El fantasma de Guillermo Cano se le apareció a Popeye

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John Jairo Velásquez, quien se autodefine como «el asesino de confianza de Pablo Escobar y su brazo derecho», inevitablemente debió tener mucha responsabilidad en el magnicidio del director del Espectador. 

 

 

Por Chachareros/elespectador.com/semana.com

Ahora el turno es para Popeye. El magnicidio del periodista fue obra del cartel de Medellín con dos propósitos: arrodillar al Estado y doblegar a la prensa libre e independiente.Para tranquilidad de Colombia, poco a poco los estremecedores magnicidios van saliendo de la impunidad, en especial un caso que estremeció el alma del pueblo, como fue el crimen de don Guillermo Cano Isaza, insigne periodista director del legendario diario El Espectador.

Lo insólito es que este reconocido sicario, John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, a pesar de ufanarse de haber dado muerte a más de 300 personas por orden de su ‘patrón’ el capo ya sepultado Pablo Escobar Gaviria, quedó hace años en libertad y con el mayor cinismo se paseaba por las calles de Medellín, concediendo entrevistas a la prensa amarillista (incluso una cadena de televisión estadounidense que está de moda con sus novelas y películas truculentas.

Repitió una y mil veces que era el capaz del ejército de mercenarios al servicio de Escobar Gaviria, de quien era “su brazo derecho y algo más”. La pregunta que salta como una liebre es ¿por qué un matón confeso seguía muerto de la risa por las calles del país como si se tratara de una estrella de cine? Insólito, pero cierto en este país del Sagrado Corazón de Jesús.

Sin embargo, a todo puerco gordo le llega su día de San Martín, y el alma espiritual del sacrificado periodista, para tranquilidad de su familia, sigue haciendo lo suyo desde el más allá, como este nuevo carcelazo para un sicario de sicarios como ‘Popeye’.

Se revive el caso

Guillermo Cano Isaza, el valiente periodista, inmolado por su valerosa lucha contra las mafias del narcotráfico que intentaron doblegar al Estado y a la prensa libre e independiente.

La Fiscalía le dictó medida de aseguramiento por su presunta participación en la planeación del crimen. Otro de los implicados es Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla (alias ‘Maxwell’), hombre de confianza de Pablo Escobar, quien se mantendrá en libertad.

Todo indica que la estancia en la cárcel de John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, se prolongará más de lo esperado. Hace un año fue capturado en el marco de una investigación por sus supuestas alianzas con una «oficina» de ajuste de cuentas que estaba amenazando a sus víctimas en Medellín.

Ahora, que estaría a punto de recobrar su libertad, la Fiscalía le dictó una nueva medida de aseguramiento para que responda por su supuesta participación en el crimen del director de ‘El Espectador ‘Guillermo Cano Isaza, asesinado en diciembre de 1986. El nuevo requerimiento judicial le será notificado a alias Popeye en la cárcel de La Tramacúa, en Valledupar, lugar a donde había sido enviado para que respondiera por los cargos de concierto para delinquir y extorsión agravada.

Nuevos testimonios lo enredan

Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín, fue señalado como el líder de los autores intelectuales que ordenaron el magnicidio de Guillermo Cano.

En cuanto cumpla su periodo de detención, Popeye deberá atender el nuevo requerimiento judicial por el magnicidio de Cano, en el cual habría participado cuando fue sicario del cartel de Medellín. Según la Fiscalía, después de 33 años de haberse cometido el crimen, surgieron nuevos testimonios de confesos integrantes y colaboradores de la mafia.

«Hay indicios que darían cuenta de su participación en una reunión en la que los cabecillas del cartel de Medellín, entre ellos Pablo Escobar, concertaron atentar contra Guillermo Cano Isaza por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y definieron la forma y quiénes ejecutarían el crimen», indicó la Fiscalía.

Llama la atención que en la misma decisión fue asegurado con medida no privativa de la libertad Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias Maxwell, señalado hombre de confianza de Pablo Escobar. A Maxwell se le sindica de haber realizado las labores de inteligencia en Bogotá y de identificar los movimientos y rutinas del respetable periodista. Con esta información, un grupo de sicarios al servicio del cartel habría asesinado a Cano Isaza en el occidente de Bogotá, cuando se movilizaba hacia su residencia.

