Ola de detenciones en La Guajira por saqueo del dinero para programas alimenticios

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La Fiscalía General de la República se encuentra instalada en el departamento peninsular desde hace dos meses y en una operación sin precedentes, concretaron al menos 50 aprehensiones.

Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza

La Fiscalía concretó entre el miércoles 19 y el jueves 20 de octubre la detención de al menos 50 personas que desde distintos cargos en instituciones del Estado, como a través de contratistas, operadoras, uniones temporales y fundaciones, habrían usufructuado los millonarios contratos dispuestos para los programas alimentarios y de salud dirigidos especialmente a las comunidades wayuu, asentadas en el departamento de La Guajira.

Las detenciones, dadas a conocer por Caracol Radio, fueron ejecutadas en las ciudades de Riohacha –la capital- y Maicao, aunque se vio  a los agentes de la fiscalía investigando en poblaciones como Fonseca y Albania. También se habla de detenciones en al menos otros dos departamentos e incluso en la capital, Bogotá.

La ola de detenciones se conoció el miércoles y siguió el jueves en la madrugada.

La ola de detenciones se conoció el miércoles y siguió el jueves en la madrugada.

Entre los capturados en La Guajira se destaca el nombre de Daisy Villar Fuenmayor, candidata a la alcaldía de Dibulla y quien actualmente era la representante legal de la Fundación ‘Alimentando Mi Región’; la coordinadora del centro zonal del Icbf, Leyla Montalvo.

Se conoció que también está incluido el excontralor departamental Jorge Mejía, además de otros funcionarios como Mariana Mejía y Wilmer Peñalosa.

Básicamente el modus operandi de la red es la apropiación de los recursos para la contratación de operarios de los programas de alimentación. Se obtenían los recursos, se contrataba a operarios por debajo del costo en detrimento de la calidad y cantidad de los alimentos y luego se repartían la plusvalía.

Los detenidos esta semana, que se suman a otro número similar de detenciones realizadas desde el año pasado, formarían parte de la más extensa red de corrupción que ha venido operando en el departamento, y que según la teoría de la Fiscalía y del Gobierno nacional, serían los responsables directos de la espantosa crisis de desnutrición que afecta a las zonas rurales de La Guajira.  La investigación del ente acusador, se viene realizando en dos etapas.

Los detenidos habrían desfalcados miles de millones de pesos para programas sociales.

Los detenidos habrían desfalcados miles de millones de pesos para programas sociales.

De hecho, paralelamente a la difusión de la noticia sobre la docena de aprehensiones, se conoció sobre el fallecimiento de una niña, que viene a ser el número 63 de la estadística oficial de muertes por desnutrición.

La directora del Icbf, Cristina Plazas, destacó en su cuenta de Twitter las capturas y apoyó la gestión de las autoridades.

“Celebro nuevas capturas en La Guajira por corrupción. Nuestra lucha ha valido la pena! Seguiremos trabajando de la mano de la Fiscalía”, escribió Plazas en Twitter.

En las calles de Riohacha, todos hablan sobre el operativo con el que han agarrado a tanta gente. Los más escépticos sin embargo, no dejan de ver con recelo tanto escándalo.

Sin expiar las culpas de los detenidos, argumentan que tanto ruido por los medios favorece al interés del Gobierno nacional, de querer dirigir las miradas hacia otro lado, para que no le reclamen la ausencia de programas estructurales que ataquen el fondo del problema de miseria en el segundo departamento más pobre del país, situación social que es la verdadera responsable de las muertes por desnutrición.

 

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Acerca del Autor

Lexander Loaiza

Es comunicador social con especialización en el área audiovisual egresado de la Universidad del Zulia (Venezuela). Ha realizado cursos de periodismo económico con el Banco Central de Venezuela, periodismo digital, locución comercial y ha desempeñado labores en medios como RCTV, Televen, Últimas Noticias, Diario La Calle-Valencia (editor), Union Radio y ha acumulado experiencia como asesor comunicacional en instituciones públicas y privadas.

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