuentes y los documentos citados por el diario más influyente de Estados Unidos, preocupa a una buena fracción de los mandos de la institución, pues encuentran circunstancias similares a las que desembocaron en el episodio de los falsos positivos, cuando a mediados de la década pasada, alrededor de 5.000 civiles fueron asesinados por militares que los presentaron como delincuentes.

The New York Time respondió al gobierno del Presidente Duque, con pelos y señales, que en el caso de los señalamientos contra el reportero Casey, el uribismo metió las patas. Como siempre, en estos tiempos.

El general Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército, reconoció haber dado las nuevas órdenes y exigir que los oficiales establezcan objetivos concretos para matar, capturar o forzar la rendición de los grupos criminales, según el ‘Times ‘. «Dijo que había emitido una orden por escrito que instruía a los principales comandantes a doblar los resultados, explicando que había llegado a esa decisión debido a la amenaza que Colombia sigue enfrentando por parte de las organizaciones guerrilleras, paramilitares y criminales», según la publicación.

Pero Martínez habría cuestionado cómo los oficiales interpretan esas instrucciones. “La orden que hay es de ser efectivos operacionalmente”, dijo. “Unos me dijeron superar el 10 por ciento. Listo, usted quiere superar el 10. Otros dijeron ‘yo quiero hacer el 50 por ciento más de las afectaciones, pero nunca de muertos’. Otros ‘yo quiero hacer el 100 por ciento’. Hay unos que la han cumplido, otros que no la han cumplido”. Además, reconoció que las órdenes instruyen a los comandantes para que hagan operaciones cuando todavía no están seguros de sus objetivos.

Sin embargo, el general Martínez le dijo al diario estadounidense que esas instrucciones se referían a la planificación de las misiones, no a su ejecución. “El respeto absoluto a los derechos humanos es lo más importante (…) “Todo lo que hagamos tiene que estar en el marco de la ley”.

Aun así, la orden del Ejército dice: “Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”. Eso, según los oficiales que hablaron con el diario, deja suficiente margen de error como para que esa política ya haya ocasionado asesinatos cuestionables.

Una de las órdenes que recibieron los comandantes de las unidades, por ejemplo, es que lancen los ataques sin exigir la perfección, es decir, incluso si hay dudas sobre los objetivos sobre los que se despliegan, informó el diario.

La publicación cita una reunión de altos mandos a comienzos de este año como la que disparó las alarmas. En el encuentro, generales y coroneles llegaron al compromiso de duplicar los resultados. En las presentaciones que ahora se proyectan en este tipo de encuentros que sostienen los oficiales, dice ‘The New York Times ‘, muestran el número de días que cada brigada ha pasado sin salir al combate. Una de las órdenes que recibieron los comandantes de las unidades, por ejemplo, es que lancen los ataques sin exigir la perfección, es decir, incluso si hay dudas sobre los objetivos sobre los que se despliegan, informó el diario.

Las fuentes, a las que ‘The New York Times‘les reserva la identidad, dijeron en una reciente entrevista que los soldados están enfrentando una presión muy alta para mostrar resultados. Y que esto coincide con la aparición de patrones sospechosos de muertes en combate y encubrimientos. Tal como pasaba en el último episodio de los falsos positivos, los soldados que aumentan las bajas en combate están recibiendo incentivos, como días de vacaciones y anotaciones positivas para la hoja de vida.

Los oficiales que hablaron con ‘The New York Times‘ aseguran que estuvieron en el Ejército cuando ocurrían los falsos positivos, más de una década atrás. Las fuentes aseguran que las cosas empezaron a tomar un nuevo rumbo el pasado 19 de enero, un mes después del cambio de cúpula militar, cuando el general Martínez reunió a 50 generales y coroneles entre los que estaban sus principales mandos en todo el país. En el encuentro les presentaron un formulario titulado «Planteamientos de objetivos 2019», que llevaba un espacio para que cada uno de los comandantes firmara. En el documento debían poner el total de rendiciones, capturas y muertes que sus unidades causaron el año pasado, y al frente de ese dato, debían escribir la meta propuesta para este año. Lo que debían definir era la “suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares”

Según ‘The New York Times‘, ese documento dejó confundidos a varios comandantes, que no entendían lo que se esperaba de ellos. Las órdenes escritas firmadas por Martínez y conocidas por ese medio ratificaban el mensaje: “La meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles del mando”.