Alias Maxwell tendrá que presentarse de manera periódica ante la Fiscalía, no podrá salir del país, deberá mantener buena conducta individual, familiar y social; tampoco podrá tener contacto ni comunicación con las víctimas, y pagar una caución equivalente a diez salarios mínimos.

Crimen de lesa humanidad

El crimen de un hombre que encaró a la mafia y desafió el poder corruptor de Pablo Escobar fue declarado de lesa humanidad en el año 2010. Hasta ahora, la única condena que ha proferido la justicia fue contra Luis Carlos Molina Yepes, quien purgó seis años de prisión de los 16 a los que fue condenado. Fue asesinado estando tras las rejas.

La esposa y los hijos de Guillermo Cano emitieron este comunicado luego de conocerse la noticia sobre la nueva medida de aseguramiento de John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye:

«Llevamos 32 años, desde 1986, esperando justicia y conocer lo sucedido. Ojalá esta decisión sirva para llegar al fondo de todo. Esperamos que la Fiscalía y los investigadores lleguen a la verdad sobre lo que sabe John Jairo Velásquez y Gustavo Adolfo Gutiérrez sobre el crimen de Guillermo Cano. De esta manera, nuestra esperanza es que se establezca quiénes participaron como autores y determinadores del homicidio.

Así mismo queremos hacerle un llamado de atención a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos para que siga el ejemplo de la Fiscalía y nos ayude a establecer la verdad sobre las circunstancias, autores y contextos de la muerte de Guillermo Cano Isaza. La respuesta que hasta ahora hemos tenido de esta importante instancia internacional ha sido evasiva. ¡La verdad en este caso y en el de muchos otros periodistas y colombianos inocentes, la necesita el país!». Ana María Busquets de Cano, hijos y familia.

Valerosas denuncias

El que a plomo mata, a plomo muere. El temible Pablo Escobar cayó el 2 de diciembre de 1993, cuando huía como una rata gorda por los tejados de un sector en donde estaba escondido.

Un fiscal de derechos humanos calificó de lesa humanidad el asesinato del que fue objeto el valiente periodista, director del diario El Espectador, quien murió después de denunciar la intromisión de la mafia en el Estado colombiano.

La Fiscalía declaró la muerte del ex director del diario El Espectador Guillermo Cano Isaza como un delito de lesa humanidad. Eso quiere decir que su asesinato, ocurrido el 17 de diciembre de 1986, es un delito que jamás prescribirá.

El fiscal de derechos humanos que tiene el caso consideró que este homicidio hizo parte de “un plan sistemático y generalizado” que los narcotraficantes colombianos desarrollaron en aquel momento contra periodistas, líderes y dirigentes políticos que defendían la extradición.

Horas antes de que lo mataran al salir en la noche de las instalaciones del diario, en la Avenida 68 en Bogotá, Cano acababa de escribir unas líneas que decían: “Así como hay fenómenos que compulsan al desaliento y la desesperanza, no vacilo un instante en señalar que el talante colombiano será capaz de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más justa, más honesta y próspera”.

Según escribió Daniel Coronell en la columna ‘Guillermo Cano: La memoria y el olvido’, “Ese 17 de diciembre, a la hora del almuerzo, don Guillermo Cano escarbó en sus bolsillos, revisó cada cajón del escritorio. Buscaba las llaves del carro porque quería ir a su casa a almorzar. No las encontró y, con su timidez de siempre, pidió que un carro del periódico lo llevara. Los sicarios lo esperaban afuera, pero como iba en un carro distinto pensaron que podía ser otro y después de seguirlo por unas cuadras lo dejaron ir. Pasó plácidamente esas últimas horas en su hogar, volvió al periódico y poco después de cerrar edición a las 7:15 de la noche, agarró las esquivas llaves del Subaru y salió a encontrar la muerte”.

El periodista, que manejaba su vehículo, murió inmediatamente. Don Guillermo Cano dirigía en ese entonces El Espectador, uno de los medios más críticos del poder corruptor del narcotráfico. De hecho, el narcotraficante Pablo Escobar le cobró esa valentía hace 22 años. La justicia, hasta el momento, sólo ha castigado a Luis Carlos Molina Yepes, condenado a 16 años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio agravado. Molina Yepes fue asesinado cuando apenas llevaba seis años tras las rejas. Lo mató la mafia para ir borrando huellas borrascosas.

