Para los esmeralderos que protestaron en Bogotá la legislación gubernamental, lejos de resguardar el ambiente, planea dejar la actividad solo en manos de empresas multinacionales.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Por varias horas ocuparon las calles del centro de Bogotá con una marcha que congregó a representantes de los distintos sectores que tienen que ver con la explotación y comercialización minera en Colombia. Los llamados “esmeralderos” no confían en las políticas de Juan Manuel Santos, y en la propia plaza de Bolívar, explicaron por qué.
Para los esmeralderos, el decreto 1666 y la Resolución 40103 que fueron emitidos el presente año, perjudican el comercio y la denominada minería de subsistencia, es decir, aquella que llevan a cabo personas y grupos familiares particulares, como una herencia generacional que les ha permitido su subsistencia durante decenas de años.
Denuncian que el Gobierno busca que el negocio esmeraldero quede en manos de trasnacionales.
Aseguran que la ley que busca regular y formalizar la minería, crea las condiciones para acabar con la iniciativa particular en ese sector y dejar la actividad económica solo en manos de grandes empresas multinacionales.
Además durante el proceso de redacción del decreto y de la Resolución, se ha estigmatizado y criminalizado la actividad minera como agresora del medio ambiente y de las personas, eso con el objeto de que la reglamentación gozara del apoyo de los diputados y senadores por cuyas manos pasaron los borradores para su aprobación.
Los instrumentos legales que han entrado en vigencia este año, aún con la oposición de los mineros artesanales, ha generado malestar entre estos sectores de la población, que marcharon en Bogotá para exigir al gobierno que eche para atrás las medidas.
En Bogotá los esmeralderos exigieron respeto a una tradición ancestral.
Citaron la Resolución 40103, vigente desde febrero. Explican que la regla establece topes a la venta de piedras por parte de la llamada minería de subsistencia. Esta medida perjudica a los denominados guaqueros y pequeños comerciantes tradicionales de las zonas de Chacaro, La Playa, Palomas, Plaza Julio Flores, Avenida Jiménez, Palo Arañado en Bogotá.
En la acción de calle, que culminó en plena Plaza de Bolívar, los esmeralderos exigieron respeto a sus derechos constitucionales vulnerados y a la tradición cultural ancestral, que según ellos forma parte de su riqueza natural.
Germán Suárez, presidente de Confedesmeraldas, explicó que quieren una política justa para la formalización de la actividad minera. “Se busca revocar esos decretos reglamentarios, que imponen condiciones desproporcionadas. A las unidades mineras que cumplieron con todos los requisitos para la legalización de sus minas, así como a los miles de mineros que aplicaron a los procesos de formalización, no los reconocen y les han incumplido”.
Grandes intereses económicos estarían detrás de la maniobra gubernamental.
En un boletín distribuido en plena actividad de protesta, califican como un fracaso la política minera nacional, ya que el proceso de formalización no ha logrado ni el 2% de los objetivos planeados. No se ha formalizado ni uno de los casi 350 títulos mineros otorgados y no hay nuevos yacimientos, lo cual implica para los mineros artesanales ubicados en el occidente de Boyacá, que no hay salarios ni prestaciones sociales.
El ambiente legal inhóspito, estaría originando el desplazamiento forzado de familias desde las zonas esmeralderas del país, cediendo el paso a grandes consorcios que se están haciendo rápidamente de jugosos contratos para explotar el valioso mineral colombiano.
En este sentido, el presidente del gremio esmeraldero denunció que en la actualidad millones de esmeraldas están saliendo del país enriqueciendo solo a las grandes empresas que hoy están participando del negocio, con la anuencia del Gobierno nacional; lo que ha generado a su vez que los precios del mineral en bruto se hayan desplomado, haciendo poco rentable su explotación tradicional.
Se quejaron por desempleo, incertidumbre legal e inseguridad en sus sitios de origen.
Por ello alertaron, que la actual política minera no solo los está perjudicando a ellos como un sector específico de la economía nacional, sino a todo el país; ya que la disminución del precio del rubro también ha bajado proporcionalmente el monto de lo recaudado por el Fisco a través de regalías. Algo inaudito en tiempos de déficit fiscal.