Hagan lo que sea

Tres días después de esa reunión, cuenta ‘The New York Times‘, un grupo de oficiales de inteligencia militar y comandantes de unidades regionales se reunieron en Cúcuta:

Les dijeron que tenían “que hacer lo que sea”, incluyendo usar grupos paramilitares que proporcionen información sobre grupos enemigos “para generar resultados”.

El 19 de febrero apareció un documento titulado «Cincuenta órdenes de Comando», conocido por el diario. En este se exigen ataques oportunos y masivos. La directriz que marcaba el mayor cambio a como venían operando las cosas, dice ‘The New York Times‘, es la de los ataques mortales. Antes, según las fuentes del diario, se ejecutaba una operación cuando había al menos el 85 por ciento de certeza sobre el objetivo. La nueva orden cambió eso y exigía un estándar más bajo, dice el documento citado por el ‘Times‘.

Días después, dijeron los oficiales que hablaron con el diario estadounidense, comenzaron a identificar asesinatos y arrestos sospechosos. Una de las fuentes puso la lupa en la muerte de un supuesto miembro del Clan del Golfo reportado el 25 de febrero. El informe militar, conocido por ese diario, decía que tres miembros de ese grupo criminal se enfrentaron a un pelotón del Ejército. El resultado del operativo fueron dos capturas y una muerte. Además, los uniformados encontraron un revólver y una pistola. A la fuente del periódico le pareció poco probable que tres criminales con armas cortas se enfrentaran a 41 soldados de un pelotón.

El diario estadounidense también recogió el asesinato de Dimar Torres, el excombatiente de las Farc, y mencionó las primeras versiones dadas por Guillermo Botero, el ministro de Defensa, en las que difundía la versión de un forcejeo que entregó el cabo que le disparó. Un testimonio que después fue desestimado por la Fiscalía.

Entre tanto, le dijeron las fuentes al diario, la presión para aumentar los asesinatos en combate es constante. Los oficiales le mostraron al diario una presentación del Ejército de febrero, titulada «Días sin combate».  “En ella se enumeraban las brigadas y fuerzas operativas y se contaba el tiempo que habían pasado sin tener enfrentamientos. Según los oficiales, las instrucciones eran claras: aumentar las muertes, capturas y rendiciones”, remató el diario.

En el Taller Construyendo País #31, que se realizó en Pasto, el presidente Iván Duque manifestó que desde el inicio de su Gobierno impartió instrucciones claras a la Fuerza Pública sobre el respeto a la Constitución, la ley y la defensa de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“Quiero resaltar que todas las Fuerzas Militares y de Policía han tenido, también, una instrucción clara de parte mía, desde el primer día del Gobierno, y es obrar siempre con la Constitución y la ley, en estricta defensa de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, subrayó el Jefe de Estado, tras referirse al homicidio del excombatiente de las Farc Dimar Torres, el 22 de abril en el municipio de Convención (Norte de Santander), y a cuya investigación están vinculados dos miembros del Ejército.

Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, expresó que le pidió a la Fiscalía adelantar las investigaciones pertinentes para aclarar si las Fuerzas Militares han quebrantado la ley.

«Artículo de New York Times afirma que hay servidores de la Fuerza Pública que consideran que recibieron una orden indebida o ilegal. He solicitado a la Fiscalía que adelante las investigaciones pertinentes. La política institucional es clara. La responsabilidad individual, también», trinó el ministro.

Periodista se fue por el uribismo

El periodista del New York Times, Nicholas Casey, fue acusado por la senadora María Fernanda Cabal, sin pruebas, de haber recibido costalados de dólares de las Farc para proyectarles una imagen favorable.

Señalamientos del Centro Democrático obligaron al periodista del New York Times, Nicholas Casey,  a irse del país

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, una de las más desbrochadas y un tanto alocada defensoras del uribismo, sugirió en su cuenta de Twitter que el periodista Nicholas Casey fue pagado por las Farc para publicar investigación sobre política similar a la de los falsos positivos al interior del ejército. Dichas acusaciones fueron rechazadas por la Flip y el mismo New York Times.