“Cano, a pesar de haberse convertido en una de las voces más importantes del periodismo y el acontecer nacional, no era reconocido como hombre público. No había nadie más reacio a los honores personales y más esquivo a los halagos de poder. Detrás del arco de sus lentes de miope se escondía un personaje sencillo. De pocos, pero de buenos, amigos. De noches de tango y póker en familia. Que prefería quedarse en casa con su esposa viendo series americanas en la televisión antes que asistir a un coctel con la alta sociedad”, según reseña un perfil que publicó la revista Semana en 2006.

Dentro de la cadena de actos criminales para acallar al periodismo colombiano, el cartel de Medellín colocó una potente bomba que destruyó parcialmente las instalaciones de El Espectador.

Desde esa vida discreta que le gustaba mantener, no se limitó a observar cómo el narcotráfico se iba tomando el poder, sino que, cuantas veces pudo, lo denunció y lo criticó en sus editoriales. “El Estado no puede entregárseles a quienes actúan al margen de la ley, contra la ley y a pesar del rigor de la ley. Sería tanto como entregar una fortaleza por la impotencia de luchar contra un enemigo que se está valiendo de todos los hilos para rendir a la autoridad”, escribió en 1985.

Con la misma entereza con la que don Guillermo Cano le plantó cara a la mafia, no dudó en luchar contra todo tipo de prácticas que consideraba lesivas para los intereses nacionales. En ese sentido, Daniel Coronell cita en una de sus columnas algunos personajes de la vida nacional a los que el entonces director de El Espectador hizo referencia por considerar que “antepusieron sus personales ambiciones a los intereses de la nación. Abusaron del turismo, los viáticos y los auxilios parlamentarios. Hicieron alianzas torticeras y se lucraron de los dineros del narcotráfico o por lo menos oficiaron de voceros del chantaje del narcoterrorismo” ‘Guillermo Cano: La memoria y el olvido’.

Hace cuatro años, la Fiscalía abrió nuevamente una investigación sobre la muerte de Cano, luego de que El Espectador publicó un informe en torno al asesinato del periodista. En él, se dice que Carlos Alberto Gaviria, hermano del exasesor presidencial José Obdulio Gaviria, era socio de una empresa desde la cual presuntamente se giraron los cheques para pagar el magnicidio. Esto ocasionó la renuncia de Carlos Medellín a la embajada de Países Bajos, ya que su esposa es hija de Guillermo Cano.

Ahora, el organismo investigador, al declarar el crimen de lesa humanidad, tiene la oportunidad de seguir escarbando para proseguir la búsqueda de quienes estuvieron detrás del autor material del asesinato del insigne periodista.

Este reclamo fue objeto hace varias semanas de una columna del periodista Daniel Coronell, quien cuestionó que las grabaciones hubieran sido cortadas y se desconocieran por la opinión pública fragmentos en donde, por ejemplo, se mencionaba al exfiscal general Néstor Humberto Martínez.

Además, explicó, la sala de instrucción es la primera autoridad judicial que hace el requerimiento de este material probatorio en su totalidad.

Por cuenta de estas evidencias se abrieron una totalidad de 41 noticias criminales, de las cuales hay una sentencia condenatoria, dos procesos en juicio, tres preparatorias de juicio, un caso con audiencia de formulación de acusación y siete archivos.

«Durante el tiempo que permanecieron a disposición de la Fiscalía, estuvieron asegurados bajo cadena de custodia y protegidos para no afectar el curso de las investigaciones, y solo fueron utilizados los fragmentos pertinentes, tal como ha sido señalado por la jurisprudencia nacional», indicó Espitia.

Como consecuencia de estas grabaciones se adelantan los procesos de juzgamiento contra dos exmagistrados: Francisco Ricaurte y Gustavo Malo. También, la Comisión de Acusaciones deberá definir esta semana si acusa o no al exmagistrado Leonidas Bustos.

El periodismo en la mira del terrorismo

A las 6:43 minutos de la mañana del sábado 2 de septiembre de 1989, un camión cargado con 60 kilos de dinamita explotó junto a la sede del periódico El Espectador. Sus directivos y periodistas sabían que tarde o temprano iba a llegar ese ataque.

