Venezuela: Gobierno se echó para atrás pero la crisis institucional continúa

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Tras el fallido golpe, el presidente Nicolás Maduro matizó el episodio tildándolo de “impase” entre el TSJ y a Fiscalía. No obstante, la oposición pugna por llevar a juicio a los magistrados que redactaron el fallo que despojaba al Poder Legislativo sus atribuciones.

Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza

El viernes en la noche el presidente Nicolás Maduro se dirigió al país para exhortar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a dejar sin efecto las sentencias 155 y 156, que despojaban de inmunidad parlamentaria a los diputados de la Asamblea Nacional, asumía las funciones del Poder Legislativo y otorgaba poderes especiales al Primer Mandatario para tomar medidas extraordinarias ante supuestas amenazas a la estabilidad de los venezolanos.

Las protestas se generalizaron cuando se conoció la decisión del TSJ.

Las protestas se generalizaron cuando se conoció la decisión del TSJ.

Horas después, al filo de la madrugada del sábado 1ro de abril, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, anunciaba la derogación de las polémicas sentencias, atendiendo no solo el llamado presidencial, sino la advertencia de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien en la víspera había confirmado la tesis de golpe de Estado, perpetrado desde el máximo tribunal.

Ese mismo sábado en horas del mediodía, en un acto público televisado por estaciones gubernamentales, Nicolás Maduro dijo que gracias a su rápida acción, había logrado solventar el “impase” ocurrido entre el Poder Judicial y la Fiscalía. Muy pocos le creyeron. La impresión general es que la crisis la había generado él mismo y que el TSJ siempre actuó bajo sus órdenes.

La Fiscal Luisa Ortega Díaz acudió a Miraflores tras cuestionar el fallo del TSJ.

La Fiscal Luisa Ortega Díaz acudió a Miraflores tras cuestionar el fallo del TSJ.

Y es que la figura de la separación de poderes que se puso en la palestra la semana pasada en Venezuela y en el exterior, ha estado en crisis no solo esta semana, sino desde mucho antes, y especialmente, cuando la nueva Asamblea Nacional con mayoría opositora, asumió funciones en enero de 2016.

La organización no gubernamental Transparencia Venezuela, emitió un informe en el que señala que sólo en el 2017, la AN ha recibido por lo menos 58 ataques desde el Poder Judicial, bien sea desde juzgados civiles como del propio TSJ. Los fallos han implicado desde el encarcelamiento del diputado por el estado Miranda, Gilber Caro; la anulación de pasaportes de diputados integrantes del Parlamento Latinoamericano, lo que les impide viajar fuera del país; al menos 13 sentencias dictadas también por la Sala Constitucional incluyendo la desincorporación de cuatro diputados, tres de ellos opositores, lo que niega a la bancada antichavista tener la mayoría absoluta de 112 curules para dictar leyes de manera más autónoma, incluyendo el llamado a referéndum revocatorio. Todas estas sentencias, sumadas a otro medio centenar de acciones ejecutadas durante el 2016, han afectado seriamente la funcionalidad del Parlamento y siguen vigentes.

Caricaturistas venezolanos como Weil, se han hecho eco de las críticas.

Caricaturistas venezolanos como Weil, se han hecho eco de las críticas.

El informe señala que el Ejecutivo se ha valido también de la Fuerza Armada Nacional, de los denominados “colectivos”, de la Contraloría General de la República y la policía política para emprender acciones contra los parlamentarios. Desde la Oficina Nacional de Presupuesto, se ha condicionado la transferencia de recursos, razón por la cual, los diputados no reciben sueldos ni otros ingresos desde agosto del 2016. De hecho, esto último había sido una amenaza que profirió el oficialista Diosdado Cabello en diciembre de 2015, tras conocerse la victoria opositora, cuando vaticinó que la Asamblea Nacional sería un “cascaron vacío”, porque no se le otorgarían dineros para funcionar.

A la dudosa independencia del Poder Judicial, se suma también la del Consejo Nacional Electoral. Cuatro de sus cinco rectores han sido importantes dirigentes oficialistas o altas funcionarias durante los gobiernos de Hugo Chávez. La rectora Socorro Hernández por ejemplo, fue la presidenta de la estatal Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv) antes de conformar la directiva del ente comicial. Su colega Tania D Amelio, fue dirigente del Psuv e incluso candidata a diputada por el estado Vargas en las elecciones parlamentarias de 2006.

A pesar de llamar al diálogo, Maduro tildó de "hienas" a diputados opositores este domingo

A pesar de llamar al diálogo, Maduro tildó de «hienas» a diputados opositores este domingo.

El Defensor del Pueblo, Tareck Willian Saab, quien supuestamente debe proteger a la población de abusos o violaciones que puedan ser cometidos por el Estado, ha sido gobernador de Anzoátegui y diputado a la Asamblea Nacional por el oficialismo desde hace 20 años.  Y aunque la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se separó de la decisión del TSJ esta semana, sus actuaciones para la oposición, no han sido siempre tan “imparciales”, ya que bajo su mandato se han llevado a cabo polémicos casos como los del dirigente Leopoldo López, quien hoy purga una pena de 14 años de presidio.

Este domingo 2 de abril, diputados opositores junto a dirigentes estudiantiles, realizaron una protesta pacífica en centros comerciales de Caracas para denunciar el golpe de Estado ocurrido esta semana y exigir al oficialismo un calendario electoral, especialmente para las elecciones de gobernadores y alcaldes que debieron realizarse desde diciembre pasado. También anunciaron que desde este martes comenzarán las acciones legales para remover a los magistrados que redactaron el fallo que anuló la separación de poderes en el país. Aseguran que el problema de fondo sigue vigente.

Por su parte el también diputado opositor Juan Manuel Matheus, sostuvo que pese a la rectificación del máximo ente judicial, “en Venezuela persiste el Golpe de Estado porque no hay elecciones, separación de poderes ni respeto a los DDHH”.

Las declaraciones las formuló desde un pronunciamiento emitido por un grupo de juristas venezolanos desde la Asamblea Nacional, quienes este domingo coincidieron en señalar que el llamado “golpe parlamenario”, continúa.

A nivel internacional, el retroceso del TSJ venezolano tampoco convenció; y para este lunes la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará una sesión del Consejo Permanente (embajadores) en la que podría votarse la convocatoria de una reunión de cancilleres para evaluar si ha llegado el momento de iniciar el proceso de la Carta Democrática, cuya aplicación es válida cuando se comprueba el rompimiento del hilo constitucional en un país determinado.

En Mercosur, bloque del cual Venezuela también forma parte; los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay exhortaron a Venezuela a «respetar el cronograma electoral, restablecer la separación de poderes, garantizar el pleno goce de los derechos humanos, las garantías individuales, las libertades fundamentales y liberar a los presos políticos», según declaraciones de la canciller argentina Susana Malcorra.

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Acerca del Autor

Lexander Loaiza

Es comunicador social con especialización en el área audiovisual egresado de la Universidad del Zulia (Venezuela). Ha realizado cursos de periodismo económico con el Banco Central de Venezuela, periodismo digital, locución comercial y ha desempeñado labores en medios como RCTV, Televen, Últimas Noticias, Diario La Calle-Valencia (editor), Union Radio y ha acumulado experiencia como asesor comunicacional en instituciones públicas y privadas.

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