Periodista del New York Times abandona el país por acusaciones del María Fernan Cabal  Nicholas Casey, periodista del New York Times, tuvo que abandonar el país tras estigmatizaciones de María Fernanda Cabal. Foto: Twitter: @caseysjournal

Después de que la congresista del Centro Democrático María Fernando Cabal sugiriera en su cuenta de Twitter que el periodista del New York Times, Nicholas Casey, fue financiado en su trabajo por las Farc, este decidió salir del país para proteger su vida.

A la parlamentaria del partido de gobierno no le gustó la investigación que publicó el diario más influyente de Estados Unidos en la que se revela que dentro del Ejército colombiano hay instrucciones e incentivos para subir al número de bajas en combate, directriz similar a la de los llamados falsos positivos con la que militares presentaban civiles como delincuentes asesinados en el conflicto.

¿A María Fernanda qué le dan de comer en el Congreso?

“Este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las Farc en la selva. ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia?”, dice uno de los trinos de Cabal en los que, además, aparecen fotos del reportero que es director del New York Times para los Andes y que ya tuvo que huir de Venezuela por culpa del gobierno de Nicolás Maduro.

En su cuenta de twitter @MariaFdaCabal:  Este es el “periodista” Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las farc en la selva. ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia?  #CaseyEsFakeNews pic.twitter.com/EQdhqM2i1c

Un irrespeto a la prensa

Muchos reporteros asentados en Bogotá en el seguimiento al proceso de paz consideran que la senadora Cabal “no está en sus cabales, y parecería que sufre delirium tremens o principios de demencia senil anticipada”.

Dada la gravedad de los hechos que Casey puso en evidencia en el artículo, el señalamiento de Cabal hizo que el periodista finalmente saliera del país.

Igual que la senadora del Centro Democrático, el congresista Juan David Vélez, del mismo partido, no dudó en levantar el dedo en su cuenta de Twitter: “El periodista de @nytimes, como los fleteros y conducido por terroristas de la guerrilla Farc, apunta con la cámara y fusila con columnas llenas de calumnias. Existen los sicarios de la opinión”, trino que estuvo acompañado de una imagen del periodista tomando fotografías desde una moto conducida por un guerrillero.

Lo que no decían los trinos de los parlamentarios era que dichas imágenes de Casey no eran ninguna revelación de un hecho subrepticio, sino que habían sido publicadas por el mismo New York Times con motivo de un artículo que en español se tituló: La historia detrás de nuestra visita a un campamento de las Farc en Colombia. El texto fue publicado por el diario el 23 de marzo de 2016.

La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (Flip), rechazó las acusaciones de Cabal y Vélez. «Los señalamientos injustos de funcionarios o líderes políticos, que vinculan a periodistas con acciones ilegales con el propósito de desacreditar su trabajo, son muy peligrosos ya que pueden ser entendidos como instigaciones o apoyos a las agresiones en contra de la prensa». Aquí puede leer el hilo de Twitter en el que la organización explica su declaración:

#HiloFlip: Rechazamos estos trinos que estigmatizan y ponen en riesgo al periodista @caseysjournal. Como se puede apreciar, fueron emitidos por los congresistas @MariaFdaCabal y @JuanDaVelez.

A propósito de esto, compartimos las siguientes reflexiones: pic.twitter.com/WJP2vBSMHz:

Tras la declaración de la Flip, el director del Centro Democrático, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, trinó: “Su meritorio objetivo de defender la libertad de prensa se desdibuja al defender el sesgo de ‘periodistas’ que terminan en la protección del narcoterrorismo y en la difamación contra las FFAA de Colombia, democráticas y que castiga violaciones de los DDHH @FLIP_org”.

Uribe Vélez al parecer ignora por completo el número de muertos y atrocidades de las Fuerzas Armadas de Colombia “en defensa de la democracia”, pero en contra de la vida de inocentes campesinos que luego el propio Ejército presenta ante sus superiores y los medios de comunicación como “peligrosos bandoleros”.

Sin ninguna prueba, los congresistas del Centro Democrático han señalado a Casey como un “protector” del terrorismo, como un difamador de la institucionalidad; además, han asegurado que el New York Times es poco menos que un pasquín y un “rey” de noticias falsas. El artículo de Casey, sin embargo, no es una columna de opinión. Se trata de un texto que pone en escena entrevistas con altos mandos militares y pruebas a las que tuvo acceso el diario.