Por fortuna la detonación no causó víctimas mortales, pero si 73 personas heridas y serios destrozos en varias edificaciones a la redonda. La sede de El Espectador salió muy afectada, pero aun así el periódico circuló al día siguiente con el titular: “¡Seguimos adelante!”.

Desde el asesinato de su director, Guillermo Cano Isaza, en diciembre de 1986, El Espectador no declinó en sus informaciones y editoriales contra Pablo Escobar, sus socios y sus secuaces. Por eso, el Cartel de Medellín sostuvo su ofensiva criminal contra el periódico. Pero no solamente para impedir que al menos el diario pudiera circular en la capital antioqueña, sino también para garantizar que la impunidad se consolidara en la investigación judicial adelantada por el magnicidio de Guillermo Cano.

De esta manera, la mafia de Escobar Gaviria en varias ocasiones quemó los ejemplares del periódico cuando llegaban a Medellín, al tiempo que arremetió contra todo aquel que quiso impulsar el expediente por el crimen de Guillermo Cano. Y la primera víctima fue el abogado de la familia y periodista del diario, Héctor Giraldo Gálvez. Con notable disciplina, Giraldo Gálvez se dedicó por entero a realizar su propia investigación sobre el caso, convirtiéndose en un aliado fundamental de la justicia.

La organización de Escobar detectó rápidamente el papel que estaba cumpliendo Giraldo y, sobre todo, la forma como a partir del cheque con el cual se pagó la motocicleta desde la cual actuaron los sicarios que acabaron con la vida de Guillermo Cano, el abogado y periodista estaba aportando las pistas fundamentales para desentrañar la maraña asesina del Cartel de Medellín. Por esa razón, en la mañana del 30 de marzo de 1989, Héctor Giraldo Gálvez fue asesinado por dos sicarios motorizados.

Esa mañana, Giraldo viajaba en su vehículo precisamente para conocer detalles del expediente, pero a la altura de la calle 72 con carrera 24 en Bogotá fue atacado por los sicarios. El abogado y periodista murió en el sitio de los hechos, pero sus aportes fueron determinantes para aclarar el papel que cumplió el prestamista y cambiador de dólares Luis Carlos Molina, para consumar el asesinato de Guillermo Cano. Gracias a esas averiguaciones, la justicia pudo vincular a los altos mandos del Cartel de Medellín.

Pero la racha sangrienta para borrar las evidencias del expediente de Guillermo Cano siguió en marcha. La víctima de turno fue el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Valencia García, quien confirmó el auto de llamamiento a juicio contra Pablo Escobar Gaviria, y fue acribillado a tiros al caer de la tarde del 16 de agosto de 1989. La jueza Consuelo Sánchez, quien había proferido la primera orden de captura contra Escobar y sus socios, ya estaba viviendo en el exilio.

En esas condiciones, el presagio de directivos y periodistas de El Espectador era que no iba a demorar el ataque directo contra el periódico. Y así fue. Un furgón cargado con explosivos fue llevado en la madrugada del 2 de septiembre de 1989, con el objetivo de parquearlo junto a los talleres de impresión. No pudieron hacerlo y lo dejaron abandonado junto a una estación de gasolina ubicada en el costado sur del diario. La explosión no dejó víctimas mortales porque a esa hora no había movimiento en el periódico.

Sin embargo, en medio de los escombros y tratando de rescatar documentos u objetos afectados por la explosión, los periodistas desarrollaron una edición extraordinaria de 16 páginas. “Un golpe más. El Espectador lo resiste, como ha resistido tantos otros. No creemos estar solos, porque simbolizamos el desgarramiento de la patria. Esta es una lucha de más de 100 años”, quedó escrito en el editorial del 3 de septiembre. La sociedad y la comunidad internacional rodearon a El Espectador y al periodismo.

Pero Escobar Gaviria y su red de sicarios sabían que uno de los frentes en su contra era precisamente el periodismo. Por eso persistió en sus ataques contra los medios de comunicación. Y El Espectador fue nuevamente el blanco. El martes 10 de octubre, en dos sitios alternos de Medellín, fueron asesinados los gerentes administrativos y de circulación del diario en la capital antioqueña, Martha Luz López y Miguel Soler. La orden de la mafia del Cartel de Medellín era impedir que el periódico pudiera venderse en sus dominios.

