Reflexión. – La vergüenza de ser congresista colombiano

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Con razón se afirma que en el Capitolio ‘todo se aprueba a ojos cerrados gracias a la mermelada’. No de otra forma se explica que aprueben normas que multen con $900 mil por comprar una empanada. 

Por El Búho

Cuando los 172 representantes a la Cámara y 107 Senadores de la República aprueban una norma como la que sancionó a un pobre muchacho con una multa de 900 mil pesos por comprar una empanada en la calle, con toda seguridad que la imagen del Congreso queda por el suelo y se convierte en una vergüenza no solo para los colombianos, sino para muchos otros millones de habitantes de este planeta.

Lástima que los congresistas colombianos no entiendan, o se las tiran de bobos, que se convierten en el hazmerreir ante medio mundo, cegados por la tristemente célebre ‘mermelada’ que reciben del Gobierno de turno, de las grandes multinacionales de todo tipo de negocios y de negociantes de dudosa procedencia, por no decir que de ‘lavadores de dólares del narcotráfico’.

Con razón se afirma que en el Capitolio los proyectos de ley, el presupuesto nacional o una reforma constitucional ‘a la medida del interesado’ se aprueba a pupitrazo limpio y pelado. A ojos cerrados y nariz tapada.

Sin duda, entre los 279 congresistas que acuden al Capitolio, otrora llamado ‘sagrado pulmón de la democracia colombiana’, hay gente decente y pensante. Son una minoría. Los aplasta una mayoría insaciable y corrupta.

Lo triste, infame y doloroso es que por las narices de esos 279 congresistas (incluidos los cinco senadores de las Farc), que se ganan cada mes la friolera de $32 millones (cada uno), pasan las peores aberraciones de la corrupción nacional, y, claro, ellos no dicen ni mú, porque tienen la barriga llena y el corazón contento. Mientras tanto, que se joda el pueblo colombiano, que es tan pendejo que cada cuatro años va a las urnas como manso cordero a votar por los mismos con las mismas.

Mientras aprueben artículos tan ridículos como la mayoría del Código de Policía, por sus narices pasan los sobornos de Odebrechet, el desastre humanitario causado por Hidroituango (se calcula que para ‘limpiar’ el área del proyecto han muerto más de mil personas entre habitantes de poblaciones cercanas, campesinos y defensores de los derechos humanos), y ambiental es de incalculables proporciones.

En enero de 2018 se desplomó el puente de Chirajara, en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio (capital llanera de Colombia), que dejó una decena de muertos y numerosos heridos, sin que la firma constructora, propiedad del banquero Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos del país, haya sido tema de debate público en el Congreso. Como tampoco ha sido mencionado por los sobornos para la adjudicación de uno de los tramos de la llamada Ruta del Sol. Y su abogado de bolsillo, que ahora funge de Fiscal General de la Nación, vio pasar por el río los cadáveres de varios de sus compinches, mientras que a él en el Congreso sus amiguetes se hicieron los tontos y el tan mentado debate se convirtió en un sainete de dimes y diretes. Nada más.

Para colmo de males, a una institución tan respetable como la Policía Nacional el Congreso le abrió un boquete tremendo para que la corrupción entre a chorros, tal como entra en el Capitolio, con varios de los artículos del nuevo Código policial, como el que sancionó al pobre muchacho por comprar una empanada fría.

Resulta que ahora hay una verdadera canallada por parte de ciertos policías corruptos que le atraviesan la moto al pobre motociclista que lleva un familiar de parrillero. Extorsionan a los conductores por tener alguna deuda pendiente con los organismos de tránsito municipal, distrital o departamental. En forma hamponezca van amenazando al conductor que se niega a pagarles una fuerte suma de dinero porque el día anterior se le venció la revisión técnico-mecánica y va rumbo a un taller para que le tapen un hueco que tiene el carro en la caja de humo. Y si el pobre conductor no le da los quinientos o setecientos mil pesos que le piden, de inmediato llaman a sus compinches de las grúas (que son tan corruptos como los uniformados sinvergüenzas). Y el vehículo es trasladado a unos verdaderos ‘cementerios’ en donde se pudren miles de motos y carros a sol y agua, porque son ‘parqueaderos’ en terrenos baldíos, en tierra pelada, sin malla de encerramiento, por lo tanto, son desvalijados sin que nadie responda por ello.

Esta sí que es la clásica ‘bandeja envenenada’, no con el famoso cianuro de Odebrecht. Si no por la multa equivalente a lo que se gana al mes un trabajador honrado.

Al indefenso conductor, si no le da la ‘mordida’ al policía corrupto, el ‘servicio’ de la grúa le cuesta $145 mil, por una noche y un día de ‘parqueo’ en el muladar son $38 mil, y el ‘comparendo’ para la Secretaría de Tránsito son $750 mil.

Desde luego, por fortuna los uniformados que hacen esas pilatunas son una minoría. Pero es una minoría que le causa mucho daño a una de las instituciones en la que más creen los colombianos. Lástima que por culpa de un Congreso irresponsable que aprueba normas como dicho Código de Policía, se le cause tanto daño a dicha institución. Con el caso de la empanada basta y sobra. Un caso tan vergonzante ya habría causado un rechazo masivo en una sociedad más consciente de sus derechos y con mayores elementos para la reflexión libre.

Al oído de los honorables magistrados de la Corte Constitucional: Ojalá en el muy atinado estudio que adelantan para poner freno a calumnias y difamaciones en los medios digitales no sean tan severos como para que no se puedan hacer críticas constructivas como esta carcajada del Búho.

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