Ante los señalamientos, el diario respondió que «no toma partido en ningún conflicto político en ninguna parte del mundo. Informamos de manera precisa e imparcial. En Colombia hemos escrita historias muy duras sobre las Farc, los grupos rebeldes y otras organizaciones criminales. En este caso, simplemente, reportamos lo que dicen los documentos escritos por el ejército, así como información proveniente de los mismos oficiales colombianos.

Luis Carlos Vélez, director de la FM, condenó la salida de Casey del país: “Muy grave. @caseysjournal del @nytimes abandonó el país por seguridad luego de trinos como el de @MariaFdaCabal – Lamentable que los periodistas por publicar lo que pensamos, independientemente de nuestras posturas personales, debamos someternos a amenazas. No sabemos discutir”. Aunque condenatorio, el trino pone el dedo sobre la labor periodística asegurando que el periodista estadounidense salió de Colombia por publicar su opinión, cosa que no es cierta, pues el texto es un reportaje donde no se lee en ningún momento un juicio de valor: se citan los documentos y las fuentes.

Según la Flip, 2018 ha sido el año de más persecución de la prensa en Colombia, aunque no el más letal. Informe anual: Prensa acorralada: un juego de violentos y poderosos, revela que el año pasado hubo 477 ataques contra periodistas, 2 secuestros, 43 obstrucciones, 50 hostigamientos, 23 estigmatizaciones y 200 amenazas documentadas. Justo las estigmatizaciones se convierten en un ataque directo, pues inmovilizan al periodista al ponerlo ante el escarnio público sin ningún tipo de prueba, apelando a las emociones de las audiencias, justo lo que ha sucedido con Casey.

Además de esa evidente ojeriza a los periodistas, desde la misma oficina de prensa de la Casa de Nariño se ejerce una detestable discriminación con los periodistas de provincia, especialmente por parte de ‘Óscar Sánchez, ‘administrador’ del chat para la región del Caribe colombiano, que de manera autoritaria y despótica -como en los tiempos de la colonia, elimina del chat a todo periodista que se atreva a reenviar una nota positiva sobre el gobierno que le da la papita al muchachito Sánchez. Sería interesante que Carlos Silva y Pedro Ignacio Alonso llamaran al orden a Óscarito, cuyo celular es el 3122080510, por si acaso hay otros colegas en las mismas circunstancias.

Es lamentable ese manejo de la prensa de espaldas a la realidad, y es la justificación plena de los más bajos índices de aceptación que presidente colombiano alguno haya alcanzado en su primer año de gobierno. En parte por el manejo despótico de su oficina de prensa.

ONU pide a Duque sancionar Ley

Sería una garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, dice el organismo.

La ONU pidió este jueves al presidente Iván Duque la «urgente sanción» de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) pese a las objeciones que ha planteado el mandatario porque considera que ese tribunal es clave para la construcción de una paz «estable y duradera».

Así lo afirmó el representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, quien señaló que «la construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin dilaciones, del proyecto de la ley estatutaria de la JEP».

Eso, en palabras de Brunori, quien presentó el Informe Anual de la Alta Comisionada de ONU Derechos Humanos sobre Colombia para el 2018, sería una «garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición».

Ley bien aprobada

Duque anunció el domingo pasado que devolvió al Congreso la ley estatutaria de la JEP tras objetar seis artículos que considera no garantizarán la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo con las Farc.

Esa ley fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero el mandatario decidió objetarla parcialmente.

En ese sentido, Brunori manifestó que para que la JEP pueda funcionar es «fundamental que en todas las ramas del poder público promuevan el respeto de su autonomía e independencia».

El objetivo, señaló, es que los magistrados de ese tribunal puedan garantizar la seguridad jurídica de los reincorporados de las FARC y los miembros de la Fuerza Pública que están compareciendo ante esa corte.

«La JEP representa una oportunidad sin precedentes para procesar judicialmente los crímenes del conflicto armado y amparar de forma eficaz los derechos de las víctimas, en atención a los impactos diferenciados que tuvo la violencia en las mujeres, los niños, las niñas y las adolescentes en los pueblos étnicos en todo el país», concluyó.

La Corte Constitucional dio ayer el primer coletazo a las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria, pues declaró inexequibles (que no proceden) dos artículos de la norma de procedimiento que habían sido incorporados por el partido de Gobierno Centro Democrático.

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Chachareros

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