Seis días después, en la mañana del lunes 16 de octubre de este 1989, un Renault 4 amarillo cargado con 50 kilos de dinamita explotó frente a las instalaciones del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Murieron un vigilante que acababa de recibir su turno, un ayudante de rotativa que llevaba 32 años al servicio del diario, otro empleado que trabajaba en la sección de impresión y un transeúnte que accidentalmente pasaba por el lugar. Como sus colegas de El Espectador, también circularon al día siguiente.

Con una edición de 20 páginas y bajo el título “Duelo y destrucción”, los directivos y periodistas de Vanguardia Liberal decidieron circular con un mensaje de resistencia: “Nos han destruido materialmente pero nuestros principios están intactos. Nos alienta la presencia solidaria de nuestros coterráneos que han acudido en masa en esta hora de dolor. Nos alienta también la certidumbre de que el terrorismo, venga de donde viniere, y sea cualquiera su precio, jamás ha doblegado los ideales de paz y de concordia”.

Sin embargo, la nueva ofensiva contra el periodismo agregó rápidamente una nueva víctima. El domingo 29 de octubre, hacia la 1:45 de la tarde, minutos después de concluir la emisión de su noticiero de televisión, Mundo Visión, sicarios que se movilizaban en una moto atentaron contra el director del informativo, el periodista Jorge Enrique Pulido. El atentado se presentó en la esquina de la calle 23 con carrera 9 en Bogotá y en el mismo resultó herida la presentadora del noticiero, María Jimena Godoy.

Desde ese día y hasta el miércoles 8 de noviembre, Jorge Enrique Pulido libró una desigual batalla contra la muerte. Los balazos le habían causado graves destrozos en uno de sus pulmones, y por más esfuerzos que hicieron los médicos, una insuficiencia respiratoria segó la vida del consagrado reportero. Con su muerte, la mafia de Pablo Escobar Gaviria se quitaba de encima a otro de sus principales enemigos, pues Pulido nunca ahorró palabras para señalar al Cartel de Medellín como el causante de la crisis en Colombia.

Como el bombazo a El Espectador o el crimen de Héctor Giraldo, o años después el asesinato de la jueza Rocío Vélez, también por atreverse a enjuiciar a Pablo Escobar por el crimen de Guillermo Cano, la muerte de Jorge Enrique Pulido estaba cantada. Ya la sede de su programadora había sido blanco de un atentado terrorista en el mes de mayo. No obstante, Pulido siguió denunciando a los terroristas y el narcotráfico. Con su silencio, la sociedad perdió a otro gran aliado de la resistencia contra el horror.

Los falsos autores del crimen

Dos hombres pagaron diez y siete años por un asesinato que no cometieron: el del director de ‘El Espectador’ Guillermo Cano. El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagarle 1.000 millones de pesos a uno de ellos.

Falsos autores del crimen de Guillermo Cano,  Jorge Argiro Tobón estaba construyendo una piscina con sus obreros a la hora del asesinato. Pablo Zamora simplemente había conversado en un hotel con un personaje conocido como el Zarco.

Aquel viernes no hubo radio, ni prensa, ni noticieros de televisión. El país entero estaba indignado. Era 19 de diciembre de 1986. La prensa suspendió sus labores en protesta por el homicidio de Guillermo Cano, el entonces director del diario El Espectador. Dos días antes, sicarios en moto le habían disparado cinco veces cuando viajaba desde el periódico hacia su casa, después de terminar su jornada de trabajo, hacia las siete de la noche. El país exigía justicia y que se conociera toda la verdad sobre su muerte.

Lo más seguro era que detrás del homicidio estuviera Pablo Escobar, a quien Cano le había dedicado duras columnas. Pero la Justicia debía establecer quién disparó, quién organizó el operativo y cómo lo hizo. Y en esa labor, terminaron pagando ‘justos por pecadores’, literalmente.

Las investigaciones decían que la orden vino desde lo alto de las mafias y mencionaban a Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Evaristo Porras. Los sicarios, según los hallazgos, pertenecían a la banda los Priscos, de Medellín. Entre los 12 miembros de la banda mencionaban a Pablo Enrique Zamora y Jorge Argiro Tobón. Los dos fueron condenados y años después lograron demostrar su inocencia. El Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación a pagar una indemnización de 1.000 millones de pesos por las consecuencias que la errónea decisión judicial trajo a la familia de Zamora.

Sus vidas confluyeron en el expediente del caso Cano y tardaron años en demostrar que nada tuvieron que ver con el crimen. Pablo Zamora era un comerciante que compraba mercancía en Maicao y la vendía en Medellín. Era casado y, para esa época, finales de 1986 tenía una hija recién nacida. Dos días antes del homicidio del periodista, conoció a Álvaro García mientras se hospedaba en el Hotel Samaritano, en Medellín, donde acostumbraba a guardar su mercancía. Poco sabía de él, pero entablaron una corta relación de negocios. En una ocasión, se encontraron en el hotel con Ofelia Saldarriaga, madre de Álvaro García, y este se la presentó a Pablo. Tres meses después, Álvaro viajó al Valle y no volvió. Lo encontraron muerto en una fosa en Palmira. En julio de 1987, Ofelia llamó a Pablo para contarle que les había dado sus datos a detectives del DAS que la habían buscado y preguntaron por los amigos de su hijo fallecido. Los agentes buscaron a Pablo en el hotel donde solía hospedarse y le dejaron una citación. Se presentó voluntariamente y lo interrogaron durante toda una tarde sobre su relación con Álvaro García, a quien conocían como el Zarco. Nunca le dijeron qué caso estaban investigando. Pablo y Ofelia estaban convencidos de que buscaban aclarar la muerte de Álvaro.

El fantasma de don Guillermo Cano Isaza es posible que persiga a Popeye,, el más cruel y sanguinario sicario al servicio de Pablo Escobar Gaviria, hasta e la otra vida.

Al terminar la indagatoria se enteró de que al Zarco lo investigaban por ser supuesto responsable del homicidio de Guillermo Cano. A Pablo Zamora se lo llevaron para el DAS en Bogotá y el 4 de agosto de 1987 lo detuvieron, lo sindicaron de coautor del crimen y de haber conducido la moto que usaron para matar a Cano. Al día siguiente fue recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá. Su cara y su nombre aparecieron publicados en los medios. Entonces empezó el drama para toda su familia., pues él sostenía el hogar. Su defensa exigía dinero para todo, por lo que su madre y su esposa tuvieron que acudir al ‘rebusque’ para solventar los gastos. Vendían empanadas y pólvora en los diciembres y hacían rifas. Su esposa tuvo que trabajar de empleada doméstica. Sufrieron el rechazo porque el cuento de que Pablo Zamora había participado en el homicidio de Guillermo Cano se regó en segundos.

En 1995 Pablo Zamora fue condenado por un juez a 16 años y ocho meses de cárcel por ser cómplice de la muerte del periodista. El delito de Zamora era conocer al Zarco y hablar con su madre sobre unos bienes que él había dejado. Al año siguiente fue absuelto por un tribunal, al no encontrarse pruebas que lo relacionaran directamente con los hechos. Recibió libertad condicional y durante un año y medio tuvo que presentarse cada 30 días a un juez penal. Finalmente, su inocencia quedó plenamente demostrada. En el proceso su familia tuvo que pedir prestados 150 millones de pesos para los trámites del caso. Por estar encarcelado por un crimen que no cometió, perdió momentos importantes con su familia. Su hija creció y su padre murió en 1994 y no pudo asistir al sepelio.

‘Tobón o Pabón… no sé’

Mientras todo eso ocurría Jorge Argiro Tobón sufría un drama parecido. Su historia aparece detallada en el libro Siete años en el infierno, escrito por el periodista Luis Felipe Atehortúa. Jorge Argiro tenía una pequeña empresa de obras de construcción en Barbosa, Antioquia. Estaba casado con una enfermera y tenían cuatro hijos. Una noche en que su esposa hacía turno en el Seguro Social y cuando la Justicia empezó a mostrar resultados del caso Cano, ella escuchó en el noticiero el nombre completo de Jorge Argiro Tobón. Lo señalaban de pertenecer a los Priscos. Su nombre siguió saliendo en los medios días después. Jorge Argiro envió una carta a un diario de Medellín con copia al juez que llevaba el caso, solicitando que se hiciera claridad porque posiblemente se trataba de un homónimo y se ofrecía para dar las explicaciones del caso. La carta salió publicada en el periódico, pero el juez nunca lo llamó.

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Chachareros

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